Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: “¡Si le enseño esa carpeta hunden España!”

Manuel Cerdán en El Confidencial

“¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!”. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion, ha sido educado para ser diplomático en el mundo de los negocios, pero los agentes españoles le hacen perder la compostura.

Los policías han viajado hasta Ginebra y se hallan ante uno de los intermediarios más influyentes y poderosos en el mundo de las finanzas suizas, en busca de pruebas incriminatorias y tras el rastro del dinero de Francisco Correa. Don Vito, como lo conocen los investigadores, es el jefe de una poderosa red de comisiones y corrupción política.

El bróker suizo, de 59 años, se pone trascendente ante la insistencia y la arrogancia del inspector Manuel Morocho, que, en honor a su apellido, en castellano ‘fuerte’, sin pedir permiso, alarga su brazo hacia una estantería para retirar un archivador en el que aparece escrita la leyenda “VIP’S”. Fasana, que sigue contrariado, sentencia.

-Por favor, deje eso en su sitio. No está dentro de los contenidos de la comisión rogatoria.

El juez Castro atribuye cuatro delitos a Camps y Barberá por dar dinero a Urdangarin

Malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la Administración. El Tribunal Superior de Valencia deberá decidir si les imputa. Dieron los contratos “a dedo, orillando por completo las normas”, y gestaron el Valencia Summit en Zarzuela.

Francisco Camps y Ritá Barberá, muy sonrientes.

El juez José Castro ha encontrado “indicios racionales” de que Francisco Camps y Rita Barberá cometieron delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder “a dedo” contratos a Iñaki Urdangarin por importe de 3,5 millones de euros, “orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas”. El instructor cree la versión de que el Valencia Summit, el mejor negocio del yerno del rey, se gestó en 2004 en una reunión en el Palacio de la Zarzuela.

El magistrado detalla los indicios delictivos en la exposición razonada de 70 folios que ha elevado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que por la condición de aforados de Camps y Barberá él no tiene competencia para imputarles. Ahora será el alto tribunal valenciano el que decida si les inculpa o no.

El instructor describe en su resolución los indicios que ha reunido contra el expresidente de la Generalitat valenciana y la actual alcaldesa de Valencia por su participación en la gestación de los convenios que se firmaron con Nóos para que organizará los congresos llamados Valencia Summit, y unos Juegos Europeos en Valencia que no llegaron a tener lugar.

Por ambos eventos, el Instituto Nóos, de Urdangarin y Diego Torres, se embolsó 3,5 millones de euros de fundaciones públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos, y de la cantidad total, no ha justificado qué hizo con 2,5 millones.

En la exposición, el juez destaca que las contrataciones con Nóos auspiciadas por Camps y Barberá “no obedecían a procurar el interés genera”, sino “sólo al deseo de doblegarse a las exigencias” de Iñaki Urdangarin “en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey”.

´Los trenes del accidente eran muy saltarines y de suspensiones muy duras´

El secretario general del SIF y maquinista prejubilado de FGV reconoce que los sindicatos no se personaron en la investigación del accidente por falta de dinero.

Jorge Álvarez marga ferrer

Optó a las prejubilaciones del ERE en FGV pero hasta el lunes, tras participar en «Salvados», no le comunicaron el finiquito. Maquinista y sindicalista, es uno de los trabajadores de FGV que mejor conoce el accidente del metro.

LAURA BALLESTER ¿Qué detalles del accidente del metro se quedaron con ganas de investigar más?
Sobre todo que un tren laboratorio analizase la aceleración transversal del tren en el bache que había en el túnel en la zona de transición de vía sobre balasto a hormigón. Hubiese sido fundamental ver qué efecto tenía el deterioro de la vía sobre el vuelco.

¿Por qué? ¿Pudo influir?
Creo que el bache tuvo algo que ver en el hecho que el tren saltase de forma violenta de la via sin dejar apenas marcas. En las mediciones que hicimos los compañeros del comité de seguridad y de la Auditoría de seguridad en la circulación sobre el plano, en la transcripción de las cajas negras y en la descripción en imágen del mapa de velocidades entre Plaza de España y Jesús, todo indica que el bache es el punto exacto donde el tren despega de la vía, y no en la zona de curva.

