Arde Valencia, y no por las Fallas

“No me gustaría nada estar en la piel de Fabra”, me decía hace unos días un alto cargo del PP en Madrid. No me extraña. Él sabe perfectamente el lío que tiene montado en uno de los principales graneros de voto del Partido Popular. A Fabra le han dicho que lo arregle y tiene el respaldo de Génova para meter en vereda al partido en la Comunidad, pero no sé si el experto en coaching le habrá explicado cómo se hace eso. Aviados vamos si el presidente de la Generalitat necesita de un entrenador personal para hacerse respetar…

Empieza a dar la impresión de que a Fabra le viene grande la limpieza a fondo que tiene que hacer para dejar aquello inmaculado como una patena. Tiene una docena de imputados sentados en el banquillo parlamentario y ninguno está dispuesto a largarse para dignificar un poco -aunque sólo sea un poco, por Dios-, la vida parlamentaria. El primero que se ha atornillado al sillón como si le fuera la vida en ello es Rafael Blasco, exconseller de casi todo y con un fondo de armario en lo que a chaquetas y causas judiciales se refiere que da para una enciclopedia.

Ahora, la propia Generalitat, a través de la Abogacía, pide que lo enchironen y lo inhabiliten de por vida, ¡manda huevos! Pero el tío aguanta ahí contra viento y marea, como si no fuera con él la cosa. Pensará que si José Blanco puede hacerle una peineta a la ética y la dignidad en la Carrera de San Jerónimo, por qué no él en la Plaza de Les Corts…(sic.) Mi garganta profunda me dice que Blasco ha amenazado a Fabra con abrir la caja de Pandora, o sea, contarlo todo, todo, todo, si le obliga a irse antes de la apertura del juicio oral.

Camps defenestró a la funcionaria que se negó a pagar facturas falsas de Urdangarin

La exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga, sale de los Juzgados.

La osadía le costó muy cara. Isabel Villalonga se negó a pagar, siendo subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, decenas de facturas que el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y sus sociedades satélite -entre ellas Aizoon SL, propiedad al 50% de la infanta Cristina de Borbón- le presentaron al cobro en 2006 por trabajos fantasma e informes copiados de internet. El yerno del Rey trasladó su protesta a Francisco Camps por los impagos acumulados, y el entonces president defenestró fulminantemente a la funcionaria, según han revelado a El Confidencial fuentes muy cercanas al PP de la Comunidad Valenciana.

Villalonga, funcionaria de carrera y en la actualidad secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia, es hermana de Fernando Villalonga, exconseller de Educación en el primer Ejecutivo autonómico de Eduardo Zaplana y ahora hombre fuerte de Ana Botella en la candidatura olímpica de Madrid 2020.

En vísperas de la Navidad de 2005, la Generalitat y el Instituto Nóos firmaron un convenio de colaboración por el que la entidad supuestamente “sin ánimo de lucro” se comprometía a conseguir que Valencia fuera la sede de los I Juegos Europeos a cambio de una minuta de seis millones de euros. Cuatro meses más tarde, periodo de tiempo durante el que Nóos se limitó a elaborar un puñado de informes sin valor alguno a base de burdos copia y pega de internet, Urdangarin comenzó a librar a la Generalitat “numerosas facturas pretendidamente acreditativas de los servicios prestados”.

Ni ETA ni cefalópodos: diez mitos y una verdad sobre el aborto

Mensaje en el vientre de una manifestante a favor del derecho al aborto, por Santi Burgos.

El debate del aborto echa chispas mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir. Porque anuncios ha habido muchos esta legislatura, más o menos confusos, pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura, cuando Gallardón sorprendió dando prioridad a la reforma.

Los clichés no funcionan siempre en este asunto, en el que se enfrentan lo ideal y lo razonable, visiones distintas de cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer, un peso histórico de la tradición religiosa frente al ejemplo de tolerancia legal en la mayoría de países avanzados. Muchos ingredientes para el simplismo, zonas grises, sensibilidades heridas. Personas que lo tienen muy claro no se han visto en el dramático dilema. Hay quien no aprueba el aborto, pero tampoco que se encarcele a quien llega a esa situación. No puede ser simple la solución a un problema complejo.

No es fácil debatir sobre el aborto tampoco dentro del PP. Buena parte de la derecha, la más laica, se echa las manos a la cabeza pensando en las consecuencias del plan de Gallardón para volver al aborto bajo prescripción médica rigurosa y sin aceptar como causa una malformación, por severa que sea. La idea de volver a ver a mujeres citadas al cuartelillo o sentadas en el banquillo chirría a muchos militantes y simpatizantes; también que se reabra el puente aéreo a Londres. Son muchos quienes no entienden que se abra ese frente, que no parece una prioridad de la ciudadanía, justo ahora, en un momento de emergencia económica y con demasiados conflictos abiertos.

