Ni ETA ni cefalópodos: diez mitos y una verdad sobre el aborto

Mensaje en el vientre de una manifestante a favor del derecho al aborto, por Santi Burgos.

El debate del aborto echa chispas mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir. Porque anuncios ha habido muchos esta legislatura, más o menos confusos, pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura, cuando Gallardón sorprendió dando prioridad a la reforma.

Los clichés no funcionan siempre en este asunto, en el que se enfrentan lo ideal y lo razonable, visiones distintas de cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer, un peso histórico de la tradición religiosa frente al ejemplo de tolerancia legal en la mayoría de países avanzados. Muchos ingredientes para el simplismo, zonas grises, sensibilidades heridas. Personas que lo tienen muy claro no se han visto en el dramático dilema. Hay quien no aprueba el aborto, pero tampoco que se encarcele a quien llega a esa situación. No puede ser simple la solución a un problema complejo.

No es fácil debatir sobre el aborto tampoco dentro del PP. Buena parte de la derecha, la más laica, se echa las manos a la cabeza pensando en las consecuencias del plan de Gallardón para volver al aborto bajo prescripción médica rigurosa y sin aceptar como causa una malformación, por severa que sea. La idea de volver a ver a mujeres citadas al cuartelillo o sentadas en el banquillo chirría a muchos militantes y simpatizantes; también que se reabra el puente aéreo a Londres. Son muchos quienes no entienden que se abra ese frente, que no parece una prioridad de la ciudadanía, justo ahora, en un momento de emergencia económica y con demasiados conflictos abiertos.

Los dos portavoces parlamentarios del PP, Alonso y Hernando, se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; Cospedal evita apoyarlo; Rajoy y Santamaría no se mojan o son ambiguos. Luego aparece Fernández Díaz soltando eso de que “el aborto y ETA tienen algo que ver, pero no demasiado“. Faltaba la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que hoy se defiende más “a los cefalópodos y mamíferos porque sufren” que a los no nacidos. La parlamentaria que fue apercibida por el partido no fue ella, sino Celia Villalobos, multada por ausentarse del Congreso para no votar una moción del PSOE contra la reforma de Gallardón.

Un retroceso intolerable

Rouco Varela parece ser que está detrás de este retroceso a las catacumbas.

Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legales de los países de nuestro entorno, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el número de abortos —en contra de lo que algunos auguraron— y que goza del apoyo de la mayoría de españoles, según las encuestas de opinión. Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones más inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal Rouco Varela a la cabeza.

La reforma que ahora se plantea, cuyos perfiles resulta difícil conocer con precisión por las confusas y contradictorias explicaciones que han ofrecido hasta ahora sus promotores, amenaza a los españoles con una norma incluso más restrictiva que la Ley de 1985. Se trata de una decisión que no responde en ningún caso a una demanda social y que no dispone de ningún tipo de soporte jurídico. El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la antigua normativa y esta se adaptó a su criterio antes de entrar en vigor. Aún no se ha pronunciado sobre la ahora vigente, por lo que las pomposas disquisiciones sobre derechos o protecciones jurídicas de mujeres y no nacidos no tienen más fundamento que el retorcimiento de la realidad o la indisimulada voluntad de contentar a los obispos y al sector católico más ultra del partido en el poder.

Los agravios con Valencia

La ciudad ha recibido hasta nueve veces menos inversión estatal que otros grandes eventos como la Expo y las Olimpiadas de 1992.

Olimpiadas de Barcelona 1992, Exposición Universal de Sevilla 1992, Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y Copa América 2007 en Valencia. Cuatro grandes eventos que transformaron profundamente las ciudades donde se celebraron, con efectos en el urbanismo, el turismo y hasta en las costumbres sociales de sus vecinos. Iniciativas comunes pero con una gran diferencia en el caso de la capital de la Comunitat: tuvo un apoyo menor, ínfimo, del Gobierno.

El plan financiero que negocia el Consorcio Valencia 2007 con el Ministerio de Hacienda ha puesto otra vez el foco en la devolución del préstamo de 319 millones de euros, dinero que sirvió para transformar la dársena interior y abrirla al mar con una nueva marina, coronada por el hito arquitectónico del edificio Veles e Vents.

