El juez Castro atribuye cuatro delitos a Camps y Barberá por dar dinero a Urdangarin

Malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la Administración. El Tribunal Superior de Valencia deberá decidir si les imputa. Dieron los contratos “a dedo, orillando por completo las normas”, y gestaron el Valencia Summit en Zarzuela.

Francisco Camps y Ritá Barberá, muy sonrientes.

El juez José Castro ha encontrado “indicios racionales” de que Francisco Camps y Rita Barberá cometieron delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder “a dedo” contratos a Iñaki Urdangarin por importe de 3,5 millones de euros, “orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas”. El instructor cree la versión de que el Valencia Summit, el mejor negocio del yerno del rey, se gestó en 2004 en una reunión en el Palacio de la Zarzuela.

El magistrado detalla los indicios delictivos en la exposición razonada de 70 folios que ha elevado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que por la condición de aforados de Camps y Barberá él no tiene competencia para imputarles. Ahora será el alto tribunal valenciano el que decida si les inculpa o no.

El instructor describe en su resolución los indicios que ha reunido contra el expresidente de la Generalitat valenciana y la actual alcaldesa de Valencia por su participación en la gestación de los convenios que se firmaron con Nóos para que organizará los congresos llamados Valencia Summit, y unos Juegos Europeos en Valencia que no llegaron a tener lugar.

Por ambos eventos, el Instituto Nóos, de Urdangarin y Diego Torres, se embolsó 3,5 millones de euros de fundaciones públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos, y de la cantidad total, no ha justificado qué hizo con 2,5 millones.

En la exposición, el juez destaca que las contrataciones con Nóos auspiciadas por Camps y Barberá “no obedecían a procurar el interés genera”, sino “sólo al deseo de doblegarse a las exigencias” de Iñaki Urdangarin “en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey”.

El NYT analiza la corrupción en España

The New York Times destaca en su portada un extenso artículo la situación de corrupción en España, en el que afirma que los jueces españoles están investigando actualmente a “cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Gobierno”.

La información toma como punto de arranque el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el casoUrdangarin, la gestión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista “en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa”.

El periódico destaca los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, “han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del boom de la construcción”. Al respecto, Manuel Villoria, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I, explica que, “pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar” de la construcción. Así, ha indicado que “el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar el relevo al ladrillo en los escándalos de corrupción a menos que se realicen cambios”.

La corrupción sin consecuencias de CiU, al descubierto

La historia de Jordi Pujol y de su vasta familia está directamente vinculada a los designios de la Cataluña postfranquista. Los pies del expresident pasaron las seis primeras legislaturas de la democracia sintiendo la fuerza de un poder autonómico cada vez más extenso y omnipresente en las alfombras nobles de la Generalitat. Y durante largos periodos también disfrutaron del confort de Moncloa.

Con su salida de la Generalitat en 2003, sus siete hijos se han convertido en los encargados de seguir paseando el apellido entre la élite política, económica y social catalana. Con todo, el ascenso de la saga, sobre todo en el mundo de los negocios, ha ido acompañado de incógnitas y sospechas. Hasta ahora habían quedado solapadas por la intimidación que la familia sigue ejerciendo hasta los últimos confines de la comunidad. Pero la Justicia está comenzando a asomarse a esos abismos, en los que Artur Mas también tiene su propio espacio desde hace más de diez años.

El periodista Xavier Horcajo lleva más de tres décadas diseccionando en cabeceras como El País, Diario 16, Avui o La Gacetael lado oculto de CiU. El resultado de su trabajo aparece ahora condensado en La Pasta Nostra, un relato de las cloacas de 33 años de poder convergente en Cataluña. La obra, editada por Sekotia, abarca los principales “casos de corrupción arreglados de forma política” que han tenido lugar desde la reinstauración del Estatuto de Autonomía catalán en 1979.

El Tribunal de Cuentas desmonta la coartada de Bárbera en los pagos a Urdangarin

El Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local,  subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anualesque percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.

En concreto, el Valencia Summit constó de tres ediciones que tuvieron lugar los años 2004, 2005 y 2006, en virtud de un convenio de colaboración y dos adendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos por un total de 1,044 millones de euros cada una -unos 522.000 euros aportados por la Fundación Turismo-, si bien los investigadores calculan que el coste real de cada evento fue de 300.000 euros.

Para su análisis, correspondiente al año 2009, el Tribunal de Cuentas solicitó información a un total de 407 fundaciones, entre las que destaca las entidades subvencionadas anualmente por parte de Ayuntamientos y/o Diputaciones “en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos”, como es el caso de la FTVCB. Según el informe, la dependencia económica de estas fundaciones con determinadas entidades locales para el desarrollo de sus actividades “debería llevar a considerarlas como integrantes de ese sector público local”.