Los dos portavoces parlamentarios del PP, Alonso y Hernando, se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; Cospedal evita apoyarlo; Rajoy y Santamaría no se mojan o son ambiguos. Luego aparece Fernández Díaz soltando eso de que “el aborto y ETA tienen algo que ver, pero no demasiado“. Faltaba la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que hoy se defiende más “a los cefalópodos y mamíferos porque sufren” que a los no nacidos. La parlamentaria que fue apercibida por el partido no fue ella, sino Celia Villalobos, multada por ausentarse del Congreso para no votar una moción del PSOE contra la reforma de Gallardón.

Un retroceso intolerable

Rouco Varela parece ser que está detrás de este retroceso a las catacumbas.

Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legales de los países de nuestro entorno, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el número de abortos —en contra de lo que algunos auguraron— y que goza del apoyo de la mayoría de españoles, según las encuestas de opinión. Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones más inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal Rouco Varela a la cabeza.

La reforma que ahora se plantea, cuyos perfiles resulta difícil conocer con precisión por las confusas y contradictorias explicaciones que han ofrecido hasta ahora sus promotores, amenaza a los españoles con una norma incluso más restrictiva que la Ley de 1985. Se trata de una decisión que no responde en ningún caso a una demanda social y que no dispone de ningún tipo de soporte jurídico. El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la antigua normativa y esta se adaptó a su criterio antes de entrar en vigor. Aún no se ha pronunciado sobre la ahora vigente, por lo que las pomposas disquisiciones sobre derechos o protecciones jurídicas de mujeres y no nacidos no tienen más fundamento que el retorcimiento de la realidad o la indisimulada voluntad de contentar a los obispos y al sector católico más ultra del partido en el poder.

´Los trenes del accidente eran muy saltarines y de suspensiones muy duras´

El secretario general del SIF y maquinista prejubilado de FGV reconoce que los sindicatos no se personaron en la investigación del accidente por falta de dinero.

Jorge Álvarez marga ferrer

Optó a las prejubilaciones del ERE en FGV pero hasta el lunes, tras participar en «Salvados», no le comunicaron el finiquito. Maquinista y sindicalista, es uno de los trabajadores de FGV que mejor conoce el accidente del metro.

LAURA BALLESTER ¿Qué detalles del accidente del metro se quedaron con ganas de investigar más?
Sobre todo que un tren laboratorio analizase la aceleración transversal del tren en el bache que había en el túnel en la zona de transición de vía sobre balasto a hormigón. Hubiese sido fundamental ver qué efecto tenía el deterioro de la vía sobre el vuelco.

¿Por qué? ¿Pudo influir?
Creo que el bache tuvo algo que ver en el hecho que el tren saltase de forma violenta de la via sin dejar apenas marcas. En las mediciones que hicimos los compañeros del comité de seguridad y de la Auditoría de seguridad en la circulación sobre el plano, en la transcripción de las cajas negras y en la descripción en imágen del mapa de velocidades entre Plaza de España y Jesús, todo indica que el bache es el punto exacto donde el tren despega de la vía, y no en la zona de curva.

¿Y cuando pidieron un tren labotario, qué les respondió FGV?
No nos concedieron el gasto extraordinario que suponía traer un tren laboratorio. Camps nos prometió un presupuesto para seguridad en la circulación de 3 millones de euros que se utilizó en comprar balizas y poco más. Pero no se investigaron a fondo las causas del accidente.

Entrevista a Ada Colau

Esta es una de esas entrevistas que no podemos dejar de leer, los escraches se han puesto de moda en España, criticados por unos, generalmente del PP, y defendidos por la gran mayoría.

Ada Colau es la responsable última de intentar concienciar a los afectados por las hipotecas para participar en esta práctica pacífica procedente de tierras hispano americanas.

Ada Colau (Barcelona, 1974) no para. “No sé lo que es un día tranquilo”, confiesa al llegar a la entrevista. Viene de otro plató de televisión y le espera un tren para regresar a Barcelona. Las últimas semanas han sido frenéticas para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de publicar junto a su pareja y cofundador de la plataforma, Adrià Alemany, su segundo libro titulado ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (Destino), en el que repasa los motivos que han propiciado la actual situación hipotecaria, ya explicados en Vidas Hipotecadas (2012), y relata cómo vivieron la admisión a trámite de la ILP presentada en el Congreso.

- El lema de la PAH en las manifestaciones es “Sí se puede, pero no quieren”. ¿Qué es lo que quieren?

Que haya un mensaje de desesperanza: que no hay nada que hacer, que todo es culpa nuestra y que nos merecemos lo que nos pasa. Frente a eso, la ciudadanía se está organizando y está demostrando que no es cierto, que unos son más responsables que otros. Con la ILP culmina un proceso en el que hemos interpelado a las administraciones y al Estado por todas las vías posibles y hemos demostrado cuál es la voluntad ciudadana, que apoya nuestras demandas, perfectamente posibles. Por eso decimos “sí se puede, pero no quieren”. Todo el mundo sabe lo que hay en juego y que no aprobar estas medidas supone un sufrimiento insoportable a miles de personas.

- Después de la votación en el Congreso, que deja fuera las medidas de mínimos que recogía la ILP, ¿sigue pensando que sí se puede?

