El día después de una Cataluña independiente

Manifestantes durante la protesta independentista de la pasada Diada, el 11 de septiembre. (EFE). [ el cartel podrían haberlo escrito en catalán, "Adeu Espanya"].

Ya está “en marcha”, pero tiene “sus plazos”. Son las dos apreciaciones más concretas que se le han podido oír esta semana a Artur Mas sobre la independencia de Cataluña, después de la multitudinaria marcha independentista celebrada en Barcelona durante la Diada. “Se ha producido un sentimiento de fatiga mutua. Cataluña cree que puede hacer mucho más dentro del conjunto del Estado español, y creo que España se cansa también de la forma de actuar que tenemos los catalanes”, arguyó el president.

Está por ver qué cosas cambiarían y si lo harían para bien en un hipotético Estado catalán. De alcanzar la independencia, la actual autonomía de Cataluña se convertiría en una república soberana con algo más de siete millones y medio de habitantes. Por extensión y población sería el tercer país de los cuatro que integrarían la Península Ibérica y su capital, más que presumiblemente, sería Barcelona.

Y hasta aquí las certezas, porque la organización política y administrativa de este nuevo Estado es, hoy día, “pura especulación”. Así lo cree Albert Aixala, presidente de la Fundació Rafael Campalans, que advierte de que este escenario abre unos interrogantes “a los que el independentismo aún no ha respondido”.

Aixala se pregunta, a modo de ejemplo, si el castellano seguiría siendo lengua oficial en una Cataluña independiente o si los ciudadanos que lo deseasen tendrían la doble nacionalidad. “Existe el peligro de que se creen minorías nacionales”, sostiene, por lo que el proyecto social y administrativo es “un debate necesario” que, según él,“nadie ha desarrollado de manera seria porque, hasta hoy, simplemente nadie concebía que fuera posible”.

“Empezar desde cero”

Lo cierto es que el catalanismo pone el foco en lo económico y territorial. Marc Perelló, profesor de Comunicación de la Universitat Abat Oliba CEU, explica que la organización territorial de un Estado catalán exigiría “empezar desde cero” para adaptarse a los cambios, trascendiendo en parte las estructuras hoy vigentes.

Según él, las cuatro provincias catalanas –Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona– “vienen impuestas desde hace tiempo”, y un panorama soberano implicaría cambios “lógicos” en el dibujo regional. Ocurriría, explica, no sólo para recuperar un esquema histórico reivindicado por tradición, sino porque “el tejido empresarial evolucionaría, seguramente hacia núcleos más fuertes, con las consecuentes transformaciones en el panorama económico y social”.

Para muchos, el punto de partida es una estructura de veguerías como la que aprobó el Parlament en 2010. Aunque su número y jurisdicción ha variado con el tiempo, el Plan territorial general de Cataluña vigente hoy día contempla siete de estas grandes regiones históricas –Barcelona, Girona, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent, Catalunya Central y Alt Pirineu i Aran– y la posible creación de una octava –Penedés–.

Fronteras

Las fronteras exteriores son más espinosas. Para muchos, las lindes históricas y culturales de Cataluña no coinciden con las actuales fronteras autonómicas, y reclaman para la nación zonas adyacentes en las que también se habla catalán. Las dos reivindicaciones territoriales más significativas son la Franja de Aragón, que forma parte de la autonomía aragonesa, y el Rosellón, en el departamento francés de Pirineos Orientales.

“Hay que diferenciar la nación cultural de la nación política”, explica Agustí Colomines, presidente de la Fundació Catalanista y Demòcrata. Según él, las regiones catalanoparlantes adyacentes a Cataluña “no están sobre la mesa” en el debate de la secesión. “Otra cosa sería que una Cataluña independiente privilegiase las relaciones culturales con otros territorios de habla catalana, como hace España con los países de habla hispana, pero hoy por hoy sólo se contempla la emancipación de la Cataluña estrictamente autonómica”.

La cuestión aranesa

Una limitación, no obstante, no exenta de sus propios conflictos. El Valle de Arán, en Lleida, cuenta desde 1991 con un órgano de gobierno autónomo –el Consejo General de Arán–, y reclama a la Generalitat ser reconocido como una realidad nacional que habla de tú a tú a la catalana. Unitat d’Aran-Partit Nacionalista Aranés, la principal formación nacionalista aranesa, cuenta entre sus objetivos con la defensa “de los derechos del Valle de Arán como una unidad diferenciada de Cataluña culturalmente y lingüísticamente”.

Por razones como ésta, Colomines explica que el verdadero valor de un hipotético nuevo esquema territorial reside en la representación de las “jurisdicciones territoriales”. Según él, un Estado catalán necesitaría “una ley electoral proporcional que representase fielmente a los territorios internos”, y apuesta para Arán por “una autonomía, más allá de la mera veguería” para preservar su singularidad histórica y lingüística. “Sólo faltaría que no se respetase eso”, zanja.