¿Y cuando pidieron un tren labotario, qué les respondió FGV?
No nos concedieron el gasto extraordinario que suponía traer un tren laboratorio. Camps nos prometió un presupuesto para seguridad en la circulación de 3 millones de euros que se utilizó en comprar balizas y poco más. Pero no se investigaron a fondo las causas del accidente.

Argentina se querella contra torturadores y jueces del franquismo

El ¿demócrata? Martín Villa. Clickar para ir a la fuente de la foto.

La red ciudadana de crímenes contra el franquismo pedirá la imputación como responsables de delitos de lesa humanidad de los exministros Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros en Vitoria, y Utrera Molina, por la condena a muerte de Puig Antich; de ‘Billy el niño’ por tortura sistemática; y de más de 300 responsables de la represión franquista.

La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en Españapor la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.  

La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del “torturador” de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.

El malvado joyero

 Días atrás, dos honrados delincuentes asaltaron una joyería del barrio de Salamanca de Madrid. La hija del joyero no supo dominar su mal carácter y les hizo frente. Ellos la tomaron para darle su merecido, con toda probabilidad mediante un disparo en la cabeza. Entonces, su padre, el malvado joyero, para salvar la vida de su hija y defender su negocio, disparó contra los encantadores delincuentes, hiriéndolos de gravedad. El malvado joyero ha sido imputado por un delito de homicidio frustrado por el señor juez de guardia. El joyero carecía de permiso de armas e hizo uso de una escopeta que pertenecía a su hija, que sí estaba correctamente documentada con su licencia correspondiente. Resulta indignante la reacción del joyero. Iban a disparar contra la cabeza de su hija, pretendían llevarse todo el oro existente en la joyería – ¡ay, la avaricia!–, y el padre disparó sin tener el permiso de armas. Los pobres atracadores tampoco llevaban los permisos correspondientes, pero en los atracadores, asaltadores y forajidos en general, esa carencia no es fundamental para nuestra justicia.

El malvado y precipitado padre y joyero reaccionó de manera excesivamente violenta. Sabedor de que carecía de permiso de armas, tendría que haberse defendido con los puños, siempre que con sus golpes no pretendiera hacer daño a los incautos atracadores. La única que podía usar el arma, la hija, no pudo hacerlo por hallarse en manos de los asaltantes. Y el padre, saltándose a la torera las leyes, lo hizo con grave imprudencia y extrema celeridad, amén de excelente puntería.

El TSJCV anula el cese de emisión de TV3 en Valencia y la multa de 300.000 euros a Acció Cultural

Equipo precintado en la Llosa de Ranes. Perales Iborra

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha anulado la resolución de la Generalitat que ordenó el cese de la emisión de TV3 en la ciudad de Valencia e impuso una segunda sanción de 300.000 euros a la propietaria del repetidor de la señal, Acció Cultural del País Valencià.

La sentencia, hecha pública hoy, ha sido dictada después de un fallo idéntico que emitió el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo, mediante el cual anuló otra resolución gubernativa que cerró los repetidores que distribuían la señala del canal autonómico catalán en gran parte de la Comunitat Valenciana.

Esta orden de Generalitat, que impuso una primera sanción de 300.000 euros a Acció Cultural, fue validada por el Tribunal valenciano, que tras ver revocada su sentencia asume ahora los argumentos del Supremo. “Nos encontramos ante un supuesto idéntico entre las mismas partes y con el mismo objeto que el resuelto por la Sección Tercera del Tribunal Supremo revocando la sentencia de esta Sala”, por lo tanto, al tratarse “de los mismos planteamientos y de los mismos motivos”, únicamente cabe “reproducir la sentencia del Alto Tribunal”, señala.

El TSJ procesa a Rambla, Martínez y Such por tráfico de influencias y prevaricación

Vicente Rambla y Angelica Such. EFE/ Luis Vidal

El juez que instruye la causa sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunitat Valenciana ha dado hoy por cerrada la pieza tercera, relativa a las contrataciones de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano de Fitur entre 2005 y 2009. El magistrado José F. Ceres procesa al exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, Vicente Rambla y a las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angelica Such; los tres actuales diputados autonómicos del PP en las Corts Valencianes. Se les acusa, a cada uno en su medida, de la participación en un presunto delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación. De estos mismo delitos se acusa también al ex jefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret y a los otros tres empleados públicos, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau.

