No es ésta la primera vez que el PP utiliza la inmigración como argumento electoral. En el año 2000, cuando aún no tenían mayoría absoluta, los gobernantes del PP rompieron el consenso en materia de inmigración que ellos mismos habían asumido previamente, se deshicieron del ministro Pimentel, y lanzaron una campaña electoral en la que se comprometían a reformar la Ley de Extranjería para privar de derechos fundamentales a los extranjeros que carecían de permiso de residencia. Lo cumplieron nada más obtener la mayoría absoluta, y hemos tenido que esperar hasta finales del pasado año 2007 para que el Tribunal Constitucional emitiera una serie de sentencias en las que declara inconstitucional esa privación de derechos. Ahora el PP, con argumentos xenófobos, pretende someter a los inmigrantes a un contrato de adhesión que quiebra el principio básico de igualdad ante la ley. Si ganaran, no hay duda de que cumplirían su compromiso: porque, de toda nuestra larga Constitución, parece interesarles más el breve artículo que proclama los colores de la bandera que los muchos dedicados a garantizar los derechos de las personas.
Por IGNACIO GUTIÉRREZ (Profesor de Derecho Constitucional de la UNED) - Madrid – 04/03/2008, en El País.
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