Ese préstamo escuece en la memoria de la ciudad. Recuerda el trato discriminatorio del Gobierno socialista de Zapatero con el ‘cap i casal’ y también recupera tiempos oscuros cuando la única solución a las inundaciones por una riada fue financiar las obras con un sello, el famoso del Plan Sur, que en cada sobre mostraba a los valencianos la diferencia entre la ciudad del Turia y el resto de España. Es decir, nada nuevo pagar lo que se hace en casa.

Entrevista a Ada Colau

Esta es una de esas entrevistas que no podemos dejar de leer, los escraches se han puesto de moda en España, criticados por unos, generalmente del PP, y defendidos por la gran mayoría.

Ada Colau es la responsable última de intentar concienciar a los afectados por las hipotecas para participar en esta práctica pacífica procedente de tierras hispano americanas.

Ada Colau (Barcelona, 1974) no para. “No sé lo que es un día tranquilo”, confiesa al llegar a la entrevista. Viene de otro plató de televisión y le espera un tren para regresar a Barcelona. Las últimas semanas han sido frenéticas para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de publicar junto a su pareja y cofundador de la plataforma, Adrià Alemany, su segundo libro titulado ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (Destino), en el que repasa los motivos que han propiciado la actual situación hipotecaria, ya explicados en Vidas Hipotecadas (2012), y relata cómo vivieron la admisión a trámite de la ILP presentada en el Congreso.

- El lema de la PAH en las manifestaciones es “Sí se puede, pero no quieren”. ¿Qué es lo que quieren?

Que haya un mensaje de desesperanza: que no hay nada que hacer, que todo es culpa nuestra y que nos merecemos lo que nos pasa. Frente a eso, la ciudadanía se está organizando y está demostrando que no es cierto, que unos son más responsables que otros. Con la ILP culmina un proceso en el que hemos interpelado a las administraciones y al Estado por todas las vías posibles y hemos demostrado cuál es la voluntad ciudadana, que apoya nuestras demandas, perfectamente posibles. Por eso decimos “sí se puede, pero no quieren”. Todo el mundo sabe lo que hay en juego y que no aprobar estas medidas supone un sufrimiento insoportable a miles de personas.

- Después de la votación en el Congreso, que deja fuera las medidas de mínimos que recogía la ILP, ¿sigue pensando que sí se puede?

Desde luego. El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha cedido a la presión de los bancos. Pero las medidas están más vivas que nunca. Por eso pedimos retirar la ILP, porque vamos a seguir defendiéndola en la calle, donde nació. Esas demandas nosotros las hacemos efectivas cada día: parando desahucios, negociando con los bancos daciones en pago y alquileres sociales, y en los juzgados poniendo recursos para paralizar los procedimientos. Lo que exigimos es que el Congreso legisle para que no tengamos que estar batallando caso a caso y que eso sea realmente el derecho de todo el mundo.

El hundimiento de la legislatura

La expresión más cabal de la ramplonería política del Gobierno la encarnó ayer su presidente. Pese al carácter “dramático” de la EPA y la presentación -si bien muy parcial- del nuevo cuadro macroeconómico y del Plan Nacional de Reformas, Mariano Rajoy no se dignó comparecer ante la opinión pública. La vicepresidenta remitió su presencia a una futura sesión parlamentaria todavía sin fecha. Desde que el jefe del Ejecutivo declarase “quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad” (ABC de 2 de septiembre de 2012), y sostuviese que “incumplía sus compromisos pero no su deber”, parece sentirse libre de todo control interno -la oposición parlamentaria en España no existe- y sólo vinculado por los ucase de la troika. De ahí que no reparase -a fin de cuenta Rajoy carece de capacidad de empatía y dispone de una habilidad analítica bastante tosca y rutinaria- que ayer se le hundió la legislatura.

El naufragio que se produjo entre el jueves y ayer viernes no tiene que ver sólo con una EPA que sitúa el desempleo en más del 27% (y sobre la que recayeron términos tales como “vergonzosa”, “fracaso”, “inasumible” o “intolerable”), tampoco con el hecho incontestable de que en España la economía sumergida alcance más del 25% del PIB, ni siquiera con la constatación de una brutal crisis fiscal del Estado cuyo aparato recaudatorio sólo logra captar el 36,4% del PIB pese al aumento de la presión fiscal (IVA, IRPF, Sociedades…) y nos sitúa a la cola de Europa (por delante de Irlanda, pero por detrás de Grecia); ni tiene enteramente que ver con que -como consecuencia de lo anterior- el endeudamiento público alcance este año cerca del billón de euros, casi el 100% del PIB.

