Los Gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Cataluña acordaron ayer trabajar conjuntamente en la reivindicación de dos asuntos de gran calado: la financiación autonómica y la construcción de un eje ferroviario de mercancías por el corredor mediterráneo. La reunión entre los responsables de Economía de ambos ejecutivos, Gerardo Camps por el valenciano y Antoni Castells por el catalán, dio muchos más frutos de los esperados y los dos dirigentes acordaron reclamar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que sea el criterio de población el que se aplique por parte del Gobierno a la hora de repartir los fondos del Estado, tal y como ha venido defendiendo el Consell.
También hubo acuerdo en la reunión que mantuvieron los representantes de las Cámaras de Comercio de Valencia y Barcelona, y que concluyó en la reivindicación conjunta de un corredor ferroviario de mercancías de ancho europeo por la costa mediterránea, que permitiría una conexión de altas prestaciones entre los puertos de Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona, que de este modo se configurarían como alternativa al eje Hamburgo-Rotterdam, reivindicación que hacen suya los Gobiernos autonómicos.
Las cifras que ayer se pusieron sobre la mesa demuestran la necesidad de estas reclamaciones conjuntas de dos comunidades vecinas que están condenadas a entenderse, siempre y cuando las relaciones sean de mutua confianza y no obedezcan a trasnochados e inconstitucionales proyectos de anexión. Cataluña y la Comunitat Valenciana representan el 27% de la población española, suman el 28% del PIB y el 40% de las exportaciones, a pesar de lo cual únicamente perciben el 16% de la inversión estatal.
El hecho de que esta buena sintonía se produzca entre un conseller de un Gobierno autonómico del PP, el valenciano, y otro del PSOE, el catalán, añade especial valor a los acuerdos alcanzados ayer en la Ciudad Condal. Resulta evidente que ambas comunidades necesitan un corredor que las conecte entre sí y con Europa, de cara a asegurar la fluidez de sus exportaciones y la competitividad de sus empresas, como ha recordado la multinacional Ford.
Por lo que respecta a la revisión de la financiación autonómica, que el Gobierno va a tener que abordar, el criterio de población aparece como el más justo. El que dos comunidades del peso de la Comunitat Valenciana y Cataluña avalen esta alternativa, abre, sin duda, una nueva perspectiva muy favorable a los intereses valencianos.
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