Al estado colombiano, el maquillaje ya no le sirve

uribe1.jpgEl International Peace Observatory (IPO) es un movimiento social sin ánimo de lucro que hace acompañamiento físico, técnico y político a comunidades organizadas en Colombia. Debido a nuestro trabajo in situ, los integrantes de IPO hemos sido testigos de las violaciones de derechos humanos y agresiones contra las comunidades por parte de los actores armados (estado, paramilitares y guerrilla). El siguiente artículo fue escrito a base de un incidente que presenciaron el autor y otros miembros de IPO en el nordeste antioqueño, en el Magdalena Medio.

por Nico Udu-gama, IPO. 21 de diciembre de 2005.

 

Nos decían “gente maquillada”, haciendo referencia a los comentarios grandiosos de su pequeño presidente, Álvaro Uribe Vélez, cuando éste dijo que los ‘terroristas’ “…tienen que esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos”.

Esta vez, el 13 de octubre, en la finca campesina del “Despecho” en el nordeste antioqueño, zona de desarrollo de los últimos operativos de la “acción integral” del Ejército Nacional contra la población civil y no contra la insurgencia -estemos claros-, lo decía el sargento Blanquiceth, junto con el sargento Setina, del Batallón Calibío Lo decía porque estaban “putos”, pues los habíamos cogido, como dicen, “con las manos en la masa”: unos 30 soldados amontonados dentro y al lado de una casa civil, la familia atemorizada y callada, mientras unos cinco soldados extrañamente tenían al dueño de la casa en un pedazo de monte. Cuando exigimos ver al dueño, don Amilca Calles, lo sacaron rápidamente, tan rápido que al soldado que blandía el machete se le olvidó esconderlo. “¿Qué pasó?”, preguntamos, a lo cual los soldados insistieron que Amilca, delante de todos, dijera que no había pasado nada, y que sí (claro) les había regalado una novilla que valía unos 500 mil pesos. Como suele pasar, el campesino dijo sí, temiendo represalias por decir lo contrario. Para completar su montaje, lo obligaron a firmar el documento de buen trato , constatando todo lo que fue intimidado a decir.

Más tarde, ese mismo grupo les decía a los campesinos de la región que nosotros les habíamos “dañado el plan” y que no hacíamos sino “estorbar” sus trabajos. ¿A qué se referían?

Entendimos la semana después del extraño incidente, cuando hablamos con Amilca, el ejército ya retirado de la zona. Lo que nos contó me hizo erizar. Dijo que cuando llegamos a la finca, el ejército estaba a punto de degollarlo con un machete. Según ellos, contó, lo iban a matar por “auxiliador de la guerrilla”, y que ya tenían “en la sombra en Berrío” a ‘Bocamamita’, referiéndose al campesino Luis Sigifredo Castaño Patiño, asesinado el 7 de agosto de este año por el mismo batallón Así de confiados le dijeron. Y que él podía “reinsertarse” o morir. Como él no sabía nada de lo que pedían sobre la guerrilla, tenía que morir.

Hay más. Los soldados andaban con cuatro “reinsertados”, parte del famoso “plan de reinserción” del gobierno de Uribe. Utilizaban los nombres de guerra de ‘Raúl’, ‘Ronco’, ‘Bombillo’ y ‘Linterna’. Según los campesinos, ‘Raúl’ era una vez un arriero de la región, y trabajaba para Luis Sigifredo. El ejército lo cogió, lo obligó a servirle como “guía” y reinsertarse, ofreciéndole plata y casas, y el 7 de agosto, ‘Raúl’ los llevó a la casa de Sigifredo, un reconocido líder comunitario que había denunciado varias veces al ejército, y lo mataron, vistiéndolo con un uniforme y presentándolo como guerrillero del ELN dado de baja en combates. Lo mismo iban a hacer con Amilca. Horas antes, ese día, un campesino fue interceptado por el sargento Blanquiceth y su grupo, algunos fumando marihuana, quienes confirmaron que tenían que matar al viejo “hijueputa” (Amilca) del “Despecho”. Todo esto hecho bajo el auspicio de un mayor Tenjo, quien ha servido de coordinador para estas agresiones contra la población civil, desde la base militar que el ejército construyó en la vereda de Lejanías

En el nordeste antioqueño, como en otras partes del país, casos como éste se desarrollan a diario mientras que la política de “seguridad democrática” vendida por Uribe se encuentra en su momento más crítico. Desde que llegó al poder en el 2002, Uribe ha intentado demostrar que la fuerza militar es superior a la solución política, ganando el apoyo de una élite aterrorizada por una guerrilla fuerte y de algunos campesinos del país obligados a votar por y apoyar a Uribe bajo amenazas de la fuerza pública y paramilitares. En el campo y algunas partes de las ciudades, la “seguridad democrática” se traduce en un aumento de torturas, asesinatos, desapariciones, amenazas y masacres. (Para no ser tan críticos de la “seguridad democrática”, debemos mencionar que al menos la cifra de secuestros ha bajado dramáticamente, gracias a que el estado invierte millones de pesos en “caravanas turísticas” para que los ricos de Bogotá y Medellín puedan broncearse en la playa sin preocuparse).

