La sentencia de la Audiencia de Valencia considera legal los chips que permiten reproducir juegos piratas por no tener una función “exclusiva o específica”
LUZ FERNÁNDEZ - Madrid
ELPAIS.com - 11-03-2008
“Los chips que se instalan o se pueden instalar en las videoconsolas de autos, pueden servir (…) para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas y para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar múltiples tarea absolutamente lícitas como pueda ser el manejo de fotografías, ejecutar juegos de libre distribución no diseñados para la consola, escuchar música etc.”, dice la sentencia. El hecho de que el uso de este chip no sea exclusivo o específico para violar el sistema de protección hace que no esté yendo contra el artículo 270-3 del Código Penal, que habla de castigar a quien “fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas…”. Esta la interpretación que ha realizado la Audiencia Provincial de Valencia, que da por válida la apelación interpuesta por el abogado Carlos Sánchez Almeida, quien consiera que este es un gran avance para la libertad de los usuarios y para las pequeñas tiendas de informática que están siendo “criminalizadas y perseguidas sistemáticamente”. Otro punto importante de este casa es que se trata de la primera sentencia favorable de una audiencia provincial puesto que hasta ahora se había ganado casos similares pero en tribunales más pequeños. Almeida considera que estas sentencias pueden servir de referencia para otros casos similares en España, donde la jurisprudencia sólo la marca las sentencias del tribunal Supremo o Constitucional. En el otro lado, la ADESE considera que esta es “una sentencia más, como otras tantas”, que hace una interpretación muy poco afortunada. “Es obvio que en el 99,9% de los casos que una máquina es ‘chipeada’ es para que pueda reproducir juegos ilegales”, asegura Carlos Iglesias, secretario general de la asociación, quien es consciente de que esta sentencia puede causarles un gran perjuicio. “Nos supone un esfuerzo enorme la labor de concienciar a los usuarios y los jueces del perjuicio que causan estas practicas fraudulentas. Este tipo de mensajes da argumentos para quien quiere minimizar el problema”, se queja Iglesias. Adese calcula que la piratería de videojuegos hace que la industria del videojuego pierda unos 100 millones de euros al año, sin tener en cuenta las descargas ilegales de Internet. En el otro extremo de esta polémica se encuentra Almeida quien cree que se está persiguiendo el uso de una tecnología que es totalmente aceptable desde el punto legal. “Un rotulador también puede neutralizar un sistema anticopia de un CD, pero no por eso se puede ilegalizar los bolígrafos. Son instrumentos de uso general, no son dispositivos específicos para facilitar la piratería. En este sentido la ley sólo está contemplando como delictivo el uso de hacks (software especialmente creado para violar los sistemas de protección)”, continúa Almeida. “Hay que decir basta ya”, afirma rotundo este abogado, que cree que “la máquina propagandística de la antipiratería” está creando confusión y persiguiendo al último eslabón de una cadena del negocio de los videojuegos, “al más débil”.
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