El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España, a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.
Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del Poder Judicial y que será discutido este jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en “situación de pendencia” a la conclusión del pasado año, el 70,25% (189.280) están en los Juzgados de lo Penal y el 29,74% restante (80.125) en los Juzgados Especializados.
Carga de trabajo
“La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos”, denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21% en Madrid, en el 52,24% en Barcelona, en el 99,62% en Valencia, en el 82,30% en Palma de Mallorca, en un 80% en Bilbao, y en un 4,10% en San Sebastián.
Así, por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y la Comunidad de Madrid con 37.500. En ese sentido, el Poder Judicial estima que “los anteriores datos inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas”.
La situación de estos juzgados esta lejos de “lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados”. No obstante, comparando la situación del año 2005 con la del año pasado, “puede apreciarse cierta mejora, dado que se ha producido una disminución de los casos pendientes “en un 23,1% en Madrid, en un 25,9 % en Barcelona, en un 21,5 % en Valencia y en un 23,7 % en Bilbao”. Sin embargo, “en aquellos Juzgados que han carecido de medidas de refuerzo” la cosa ha ido a peor: “en San Sebastián aumentó en un 54,43% y en Palma de Mallorca en un 26,29%.
Ausencia de sistema informático
Un punto negro que destaca el informe de los Juzgados Penales de Ejecutorias es “la ausencia de un sistema informático propio que permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos”. La carestía informática incide “de forma negativa” en el funcionamiento de estos juzgados. En este sentido, se solicita el establecimiento de una “serie de alarmas, de modo que se generasen avisos automáticamente”.
El objetivo de estas alarmas sería “prevenir al Magistrado, al Secretario Judicial y a los propios Funcionarios encomendados del expediente de determinadas situaciones”, entre las que se destacan las prescripciones “de Buscas y Capturas, Liquidaciones de penas privativas de libertad, Licenciamientos de penas privativas de libertad, Suspensiones de penas privativas de libertad, Extinción de privaciones de otros derechos, Incumplimientos de pago de penas económicas”, entre otras. Por ello, entre las propuestas del informe se subraya la importancia de un sistema informático “de gestión procesal propio”.
Enrique López, portavoz del Poder Judicial, ha declarado que es “fundamental” la inclusión de un sistema informático eficaz ante la montaña burocrática, para evitar “hechos como los que desgraciadamente se han producido en los últimos tiempos”, en alusión a la cadena de errores judiciales que evitaron que el supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, estuviera en prisión a pesar de que tenía dos sentencias por abusos sexuales a menores.
El estudio desgrana algunas de los problemas que padecen los juzgados: “elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10% al 90% de la Plantilla Funcionarial de estos Juzgados este cubierta por personal interino”, además la “falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal, así como “cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad”. Asimismo, se considera “claramente insuficiente” el equipo rector de cada uno de los órganos analizados, “constituido por un único Magistrado y un único Secretario Judicial”.
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