Desde luego. El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha cedido a la presión de los bancos. Pero las medidas están más vivas que nunca. Por eso pedimos retirar la ILP, porque vamos a seguir defendiéndola en la calle, donde nació. Esas demandas nosotros las hacemos efectivas cada día: parando desahucios, negociando con los bancos daciones en pago y alquileres sociales, y en los juzgados poniendo recursos para paralizar los procedimientos. Lo que exigimos es que el Congreso legisle para que no tengamos que estar batallando caso a caso y que eso sea realmente el derecho de todo el mundo.

El hundimiento de la legislatura

La expresión más cabal de la ramplonería política del Gobierno la encarnó ayer su presidente. Pese al carácter “dramático” de la EPA y la presentación -si bien muy parcial- del nuevo cuadro macroeconómico y del Plan Nacional de Reformas, Mariano Rajoy no se dignó comparecer ante la opinión pública. La vicepresidenta remitió su presencia a una futura sesión parlamentaria todavía sin fecha. Desde que el jefe del Ejecutivo declarase “quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad” (ABC de 2 de septiembre de 2012), y sostuviese que “incumplía sus compromisos pero no su deber”, parece sentirse libre de todo control interno -la oposición parlamentaria en España no existe- y sólo vinculado por los ucase de la troika. De ahí que no reparase -a fin de cuenta Rajoy carece de capacidad de empatía y dispone de una habilidad analítica bastante tosca y rutinaria- que ayer se le hundió la legislatura.

El naufragio que se produjo entre el jueves y ayer viernes no tiene que ver sólo con una EPA que sitúa el desempleo en más del 27% (y sobre la que recayeron términos tales como “vergonzosa”, “fracaso”, “inasumible” o “intolerable”), tampoco con el hecho incontestable de que en España la economía sumergida alcance más del 25% del PIB, ni siquiera con la constatación de una brutal crisis fiscal del Estado cuyo aparato recaudatorio sólo logra captar el 36,4% del PIB pese al aumento de la presión fiscal (IVA, IRPF, Sociedades…) y nos sitúa a la cola de Europa (por delante de Irlanda, pero por detrás de Grecia); ni tiene enteramente que ver con que -como consecuencia de lo anterior- el endeudamiento público alcance este año cerca del billón de euros, casi el 100% del PIB.

Radiografía de una autonomía quebrada

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de España y Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana. / EL PAÍS

La Comunidad Valenciana está a un paso de convertirse en la Grecia española. La autonomía que el PP presentó como un modelo de gestión en los años de Gobierno socialista está hoy al borde del default.Los datos económicos referidos a las cuentas de 2012 han evidenciado que la Generalitat, que preside Alberto Fabra, será incapaz este año de cubrir el coste de servicios esenciales, como sanidad y educación, sin la aportación de fondos de rescate adicionales por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

El caso de la Comunidad Valenciana no es único, hay otras autonomías en situaciones similares, pero nunca antes había sido expuesto con tanta crudeza por parte del Gobierno valenciano. Su consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, no oculta su impotencia para sostener servicios básicos —solo el sostenimiento de la sanidad y la educación rondará los 9.000 millones de euros— con una financiación autonómica que este año rondará los 8.300 millones. “Hay que establecer una ruptura con el modelo de financiación existente basado en el statu quo y diseñar un nuevo modelo más simple y basado en criterios poblacionales”, señala Moragues.

La campaña del PP contra la PAH: De la represión policial al acoso mediático y judicial

El PP y su entorno responden a la campaña de escraches de la PAH con una campaña mediática destinada a criminalizar al movimiento contra los desahucios. Entre otras, acusan a la PAH de tener relaciones con el “entorno de ETA”, amenazan con publicar la dirección de Ada Colau y anuncian denuncias.

por Pedro Antonio Honrubia Hurtado

En Kaos en la red

Que la campaña de “escraches” lanzada por la PAH contra los políticos del PP para presionar, por vía de la denuncia y la protesta social, a objeto de que no se recorte la ILP sobre los desahucios presentada por la plataforma en el Congreso con apoyo de más de un millón y medio de firmas, ha generado terror en las filas de los dirigentes del partido fundando por el franquista nunca arrepentido Manuel Fraga, es un hecho. Que tal hecho demuestra que es una vía efectiva para garantizar que los políticos de este partido, como de otros similares (UPyD, PSOE, CiU, etc.), actuando en nombre del terrorismo financiero, no vayan contra lo que es una demanda mayoritaria en la calle, una evidencia.

La estrategia del silencio (43 muertos, 47 heridos, 0 responsables)

Según informa elmundo.es, la asociación de víctimas del accidente de metro de Valencia ha publicado (como hará cada día 3 durante los próximos meses) un nuevo capítulo del documental ’0 responsables’ con el que pretende denunciar las irregularidades que, según ellos, rodearon el siniestro del 3 de julio de 2006. En las imágenes se puede ver cómo un editor de Canal 9 reconoce que se dieron directrices desde el Gobierno de Francisco Camps para ocultar la tragedia que costó la vida a 43 personas.