La campaña del PP contra la PAH: De la represión policial al acoso mediático y judicial

El PP y su entorno responden a la campaña de escraches de la PAH con una campaña mediática destinada a criminalizar al movimiento contra los desahucios. Entre otras, acusan a la PAH de tener relaciones con el “entorno de ETA”, amenazan con publicar la dirección de Ada Colau y anuncian denuncias.

por Pedro Antonio Honrubia Hurtado

En Kaos en la red

Que la campaña de “escraches” lanzada por la PAH contra los políticos del PP para presionar, por vía de la denuncia y la protesta social, a objeto de que no se recorte la ILP sobre los desahucios presentada por la plataforma en el Congreso con apoyo de más de un millón y medio de firmas, ha generado terror en las filas de los dirigentes del partido fundando por el franquista nunca arrepentido Manuel Fraga, es un hecho. Que tal hecho demuestra que es una vía efectiva para garantizar que los políticos de este partido, como de otros similares (UPyD, PSOE, CiU, etc.), actuando en nombre del terrorismo financiero, no vayan contra lo que es una demanda mayoritaria en la calle, una evidencia.

Montoro desmonta sus propias falsedades

El PP y sus coro mediático habitual llevan más de un año acusando a Zapatero de haber dejado las cuentas públicas hechas unos zorros. Ese ha sido el gran pretexto de Rajoy para incumplir, una detrás de otras, todas las promesas electorales que a finales de 2011 le abrieron las puertas del poder. Sin embargo, su estrategia ha saltado por los aires estrepitosamente como consecuencia de las revelaciones realizadas en los últimos días por el ministro de Hacienda.

La más importante de ellas es que, pese a su inmisericorde política de recortes, el Gobierno tampoco ha sido capaz de embridar el déficit conjunto de las administraciones. Antes al contrario, en 2012 rozó el 10% del PIB, medio punto más del que dejó Zapatero. La explicación de tan sonoro fracaso estriba en que el efecto de la rebaja del gasto y de la subida de impuestos se lo comió íntegramente el rescate bancario, cuya factura ascendió el año pasado a 40.000 millones de euros.

La otra revelación de Montoro es que en diciembre no tenía ni idea aún de cuál sería el déficit definitivo correspondiente a 2012. Cosa perfectamente verosímil porque, ya avanzado el mes de febrero, durante el debate sobre el estado de la nación, Rajoy sólo se atrevió a dar un dato aproximado. Lo cual echa por tierra la recurrente teoría de que Zapatero mintió a sabiendas sobre el cierre fiscal de su último ejercicio antes de dejar el palacio de la Moncloa en las navidades de 2011.

Rajoy hace el ridículo en Europa

Lo he dicho antes, pero debo repetirlo: Rajoy es un político del que no se conoce que haya dicho una sola verdad ni cumplido una sola promesa, pero esta vez se ha superado a sí mismo. No sólo ha mentido en las grandes cifras; además, ha quedado como el presidente más tonto de la Unión Europea, incapaz de conocer a tiempo las cifras que Bruselas tenía preparadas, cifras que le dejarían en evidencia. Aunque el tema ha sido mucho peor que el mero hecho de pillar a un tramposo: en un debate que se denomina, precisamente, del estado de la Nación, y en una nación al borde del abismo, Rajoy no ha tratado ni uno solo de sus grandes problemas. Ha sido unapelea dialéctica entre dos mediocres con mentiras al por mayor, un auténtico insulto a un pueblo cada vez más empobrecido y sin horizonte.

En primer lugar, ¿qué puede afectar más al futuro de una nación, una de las unidades políticas más antiguas del mundo, que su desintegración? Ciertamente, nada. Y ante la puesta en marcha de un proceso secesionista en Cataluña, la mayor amenaza de ruptura de España en sus 500 años de historia, Rajoy lo despacha con una ridícula mención a “deslealtad constitucional” sin mover un dedo para frenarla, ni explicar alto y claro lo que piensa hacer para obligar a cumplir con la Ley y la Constitución. Ni el PP ni el PSOE se molestaron en debatir el tema más crucial para el futuro de España como nación. ¡Qué vergüenza!

