Armas químicas: España busca dejar atrás su historia negra

Franco, en la guerra del Rif.

Las armas químicas son aquellas que utilizan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo.

Según la Convención sobre Armas Químicas de 1993, se considera arma química a cualquier sustancia química tóxica, sin importar su origen, con la excepción de que sean utilizados con propósitos permitidos.

España firmó la Convención de Armas Químicas en 1993, ratificándola en 1997 y formando parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya (Países Bajos), en 1997. Desde entonces, se ha convertido en uno de los pilares de la organización, no sólo en cuanto a financiación sino también en su operativa. Nieves García, secretaria de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ), explica que “del presupuesto anual de unos 75 millones de euros que maneja la organización, España aporta dos millones al año, siendo el octavo contribuyente”.

Paralelamente, nuestro país cuenta con uno de los 20 laboratorios certificados por la OPAQ para poder analizar y contra analizar agentes químicos tóxicos. Se trata del Laboratorio de Verificación de ‘La Marañosa’, conocido como LAVEMA, dependiente del Instituto Tecnológico ‘La Marañosa’ (ITM) del ministerio de Defensa en San Martín de la Vega (Madrid).

Este laboratorio juega un papel fundamental a la hora de inspeccionar y detectar armas químicas o sustancias precursoras de este tipo de armamento. La OPAQ cuenta con una base de datos de datos analíticos única a nivel internacional, homologada y examinada por expertos en la materia, con información sobre más de 3.400 compuestos vinculados a las armas químicas. Nieves García señala que este “laboratorio del Ministerio de Defensa, acreditado por la OPAQ para emitir informes vinculantes en caso de necesidad por el uso de agresivos químicos, debe aprobar unos exámenes todos los años si quiere seguir conservando su acreditación”.

EE.UU. financia y apoya a los Talibanes

La famosa iniciativa norteamericana «Guerra contra el Terrorismo» lanzada por el tristemente célebre presidente George W. Bush es una gran impostura. Ningún movimiento terrorista o paramilitar por más ideologizado o estructurado que esté —sin el masivo apoyo del pueblo que caracteriza una revolución— ha logrado vencer a un Estado-Nación en términos de lucha militar. Los ejemplos abundan: el IRA no pudo con el gobierno inglés, el ETA vasco no pudo con el estado español, Sendero Luminoso en los Andes no pudo con el estado peruano. Por la simple razón que el Estado-Nación goza enormemente de mayores recursos financieros, militares para destruirlo. Hoy en día los estrategas del Pentágono con la administración Obama financian, manipulan principalmente el terrorismo y fundamentalismo islámico para sus fines geopolíticos con los cuales han pactado una alianza.

Este artículo es una investigación multidisciplinaria de la Universidad de Estado de Sonoma, California, adscrita al Proyecto Censurado, un movimiento para destapar noticias que la prensa comercial en los Estados Unidos se niega a publicar o dar a conocer a la opinión pública ciudadana.

En un continuo flujo de dinero, los dólares del contribuyente estadounidense acaban siendo utilizados para pagar a los talibanes y financiar el caldeado ambiente en Afganistán. Empresas privadas de guerra de EE.UU. les pagan a los insurgentes afganos con la esperanza de lograr la seguridad que ellas mismas debieran conseguir, al tiempo que soldados estadounidenses pagan en los puntos de control a cargo de presuntos rebeldes, a cambio de protección; en algunos casos, compañías afganas dirigidas por ex-talibanes, como el primo del presidente Hamid Karzai, resguardan el paso de los soldados estadounidenses.