El mismo trato que a Barcelona

Vicent Soler*. Levante-emv

Si el área metropolitana de Valencia llega a necesitar agua de boca, agua para beber, se tendrán que habilitar solucio­nes extraordinarias como las que el Gobierno español acaba de pactar con la Gene­ralitat catalana en el caso del área metropolitana de Barcelona. En el tema del agua, lo más sagrado es cubrir las necesida­des de las personas.
Afortunadamente, el caso valenciano es diferente al catalán. Gracias a las obras llevadas a cabo por la vituperada ministra Cris­tina Narbona, los valencianos no hemos tenido restricciones de agua para beber ni se prevé que las haya a corto plazo, a pesar de la extremada sequía que padece­mos. Una acción gubernamental que, aunque en el PP valenciano no quieran reconocer, se ha portado mejor con los valencianos que con los catalanes.
Sencillamente, porque las obras de ahorro y de uso eficiente de nuestros recursos hídricos se han hecho de manera más diligente que en Cataluña. Algunas de ellas, además, con muy poca colaboración por parte de la Generalitat Valenciana. Recordemos que hay obras de acondicionamiento de canales procedentes del Xúquer que han corrido a cargo totalmente del Ministerio de Medio Ambiente cuando se había pactado una financiación conjunta. O que la señora Rita Barberà ha menospreciado el convenio con Acuamed con sustanciosas ayudas estatales y europeas para mejorar la red de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia.
O las actuaciones destinadas a favorecer la reutilización de aguas depuradas, de competencia autonómica, cuya realización se dilata en el tiempo por razones ciertamente in­comprensibles, cuando se supone que se trata de un objetivo prioritario. O el entorpecimiento por parte del Consell de las obras de trasvase Xuquer-Vinalopó que el ministerio está realizando a toda prisa para solventar el problema del agua en aquellas comarcas valencianas del sur.
No hablemos ya de la batalla insensata del Gobierno valenciano contra las desalado­ras. Como si los valencianos no pudiéramos aprovecharnos de nuestra condición de país con 450 kilómetros de fachada marítima. Y, por tanto, de disponer de agua sin discutir con ningún vecino -el mar es de todos- ni estar pendientes de que la sequía nos impida un abastecimiento razonable que permita cubrir nuestras necesidades básicas.
El presidente incendiario que nos ha tocado sufrir, el señor Francisco Camps, en lugar de alegrarse de nuestra mejor situación y colaborar con el Gobierno de Rodrí­guez Zapatero para mejorar todavía más y evitar problemas en el futuro, ha levantado el hacha de guerra, a riesgo de que algún hooligan cometa alguna tropelía.
Una hacha de guerra gratuita porque, de la misma manera que hasta la mismísima Cristina Narbona no estaba en contra de los trasvases, como lo demuestra el caso del Xú­quer-Vinalopó, la mayoría de los expertos, las directivas europeas en materia de agua y la propia declaración del Comité de la Regiones, realizada a instancias del señor Camps, entienden que éstos han de rea­lizarse en última instancia y en condiciones económica y medioambientalmente acep­tables.
Por eso se puede entender la solución de emergencia pactada para Barcelona y no el fenecido trasvase del Ebro que reivindica el señor Camps. Como también se entende­ría una solución de emergencia similar para Valencia o cualquier otra área metropolitana. Aunque, afortunadamente, insistimos, no es el caso.
Por todo ello, algunos valencianos nos sentimos humillados con toda la ceremonia de la confusión que está montando nuestro president de la Generalitat ante toda España.
*Catedrático de Economía Aplicada. Universitat de València.