Amenazada la carrera política de Camps

Francisco Camps voverá a los juzgados el próximo dia 15 en calidad de imputado por el caso Gurtel

La comparación de los trajes con las anchoas persigue relativizar la importancia de los regalos.

La peripecia judicial de los trajes del presidente valenciano, Francisco Camps, forma parte ya por derecho propio de la historia del costumbrismo político del país. Pero no sólo plantea interrogantes morales y es un ejemplo de la intensidad que puede alcanzar la lucha por el poder, sino que ha vuelto a poner a prueba la eficacia y la consistencia de la maquinaria judicial. Y no pocos considerarán que los complejos engranajes de la justicia están siendo sometidos a un desgaste excesivo con los esfuerzos empleados en aclarar quién, cómo y por qué compró unas prendas y complementos de vestir destinados a enriquecer el ropero de un político en auge.

Esa disputa en torno a los trajes de Camps amenaza la carrera política del presidente valenciano, no tanto por el montante de la operación como por la posibilidad de que mintiera cuando aseguró que se los había pagado de su bolsillo. De momento, la acusación se ha quedado en un supuesto delito de cohecho impropio, el menos grave de los tres que prevé el Código Penal. Este delito se produce cuando un funcionario o cargo público acepta presentes o regalos indebidamente, aunque no haya habido contraprestación por su parte. El problema es aclarar cuándo la aceptación de esas dádivas resulta indebida, por ser contraria a los usos y valores sociales comúnmente aceptados y compartidos.

De ahí, en parte, la discusión sobre la equiparación que ha planteado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre la conducta de Camps si aceptó unos trajes como regalo y la del presidente Zapatero cuando recibe latas de anchoas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Pero el ejemplo no es bueno ni va a resultarle útil a Camps, aunque sólo sea porque una cosa son los presentes institucionales y otra los regalos de particulares o empresas privadas que habitualmente contratan con una administración, en este caso la valenciana.

Es por este motivo que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso en Valencia, José Flors, que amplíe su auto de imputación a Camps y a su número dos en el PP de dicha comunidad, Ricardo Costa, para incluir también a los supuestos cabecillas de la red Gürtel. El objetivo buscado por las fiscales encargadas de la investigación es demostrar que en este asunto no hubo agasajos y regalos desinteresados, sino que pudo existir un intento de soborno en toda regla. El juez se había limitado a dirigir el proceso contra Camps y sus hombres de confianza más próximos, pero la Fiscalía quiere que conste también la acusación contra los supuestos impulsores del cohecho.

Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción sigue sometiendo a análisis la abundante documentación intervenida en este caso, con objeto de establecer si realmente la Generalitat valenciana fue o no generosa con la empresa Orange Market, de la red Gürtel, o si dicha sociedad obtuvo de forma irreprochable los contratos que suscribió con organismos e instancias autonómicas. Hasta ahora, el juez Flors se ha centrado en aclarar la conducta de Camps –si recibió regalos y si los pagó–, pero las fiscales quieren profundizar en el segundo aspecto.

La Fiscalía y la acusación particular que ha asumido el PSOE estiman que fue muy insuficiente la mera llamada a declarar de una serie de funcionarios de la Generalitat valenciana para preguntarles si habían recibido presiones con objeto de contratar con las empresas de la red Gürtel. Lo que quieren es que se analice a fondo, con datos objetivos, la relación mantenida por la administración autonómica con dichas empresas.

La defensa de Camps, en cambio, estima que ya no hay motivo para seguir alargando este procedimiento, y en la vista preliminar convocada por el juez José Flors el próximo día 15 insistirá en que el asunto debe ser sobreseído. El objeto de esa convocatoria es que las partes puedan plantear qué debería hacerse, a su juicio, antes de culminar el proceso con el juicio ante un jurado. Como la defensa de Camps considera que no habría que hacer nada, sino simplemente cerrarlo, el magistrado ha admitido la solicitud del presidente valenciano de no estar presente en el acto. Pero para Camps la partida principal se juega en otro campo, en el de la sala civil y penal del TSJ autonómico, ante la que ha recurrido para anule el auto del juez Flors y acuerde el archivo del caso.

La sala tiene cierta imagen de conservadora, lo que ha permitido especular con que el PP confía en que se produzca un carpetazo del asunto. Pero las acusaciones subrayan que el auto del juez Flors contiene hasta once indicios en contra de Camps, y que será difícil que el caso acabe aquí. Si el TSJ acordase el archivo, además, cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), al que correspondería, por tanto, la última palabra. De manera que los trajes de Camps pueden seguir yendo y viniendo aún muchas veces por todos los armarios y tintorerías de la justicia.

Queda otra batalla. Si Camps ha de sentarse en el banquillo, se discutirá hasta la saciedad ante quién. El juez Flors ha llevado el asunto por la vía de la ley del Jurado. Pero en el PP no creen que esa sea la vía más favorable. Temen que un jurado sea mucho más impresionable que un tribunal profesional. También por esto, Camps confía en no llegar nunca a juicio.

José Mª Brunet en La Vanguardia