Rajoy prueba su propia medicina

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La dirección del Partido Popular ha tenido que bregar esta semana con el mismo monstruo que lanzó contra las instituciones del Estado durante la pasada legislatura. Los sectores más radicales han vuelto sus baterías contra Rajoy y, al igual que trataron de hacer con el Gobierno de Zapatero, prefieren agitar la calle antes que imponerse a través de los procedimientos estatutarios. De ahí la paradoja a la que se asistió el viernes ante la sede de la calle de Génova: el número de manifestantes fue mayor que el de las enmiendas presentadas a las ponencias del próximo congreso del partido. Los estatutos del PP no son, precisamente, un ejemplo de democracia interna. Pero la alternativa no puede ser el hostigamiento callejero de quienes, aparte de responsabilidades en un partido, ostentan cargos institucionales que deben ser respetados.

Bajo esta batalla política ante el congreso, los dirigentes populares siguen dirimiendo el análisis de la derrota electoral, un debate insensatamente pospuesto desde 2004. Frente a quienes defienden que la derrota se ha debido a la estrategia extremista seguida durante la anterior legislatura, se han alzado quienes sostienen la exclusiva responsabilidad de Rajoy, al que acusan de pusilanimidad. La apelación de estos sectores a la defensa de unos principios que nunca especifican no es una novedad: también era ésta su consigna frente a Zapatero. La pervivencia de esta estrategia convierte la crisis del PP en un asunto que concierne a todos, puesto que, si se vuelve a imponer, marcará la legislatura recién comenzada e intentará reproducir entre los ciudadanos la misma división que está provocando entre los militantes populares.

Ahora que pretende rectificar es cuando mejor se advierte hasta qué punto Mariano Rajoy se comportó durante los cuatro últimos años como un aprendiz de brujo. La entronización de “referentes morales” en la lucha contra ETA, como María San Gil y Ortega Lara, tenía como propósito deslegitimar cualquier política antiterrorista que no fuera la del PP. Esos “referentes morales” se han vuelto no sólo contra Rajoy, sino también contra el propio PP del País Vasco, que ha desautorizado las inexplicables maniobras de María San Gil. Su condición de amenazada merece el respeto y la solidaridad, lo mismo que el sufrimiento de Ortega Lara. Pero no los hace distintos de los ciudadanos que sufren en carne propia el azote terrorista. Estar o haber estado en el objetivo de ETA no es la única razón para combatirla, ni tampoco la mejor garantía para hacerlo con eficacia. Porque en esta lucha participan la inmensa mayoría de los ciudadanos y porque la condición de víctima no otorga mayor clarividencia política.

El resultado de la crisis que se dirime en el seno del PP afectará, entre otros aspectos, al papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática. La prensa sensacionalista, con el diario El Mundo y la emisora episcopal a la cabeza, han confundido la labor crítica que debe ejercer el periodismo con la intervención cínica y descarada en los asuntos de un partido político, cuya función está reconocida por la Constitución. No sólo han sustituido los argumentos por las descalificaciones, sino que han llegado al extremo de convocar manifestaciones ante la sede del PP, igual que antes las convocaron contra el Gobierno. Rechazar esta injerencia no es defender a Mariano Rajoy, como tampoco fue en su día defender al Gobierno; es defender el sistema democrático frente a los grupos de presión de cualquier naturaleza que utilizan el chantaje y el matonismo.

Para que el debate político se pueda desarrollar en libertad, es preciso que los ciudadanos estén informados y no enardecidos, y que nadie les coloque en la descarnada disyuntiva de elegir entre lo que hay y lo intolerable.

Editorial de El País.