Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se le complican las cosas

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (Reuters)

A uno de susprincipales acusadores, el sastre José Tomás García, se le ha eximido de cualquier responsabilidad. Hasta ahora, estaba imputado por falsedad documental, pero el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, se la acaba de retirar, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

El sastre había señalado por activa y por pasiva ante el juez que Camps no había pagado ninguno de los trajes que le hizo a medida tanto para la empresa Milano como para Forever Young. El pagador fue siempre Álvaro Crespo, en nombre de la empresa Orange Market, propiedad del cerebro de la trama Francisco Correa. Sigue leyendo

Génova presiona a Camps para ceder la presidencia a su consejero de Economía

Gerardo Camps (izq.) y Francisco Camps (dcha.) (Efe)

En la dirección del Partido Popular son conscientes de que dentro de muy pocos días, quizás en una semana o dos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reabrirá la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunando en un mismo juicio el caso de los trajes y los siete indicios de delito apreciados la semana pasada por el juez Antonio Pedreira. Entre ellos, la posible financiación ilegal del PPCV y otros posibles delitos de cohecho propio, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, blanqueo de capitales y prevaricación.

Ya no son solo cuatro trajes, gentileza de la empresa Orange Market y de su “amigo del alma”, Álvaro Pérez El Bigotes. En Génova consideran que en cuanto la justicia decida seguir adelante con el proceso, se habrá sobrepasado ya la línea roja que ha permitido hasta ahora que Mariano Rajoy no haya tomado aún decisión fulminante hacia el barón valenciano.  Pero la compleja operación de relevo ya está en marcha y, en efecto, la dirección del PP dejará caer a Francisco Camps para dar paso, hasta las próximas elecciones autonómicas, a otra figura de consenso que logre el apoyo de Madrid y de los diferentes sectores del PPCV. Un hombre que, según diferentes fuentes consultadas por este diario, podría ser el actual vicepresidente segundo y consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps. Sigue leyendo

La amenaza de cárcel pende sobre el entorno de Camps

De una amenaza de multa a la amenaza real de cárcel. El nuevo auto del juez Antonio Pedreira sobre la rama valenciana del caso Gürtel ha modificado de forma drástica el horizonte penal del presidente valenciano, Francisco Camps, y su entorno más cercano en la Generalitat y el PP. Seis de los siete delitos atribuidos en el auto judicial conllevan cárcel. La pena más alta se establece para el delito de soborno, castigado con hasta seis años de prisión cuando un funcionario o cargo público recibe un pago a cambio de cometer o permitir un acto ilegal. También acarrean cárcel el delito electoral (hasta tres años), el fiscal (cuatro), el de falsedad (seis), el de blanqueo (seis) y el de asociación ilícita (tres por cooperación).

Atendiendo a la relación estricta de cargos del PP a los que el auto achaca delitos concretos y tomando en consideración cinco de las siete figuras penales citadas (todas menos prevaricación, que no acarrea cárcel; y blanqueo, atribuible sólo a los miembros de la red Gürtel), el riesgo de cárcel se cierne sobre el siguiente grupo: el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general, David Serra; la tesorera, Yolanda García; la administradora de las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez; el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; y el ex director general de Canal Nou, Pedro García Gimeno. Hasta ahora, la sanción máxima a la que se arriesgaban Camps y los otros tres cargos que recibieron regalos de la trama era el pago de una multa de 72.000 euros por cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno. Sigue leyendo

Camps amenaza con romper el PP si Rajoy no le respalda

Fuentes populares han revelado a la SER que el president valenciano ha llegado a insinuar a sus interlocutores en Génova la posibilidad de fundar un partido regionalista.

Máxima tensión entre Camps y Génova. A pesar de las declaraciones oficiales, la distancia entre el político valenciano y la dirección de Rajoy se está resquebrajando por momentos. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes populares, Camps ha llegado a insinuar a sus interlocutores en Génova la posibilidad de romper el PP valenciano y fundar un partido regionalista.

Esa ha sido, según fuentes populares, la reacción de Camps, cuando se le ha dicho que el partido no puede asumir su fotografía sentado un banquillo como acusado. No es la primera vez que el presidente valenciano intenta ganarse el apoyo de Rajoy por la vía de la presión. Sigue leyendo

Impresentables

El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar “feliz”, “más feliz que ayer, más feliz“, hoy debe estar, como poco, pletórico.

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

Camps saca pecho

Camps y barberá, este miércoles.JUAN NAVARRO

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su “tranquilidad” y “seguridad” por una “gestión absolutamente honesta” en la Comunidad que está, sostiene, “acreditada a lo largo de los años”.

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, “absolutamente inocente” pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. “Yo me pago mis trajes”, aseguró el 10 de marzo de 2008.

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es “un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada” porque “no hay absolutamente nada”.

Traslado a Valencia

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante “la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid” y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía. Sigue leyendo

Los cinco favores de De la Rúa a su amigo Camps

Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV.EFE

La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reapertura del caso de los trajes ha anulado el cerrojazo en falso con que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendió no las tablas de la ley sino la tabla de salvación al presidente de la Generalitat. El archivo fue posible gracias al voto del presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, el juez más que amigo de Francisco Camps. En los meses precedentes, el tribunal que dirige De la Rúa ya había pergeñado un marco jurídico favorable al líder valenciano. Los pasos fueron estos.

1. Sólo los trajes. Admisión del caso

El 21 de abril de 2009, la Sala de lo Penal del TSJCV, ante quien el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, se había inhibido en lo relativo a Camps, se declaró de manera unánime competente para investigar. Pero sólo para investigar si Orange Market había regalado trajes al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP.

Garzón había alertado al TSJCV de que ya había indicios de financiación ilegal del PP, y reseñó datos concretos sobre el uso de dinero negro para pagar el congreso regional del partido celebrado en septiembre de 2002.

El tribunal valenciano hizo caso omiso y encorsetó la investigación: sólo indagaría si Francisco Camps había cometido cohecho impropio, la modalidad más leve del delito de soborno y castigada sólo con multa. Sigue leyendo

Se nubla el horizonte penal y político de Camps

El futuro político de Francisco Camps vuelve a estar amenazado en la medida en que las sombras vuelven a oscurecer su horizonte penal. No porque corra el rumor, lo propaguen sus adversarios o lo diga un periódico en línea editorial. La fuente es una sentencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Por cierto, la misma que juzga a Baltasar Garzón.

El alto tribunal explicó ayer por qué ha ordenado reabrir la causa seguida contra el presidente valenciano en el caso de los trajes que le regalaba Orange Market, franquicia valenciana de Gürtel. Solo por el hecho de aceptarlos Camps pudo haber cometido un delito de cohecho pasivo impropio, pues los regalos se hicieron en razón del cargo. Así se da la razón a la Fiscalía y al PSOE, que eran los recurrentes, y se le quita al TSJV (Tribunal Superior de Justicia de Valencia), cuya sala de aforados, presidida por el más que amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, había decidido el 3 de agosto el archivo de la causa. Sigue leyendo

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