Pero más allá de estas violaciones, una “guerra de baja intensidad” contra los movimientos sociales no está siendo registrada en las cifras oficiales y no-oficiales. Mientras que la atención del mundo ha estado concentrada en la supuesta “desmovilización” de los paramilitares, están llegando cada día más informes sobre la complicidad directa de las fuerzas públicas de Colombia en atrocidades. Es decir, ya no es necesario culpar a los paracos. Ya no es tan necesario que los soldados se pongan el brazalete de las AUC. ¿Cómo va a ser necesario, cuando a diario Uribe ‘Balas’ dice en sus numerosos consejos comunales y discursos napoleónicos que “no hay territorio vedado a la fuerza pública” y a la vez tilda a cada sindicalista, indígena, campesino, estudiante, manifestante, anti-TLCista, maestro, indigente, afrocolombiano, mujer y niño que se oponga al statu quo de guerrillero y enemigo del estado? Y entonces la lógica sigue con que el soldado, en todas partes del territorio nacional, debe combatir al enemigo, en todas sus formas, sin cuestionamientos. El plan es casi perfecto: mientras que Luis Carlos Restrepo abraza felizmente al ‘Mono Mancuso’ y mete a los paracos “desmovilizados” a las empresas de seguridad privada oficiales , el ejército -con más de 25 años de experiencia asesorando y defendiendo el experimento paramilitar- ya puede tomar las riendas en las zonas de control paraestatal, y, en zonas donde no tienen control, darle la mano dura (con la ayuda de los más de mil soldados y mercenarios gringos y su maquinaria en el país) a los “terroristas”. Cabe notar aquí históricamente en Colombia, las fuerzas militares siempre han hallado más fácil atacar a la sociedad civil en su proceso no-violento de reinvindicación que a la guerrilla en su proceso armado.

¿Los resultados? Los arrestos a decenas de líderes sociales en el Cauca Amenazas del ejército contra campesinos que han denunciado el Plan Patriota en Guaviare, Meta y Caquetá. En Cajamarca (Tolima), la masacre el 10 de abril del 2004 de cinco civiles -entre ellos, cuatro menores de edad- perpetrada por el ejército. En Bogotá, el 1 de mayo de 2005, la muerte de un joven manifestante a manos de la policía. En Arauca, el 5 de agosto de 2004, el ejército asesinó a sangre fría a tres sindicalistas. La masacre de San José de Apartadó: ocho víctimas -cuatro menores de edad- descuartizadas por el ejército el 21 de febrero del 2005. Luis Sigifredo, campesino muerto por el estado en el nordeste antioqueño, el día 7 de agosto de este año. Y los incontables crímenes que suceden todos los días en la sombra de la impunidad del estado colombiano

Pero dijimos que el plan era casi perfecto. Pero hay un obstáculo indiscutiblemente mucho más fuerte y peligroso para el gobierno de Uribe que la guerrilla. Son los miles de civiles cuyas únicas armas son su voz y su verdad. Los movimientos sociales no-armados siguen ganando fuerza (tanto de cantidades como moral) para luchar contra el militarismo y el neoliberalismo al cual sirve. En cada rincón del país, la misma represión y militarización de la vida hacen que la gente “se emberraque” más, denunciando un sinnúmero de agresiones constantemente. A este creciente descontento, y siguiendo la estrategia de “quitarle el agua al pez, el pez se muere”, el Estado responde con nuevas tácticas.

Cuando Uribe tomó el poder en 2002, anunció su intención de crear una red de informantes de más de un millón de ciudadanos, que fue vista como una ampliación de su proyecto piloto de paramilitares -Convivir- que gestionó como gobernador de Antioquia en los años 90 El nuevo plan contempla involucrar a la población civil en el conflicto armado interno, cualquiera que sea el costo social. La reinserción de los campesinos civiles está ocurriendo en el Magdalena Medio (como un ejemplo) a un nivel asombroso. Según el ejército, el informante -o eufemísticamente, el “cooperante”– es un “colombiano que quiere futuro y seguridad para su familia”, alguien que “ama a su país”. Dicen que su identidad será reservada con un “código” asignado y “se recompensará de acuerdo a los resultados”. Sin embargo, la versión que los campesinos nos han contado repetidamente es enormemente diferente. Cuentan que el informante es presentado con tres opciones: se “reinserta” como informante, se va de la zona, o se va a la cárcel o a la tumba. El ejército llega a la casa del campesino y primero lo amenaza por información sobre la guerrilla; a la vez convidándolo a “reinsertarse”, so pretexto de que su vida está en peligro y que le darán plata, vivienda y educación para sus hijos. Si el campesino se siente lo suficientemente aterrorizado, se somete a la reinserción y de inmediato, la oficina de prensa del ejército proclama que ¡otro guerrillero se ha desmovilizado! El campesino, entonces, tiene que entregar resultados para ganar plata, así que dice lo que el ejército quiere que diga sobre, más que todo, los líderes sociales en la zona; esto, cuentan los campesinos, es lo que pasó con alias ‘Raúl’ en el caso de Sigifredo. En otros casos, los verdaderos guerrilleros se reinsertan, y como no es cosa fácil encontrar la guerrilla en el monte, señalan también a los líderes sociales.