En segundo lugar, ante una crisis institucional generalizada, con un modelo de Estado inviable e intrínsecamente corrupto y una ley electoral antidemocrática, causas principales de nuestra ruina económica y social, Rajoy soslaya la cuestión cuandoRosa Díez le plantea someter a referéndum su reforma afirmando que “los españoles no quieren que ahora nos dediquemos a reinventarnos España, sino que la saquemos de esta crisis”. Si está tan seguro ¿por qué se opone a que se lo pregunten? Nepotismo, clientelismo, tráfico de influencias, despilfarro sin control y corrupción a todos los niveles, que es lo que supone el Estado de partidos, no tienen para el presidente nada que ver con la crisis.

Fascistas a sueldo de la Guardia Civil y la Policía

Emilio Hellín, desde espabila o muere, click para ir

¿Se imaginan qué dirían los portavoces de la AVT y del PP si la Ertzaintza contratara a un ex militante de ETA para que impartiera cursos de formación a sus agentes? Seguro que Francisco Alcaraz, el demócrata amigo de Ynestrillas, volvería a amenazar con que los suyos se tomarían la justicia por su mano ante semejante humillación a las víctimas. Sin embargo, ya sabemos que la extrema derecha española nunca se ha caracterizado por sus agallas a la hora de tomarse la justicia por su mano; siempre que pegaban un tiro a alguien se aseguraban antes la cobertura de los aparatos del Estado.

Hoy se ha publicado un estremecedor reportaje de José María Irujo que nos cuenta que Emilio Hellín, el ultraderechista miembro de Fuerza Nueva (el partido de Blas Piñar) que asesinó de dos disparos en la cabeza a la militante de izquierdas Yolanda González en 1980, imparte cursos en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y dirige una empresa que asesora habitualmente a las fuerzas de seguridad del Estado. El instituto depende de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior. Según se nos dice en el citado reportaje, algunos de los cursos se realizaron en 2008, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior, pero dudo que veamos al jefe del PSOE dar explicaciones sobre esto. Ya se sabe que si alguien protegió y amparó en nuestro país a los terroristas a sueldo del Estado, esos fueron los socialistas.

Valencia, siglo XX

Nevada en 1.960. Valencia

Mal asunto si un partido contraataca con calderilla: de inmediato se hacen más evidentes sus apuros. El PP, como admiten Arenas o González Pons, está cercado. Los tribunales y la supuesta corrupción ciegan la ventana de la regeneración democrática. Y la crisis económica no deja alternativas. Arenas y González Pons apuntan a otras fuerzas ocultas responsables del acorralamiento –hay medios que en lugar de dedicarse al oficio, se dedican a intentar mandar–, pero en todo caso son fricciones episódicas. Cuando un partido vive esas horas bajas en las coordenadas de la opinión pública y ha de segar el perímetro de la opresión, a veces comete errores de amplias magnitudes. Uno de ellos: disparar munición mojada para obtener oxígeno. ¿Qué hacer con esa pólvora secular que usaba ya Pancho Villa? Nada. Sonreir. Ni siquiera sirve como placebo.
En 1983, el número uno del PPCV, Alberto Fabra, y su número dos, Serafín Castellano, estaban comenzando la carrera superior y meditando cómo ubicarse en el mundo mientras González y Boyer nacionalizaban Rumasa. El número tres del partido, César Sánchez, con cinco añitos, identificaba aún los elementos del universo sensible y aleatorio. José Císcar, más mayor, acabaría de visionar en algún cineclub remoto el postrero pase del Acorazado Potenkim, y los ocho años de Javier Moliner apenas le daban para fundir en la memoria el estallido del «caso Naseiro», que acabó sacrificando a un juez valenciano –Aznar, en las memorias, se lo agradece a Álvarez Cascos– y al propio Naseiro, sin más percances o damnificados. El único que sabía de la existencia de Raimon, que era de su pueblo, y de los lances cinematográficos de Nadiuska era Alfonso Rus, sazonada ya la veintena.