Urdangarin coloca a Camps y Barberá al borde de la imputación

Rita Barberá, el duque de Palma y Francisco Camps, en uno de los encuentros del congreso Valencia Summit patrocinados en Valencia. / J. C. CARDENAS (EFE)

Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y diputado autonómico, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, están a un paso de ser imputados en el caso Nóos por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigíanIñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006.

Como ambos políticos del PP son aforados, si el juez Castro entendiera finalmente que hay indicios suficientes contra ambos dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía.

La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero, cuya transcripción adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS, coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.

Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.

Rita Barberá, cada vez más cerca del fuego

Rita Barberá (Valencia, 1948) es el personaje que más veces ha sido retratado como ninot en la historia de las Fallas, y es que veinte años en la alcaldía de Valencia dan para mucho. En este tiempo ha hecho gala de sus artes en el mundo de la política, donde ha sumado mayorías en las urnas y esquivado con maestría las zancadillas de sus enemigos.

El último ejemplo de su dominio de la escena se produjo este miércoles al término de la ofrenda floral al monumento de Joaquín Sorolla, cuando la alcaldesa sacó su smartphone y leyó a los allí presentes, periodistas incluidos, un teletipo recién emitido por las agencias de noticias: “La Fiscalía no ve indicios contra Rita Barberá en el caso Nóos”.

Sin un alarde de más, Barberá se situó al margen de la tormenta del caso Nóos, en la que le había metido Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, al apuntar a posibles acuerdos (reuniones en Zarzuela de por medio) entre el Ayuntamiento valenciano y el duque de Palma. “No he firmado ni votado nada”, zanjó aliviada la edil, que nunca ha ocultado su simpatía por la monarquía.

No es ésta la primera vez que Barberá está peligrosamente cerca de casos de corrupción. En 2010 salió a la luz el caso Emarsa, en el que se investiga una posible gestión fraudulenta por parte de la empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia para gestionar una depuradora de agua. Fraude fiscal y malversación de caudales públicos son algunos de los delitos que todavía se investigan. En esta ocasión Barberá tuvo que responder por los bolsos que había recibido de una compañía implicada en una trama corrupta. “Los regalos son algo habitual en Navidad”, apuntó entonces la alcaldesa que, demostrando una vez más su carácter, instó a “sacar a la luz los obsequios que reciben todos los gobiernos”.

El juez confirma que Bárcenas es ‘Luis el cabrón’ y le prohíbe salir de España

El extesorero eleva a 38 millones de euros la fortuna que escondía en Suiza. Insiste en que el dinero no procede del PP, sino de operaciones bursátiles, inmobiliarias y de la compraventa de obras de arte. Entrega a Ruz un papel con donaciones al partido conservador por 32,7 millones, que dice que fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas.

¿Qué teme Mariano Rajoy que no se atreve a demandarle?.

Luis Bárcenas llegó a tener 38 millones de euros en sus cuentas suizas, según su declaración de este lunes ante el juez Pablo Ruz, que tras escucharle ordenó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tomar medidas para evitar su fuga. En concreto, le prohibe salir de España, para lo cual le retira el pasaporte, y le ordena presentarse en el Juzgado cada quince días. De forma significativa, el abogado del Partido Popular, que ejerce la acusación en el caso, no se opuso a estas medidas.

El extesorero estuvo tres horas declarando ante el juez , las dos fiscales Anticorrupción encargadas del caso, y 21 abogados de diferentes partes personadas, pero sólo aceptó responder al instructor, y a las representantes del Ministerio Público, pero a ninguna acusación más y ni siquiera al abogado del Estado, que representa como acusación a Hacienda, y que también apoyó la petición de medidas cautelares de la Fiscalía.

El juez relata en su auto los indicios de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de cohecho que pesan sobre él, que se han visto reforzados por el reciente descubrimiento de su cuenta. Ruz destaca además que la expresión ’Luis el cabrón‘ recogida en el sumario, como perceptor de un supuesto soborno de 72.000 euros por parte del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se corresponde con la identidad de Bárcenas.

El auto judicial defiende las medidas cautelares contra el extesorero del PP en la necesidad de evitar el “fundado riesgo” de fuga, teniendo en cuenta los frecuentes viajes que hace al extranjero y que parte de su “relevante patrimonio” lo guarda fuera de España.