Por otro lado el instructor también considera que existen indicios de delito en las actividades realizadas porÁlvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, todas ellas relacionadas con la empresa Orange Market, a los que acusa de un posible delito de tráfico de influencias, continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o fraude a la Administración Pública, así como falsedad en documento oficial.

El TS anula la orden del Consell que prohibía emitir TV3

El Tribunal Supremo da la razón a Acció Cultural del País Valencià que recurrió ante el alto tribunal la sentencia del TSJCV que daba la razón a la Generalitat Valenciana, autorizándola a cerrar el repetidor con el que la asociación cultural emitía TV3 en la C. Valenciana. El TS anula, asimismo, la sanción impuesta por Generalitat de 300.000 euros. La multa fue impuesta al considerar la Administración autonómica que Acció Cultural había cometido una infracción muy grave, prevista en la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones, por prestar en régimen de gestión indirecta del servicio de televisión por ondas terrestres sin la concesión administrativa necesaria.

El alto tribunal falla a favor de la asociación de Eliseu Climent al entender que no era competencia de Generalitat sancionar las conductas objeto de litigio. En este sentido, el TS apunta que esta conclusión no implica declarar la “licitud” de la conducta de la entidad recurrente, sino “exclusivamente la falta de competencia de la administración autonómica para sancionarla”, lo que implica la nulidad de las decisiones.

Además, la sentencia precisa que la reemisión de los programas de TV3 que realizó Acció Cultural no pueden considerarse por sí mismo una actividad sancionable.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales “damos por muerto a Gallardón”

Jueces y fiscales explican su postura contraria a la reforma de la Justicia (Efe).

Punto y final. Todas las asociaciones de jueces y fiscales no quieren volver a hablar con el ministro de Justicia. Para ellos, Alberto Ruiz Gallardón “ha muerto” y no quieren saber nada más de él. Han pedido su inmediata dimisión y que su interlocutor sea, a partir de ahora, el presidente del Gobierno. “Las asociaciones le damos por muerto. No nos sirve para hablar. Es potestad del presidente del Gobierno mantenerle o cesarle”, ha afirmado con contundencia el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol.

Es decir, está en manos de Mariano Rajoy que toda la carrera judicial en bloque no vaya a la huelga. Jueces y fiscales, con el apoyo de los abogados, ya están planteando una huelga, incluso de hasta una semana de duración, si el Ejecutivo no paraliza algunas de sus reformas. Siguiendo su hoja de ruta, el próximo día 11 harán un paro de una hora y media, como “máxima expresión de su descontento” pero que suponga un leve perjuicio al ciudadano, ha explicado el portavoz de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, Joaquim Bosch. Los jueces sólo han hecho huelga una vez en toda la historia democrática de España y costó el cargo al que fuera ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Trivago dejará de anunciarse en Telecinco

Una imagen de ‘La Noria’, donde empezó la polémica (I.C).

El comparador de precios de hoteles Trivago ha emitido un comunicado este sábado en el que anuncia que “parará su actividad publicitaria en Telecinco durante el próximo mes de diciembre” después de que más de 140.000 personas hayan firmado una petición que reclama a los anunciantes de Telecinco que retiren su publicidad hasta que la cadena retire la querella contra Pablo Herreros.

Además, Trivago ha publicado el siguiente comentario en su página de Facebook: “Muchas gracias por vuestros comentarios. Estamos leyendo y evaluando todos los mensajes y comentarios que nos habéis hecho llegar a través de email y redes sociales acerca de la demanda de Telecinco a Pablo Herreros, en los que se pide que los anunciantes retiren su publicidad de este canal de televisión. Entendemos la causa de la petición, y por ello, para poder estudiar detenidamente la situación, trivago parará su actividad publicitaria durante el próximo mes de diciembre. Gracias, Trivago.es”.

La petición que pide a los anunciantes que retiren su publicidad de Telecinco fue iniciada el martes por el periodista Mario Tascón en la plataforma de peticiones online Change.org, después de que los medios de comunicación informaran de que Pablo Herreros tendrá que declarar el próximo 4 de diciembre en el juzgado número 14 de Madrid “por supuestos delitos de amenazas y coacciones” tras una demanda interpuesta por la cadena el pasado julio.