Vocación europeísta

Los nacionalistas quieren una Cataluña independiente, pero dentro de la Unión Europea. Da buena cuenta de ello la consulta popular no vinculante que se celebró en 167 municipios catalanes en diciembre de 2009, donde la independencia y la integración en la Unión eran, al menos retóricamente, una sola opción. El 95% de los consultados respondió afirmativamente a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que Cataluña sea un estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”, aunque lo cierto es que sólo acudieron a las urnas 200.000 ciudadanos –el 30% del censo–.

Europa, no obstante, puede tener otros planes. Bruselas recordó esta misma semana que una hipotética secesión de Cataluña implicaría que quedase fuera de la Unión Europea. El anuncio lo hacía del portavoz de la Comisión Europea, Oliver Bailly, después de la convocatoria de la manifestación independentista de la Diada bajo el lema “Cataluña, próximo estado de Europa”. Bailly afirmó que “no hay disposiciones en los tratados de la UE sobre la secesión de una región de un Estado miembro” y explicó que, ante esta ausencia, una Cataluña independiente se vería obligada a formalizar su ingreso a través del proceso que ha seguido cualquier otro país.

Albert Aixala mantiene que la cuestión europea “es un escollo también para España”, ya que la independencia catalana obligaría a modificar los tratados que ha firmado. “Sería un país con muchos menos millones de habitantes, y los representantes de otros países exigirían reducir el porcentaje de representación”, pone como ejemplo. Pese a que la voluntad europea del independentismo “es clara”, Aixala advierte de que la secesión “plantearia un problema de primer orden a la Unión Europea. Con independencia de la voluntad,  tiene que haber un acuerdo legal previo”.

Viabilidad económica

Dirija a donde se dirija, la voluntad es un pobre argumento si no hay vigor económico, y el catalanismo recurre a las cuentas para justificar que a la región le iría mejor sin España. En su análisis Viabilidad de Catalunya como Estado. Análisis de la Hacienda Pública, publicado en agosto, la Fundació Catalanista y Demòcrata concluye que una Catalunya independiente tendría un superávit de entre 922 millones de euros –con datos de 2009, castigado por la crisis– y 21.071 millones –con datos de 2007–, y que su PIB per cápita estaría un 9% por encima de la media de los primeros quince países de la Unión Europea.

El análisis recoge los informes de varios economistas y expertos en Hacienda Pública, como Nuria Bosch y Marta Espasa, de la Universidad de Barcelona. Después de su investigación, Bosch y Espasa mantienen que un Estado catalán se situaría en una posición similar a la de Suecia y Dinamarca tanto en PIB per cápita como en nivel de exportaciones –alrededor del 52% del PIB–, y concluyen que sería un Estado “completamente viable” manteniendo los niveles de prestaciones y presión fiscal actuales. Unos datos tan positivos que, de ser reales, harían que Cataluña “obtuviera claramente” unos ingresos adicionales netos que se podrían dedicar a incrementar los servicios públicos o a bajar los impuestos, según estas expertas.

“El único argumento fuerte que hay sobre la mesa es el técnico-económico”, sostiene Oriol Homs, Director de la Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo –CIREM–. Cataluña mantiene con el Estado “una relación desequilibrada”, sostiene, que “lleva a Cataluña al empobrecimiento”.  Una desigualdad que, según él,  es el verdadero “tema de fondo” en el debate sobre la secesión: “Alimenta esa sensación de que en España no nos quieren, en particular en una situación de crisis que afecta a ambas partes”.

La siguiente frontera, los Países Catalanes

Para muchos, lo catalán no acaba con la Península Ibérica. El pancatalanismo reivindica una realidad nacional heredera en parte de la antigua Corona de Aragón y vigente hoy día en las zonas del Mediterráneo en que se habla el idioma. Son los Países Catalanes o Gran Cataluña, un espacio que además de Cataluña, la Franja de Aragón y el Rosellón comprendería la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, Andorra y dos pequeñas áreas periféricas, la del Carche en Murcia, y la del Alguer en Cerdeña, Italia.

Aunque hay varias formaciones políticas que defienden el pancatalanismo, su valedora más reconocible es Esquerra Republicana de Catalunya. En su proyecto político, ERC mantiene que “con la excepción de Andorra […], la obtención de la independencia de los Países Catalanes” constituye un “objetivo irrenunciable” porque, aseguran, “son una de las muchas naciones sin Estado en una Europa en la que las fronteras no responden a la realidad nacional que las integra”.

“El independentismo social siempre habla de los Países Catalanes, pero el político es moderado y se limita a Cataluña”, aclara Marc Perelló. “El pancatalanismo es un proyecto muy a largo plazo, y la idea es más bien que esté liderado por Cataluña. Si vemos una experiencia independentista, con el tiempo podría darse a estas regiones la oportunidad de elegir, aunque siempre desde la voluntad popular y el proceso democrático”.

Rubén Díaz Caviedes en El Confidencial