La justicia arrasa la herencia de Camps

Camps aplaudido por la bancada popular en las Cortes Valencianas en 2011. El actual presidente, Alberto Fabra, arriba a la izquierda. / JORDI VICENT

“Hemos dado la vuelta al marcador, porque cuando gobernaban los socialistas nuestra Comunidad parecía estar fuera del mapa, porque era de segunda. Eso hoy ya no es así”. Ese fue el diagnóstico con el que Francisco Camps inició su andadura. Era mayo de 2003. Aspiraba por primera vez a la presidencia de la Generalitat y, plantado en medio del campo de Mestalla, en un mitin que cerraba el presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó su deseo más sincero: “Espero que mi nieto diga que fui un gran presidente de la Generalitat”.

Apenas dos años después de abandonar el poder, en 2011, la justicia ya ha arrasado la mayor parte de un proyecto político levantado a golpe de talonario y decisiones arbitrarias, que hará muy difícil que a Camps lo puedan calificar de “gran presidente” sus propios herederos políticos.

Esta misma semana, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha puesto en evidencia cómo se gestionó buena parte del dinero público de la Generalitat para potenciar grandes eventos. La Administración de Camps aceptó la celebración de tres jornadas Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006 —en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia— y un convenio para organizar unos Juegos Europeos del deporte para quedar bien con la Casa Real.

El tinglado se cae

Desde Chema Barragán.

Desde mayo de 2010 en que el entonces presidente Zapatero abrió la veda de los recortes masivos, no ha habido semana en que los gobernantes de turno, antes del PSOE y ahora del PP, hayan dejado de cercenar los derechos sociales, los salarios y las inversiones públicas. Y todo para salvar a los bancos, culpables de la crisis económica. Una mezcla de resignación y de autoengaño ha llevado a muchos a la pasividad ante la voracidad insaciable del capital financiero y los desmanes constantes de sus intermediarios en el poder político. Buena parte de la culpa recae en la mentira oficial de “los brotes verdes” pregonada por Elena Salgado, exministra “socialista”de Economía y Hacienda y actual consejera de Endesa en Chile, y en la falaz promesa de “la luz al final del túnel” repetida un mes sí y otro también por don Guindos, actual ministro de Economía, exconsejero de Endesa e ideólogo de FAES.

En paralelo a la sistemática destrucción de lo público planificada por los organismos de la Unión Europea y el FMI, y aplicada con rigor por ministros y consejeros autonómicos, se va destapando cada día la olla de la corrupción. Señalemos sólo los últimos casos que han saltado a la luz pública: imputación de Carlos García Revenga, extesorero del Instituto Nóos (creado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín) y ligado a la Casa Real desde hace 20 años como secretario y asesor de las infantas (el palacio de la Zarzuela guarda todavía un embarazoso silencio y la infanta Cristina acaba de declarar que “estaba muy afectada” por ello); descubrimiento por la Audiencia Nacional de una cuenta bancaria abierta en Suiza por Luis Bárcenas, extesorero del PP y exsenador por este partido, cuyo saldo llegó a alcanzarla cifra de 22 millones de euros; imputación de Manuel Bustos, alcalde “socialista” de Sabadell por cohecho y tráfico de influencias en la denominada Operación Mercurio; sentencia condenatoria emitida por la Audiencia de Barcelona que declaró la responsabilidad civil subsidiaria de Unió Democrática de Cataluña (UDC), presidida por el diputado democristiano Durán y Lleida, en el Caso Pallerols al constatar que hubo “aportaciones directas al partido”.

La policía confirma viajes y obsequios entregados por la red Gürtel a Ana Mato

Ana Mato, en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. / ULY MARTÍN

En medio del enorme revuelo generado por los supuestos pagos a cargos del PP recogidos en la contabilidad B de su extesorero Luis Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de dar un paso más en su investigación del caso Gürtel. Y apunta a otro miembro del Gobierno. El matrimonio del exalcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda y su esposa, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aparecen en la contabilidad B de la trama como receptores de servicios. Mato, en concreto, habría recibido de la trama liderada por Francisco Correa bolsos y obsequios, valorados al menos en 610 euros, y viajes para ella y su familia. La ministra lo niega.

Este periódico publicó la existencia de estos regalos en 2011, pero la ministra rechazó que hubiera recibido ninguna dádiva de la red corrupta. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía lo ha confirmado con la contabilidad B de la trama encontrada en una nave de un polígono industrial de Alcorcón (Madrid). “La información hallada”, mantienen los agentes, “corrobora las conclusiones expuestas (…) relacionadas con la prestación de distintos servicios turísticos para el llamado Jesús Sepúlveda y/o distintos miembros de su familia”, entre ellos su exmujer, la ministra Ana Mato. En total, la cantidad que la trama entregó a ambos asciende a 50.049 euros, según la UDEF.