¡Sí que hay dinero!

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de julio de 2012

Este artículo cuestiona la postura expresada por el presidente Rajoy y su ministro Cristóbal Montoro de que España no tiene el dinero que necesita para pagar los servicios y transferencias públicas, justificando así los recortes que está llevando a cabo. El artículo presenta alternativas que el gobierno ni siquiera está considerando.

Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del Presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, el Sr. Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Presidente Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno. El Presidente Rajoy indicó también que tal bajada del déficit público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.

Es sorprendente que la Administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.

Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda-. Todos ellos tienen Estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que  todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.

El tótem de la rapiña

El aeropuerto de Castellón se ha instalado en las pesadillas de los españoles como una prueba de que la corrupción es inasequible al desaliento. Mientras los mercados se hunden, la deuda española se aproxima a la insolvencia, el desempleo crece vertiginosamente y se extienden las protestas sociales, en el dichoso aeropuerto el escultor Ripollés dirigía impávido la colocación del avión de atrezo que corona la gigantesca escultura que orna la ociosa infraestructura. Ripollés, inadvertidamente, resumía la conjunción astral de desfachatez caciquil y mal gusto de los gestores que han llevado a la ruina a la Comunidad Valenciana y han obligado a que sea intervenida por el Estado. Como se trata de un aeropuerto, vino a decir, de la cabeza (¿de Carlos Fabra?) sale un avión; si de tratara de un puerto, saldría un barco. Ingenio sin par; si la escultura manchase una estación del AVE, de la cuestionable cabeza saldría un tren, y así sucesivamente.

La inercia de la corrupción desmoraliza a los ciudadanos. El aeropuerto de Castellón, símbolo del saqueo de los caudales públicos perpetrado por los patronos de la burbuja inmobiliaria en connivencia con una clase política en muchos casos corrupta, debería estar clausurado, destinadas a otros usos rentables sus instalaciones y sus promotores políticos investigados por la ley como presuntos malversadores de caudales públicos. Pero en la España prodigiosa de los caciquillos regionales el dinero de los ciudadanos es un bien mostrenco. Su despilfarro se premia con la impunidad ostentosa. No solo no se oculta el desaguisado sino que, antes bien, los responsables políticos regionales se regodean en poner guindas aladas al tótem de la rapiña.