Si el campesino no acepta acogerse al plan de reinserción, como hizo don Amilca, hay otra táctica a la que puede acudir el ejército. Es bien sabido -y muy fácil de concebir- que dentro el ejército, hay presión para mostrar buenos resultados de la “seguridad democrática”. Cada combatiente ilegal dado de baja representa el cumplimiento de esa cuota, y muy posiblemente, un beneficio económico para los altos mandos. Entonces, cuando el ejército no encuentra guerrilla -como sucede ahora en el nordeste antioqueño (debido a la cantidad de ejército en la zona, la guerrilla se ha replegado)- lo más fácil es matar un campesino, vestirlo de guerrillero, y orgullosamente presentarlo a la prensa como un comandante o un tesorero de la guerrilla. Y la prensa se lo come, pasando fotos de un heroico soldado posando con su botín de guerra, el cadáver de un “combatiente”. El 7 de agosto de este año, pasó igual con don Sigifredo. Cuando el ejército lo llevó de la casa, vestía con pantaloneta, botas de caucho y una camiseta blanca; después de un combate simulado, se llevaron su cuerpo sin vida vestido con camuflaje. ¿Cómo podemos creerles cuando dicen que han dado de baja a no sé cuántos guerrilleros en el nordeste antioqueño o en Caquetá, Arauca, Cauca o donde sea? ¿Cómo nos van a asegurar que en su frustración no mataron a un campesino y lo vistieron de camuflaje?

¿Cómo lo pueden hacer?

Lo más seguro es que lo van a seguir haciendo. Hace pocos meses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio la luz verde para la comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia al renovar la certificación de derechos humanos para Colombia, a pesar de la inacción del estado colombiano frente la masacre de San José de Apartadó, entre otros. Recientes movimientos dentro el Pentágono, y con algunos congresistas, señalan la posibilidad de la creación de un nuevo fondo (casi $750 millones de dólares) que será manejado directamente por el Departamento de Defensa para “brindar apoyo militar en todo el mundo”, sin tener que buscar aprobación del Congreso El militarismo y doble moralidad de los Estados Unidos encaja bien con la política de “seguridad democrática” de Uribe, quien febrilmente quiere acabar con cualquier movimiento social para abrir el país a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pese al disminuyente apoyo entre la población Violaciones de derechos humanos, asesinatos, masacres, torturas, montajes, propaganda, informantes, falsos planes de reinserción, documentos de “buen trato” y camuflajes continuarán siendo el pan de cada día. El horizonte no se ve muy bien.

Nosotros tenemos, entonces, una tarea gigante por hacer. En los Estados Unidos, en el estado de Georgia, este año se vuelve a repetir, del 19 al 20 de noviembre, la vigila para cerrar la Escuela de las Américas (SOA, de donde más de 10 mil matones colombianos se han graduado, capacitados en tácticas militares y contrainsurgentes) (www.soaw.org). Hay que seguirnos oponiendo a los tratados de comercio, donde sea que se den, que ponen el mercado sobre el humano. Tenemos que acercar comunidades en resistencia en los Estados Unidos con comunidades en Colombia. Tenemos que hablar y discutir nuevas alternativas y estrategias de solidaridad con América Latina. En Colombia, desde IPO, les invitamos a que vengan y conozcan las realidades en las comunidades y que documentemos las agresiones contra las comunidades (www.peaceobservatory.org). Actualmente en Colombia, está creciendo un movimiento de la recuperación de la memoria, para que no olvidemos quiénes somos y la lucha y los muertos que hemos puesto. Tenemos que ser valientes, porque la situación da miedo.

Y sobre todo, tenemos que mostrar las verdaderas intenciones del gobierno de Colombia y sus aliados. La pregunta se debe hacer: ¿son estos incidentes que ocurren en todo el país las acciones de un gobierno democrático o de un estado terrorista? Allá en el nordeste antioqueño, los soldados no saben que aunque nos digan a nosotros “gente maquillada”, hace mucho tiempo ya la máscara y el maquillaje se le ha venido cayendo al gobierno de Uribe.

Fuente:  Prensarural

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5 comentarios

  1. Hey que ignorancia la tuya, que tristeza ver esta clase de montajes….

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  2. Ignorancia????
    Ese es el puot problema de este paìs….
    no es el ùnico ejemplo
    montaje????
    muereee

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  3. eres un tonto entediste estupido y ahorrate las palabras montaje

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  4. que tristeza que ninguno de los comentaristas, sepan en realidad que es la guerra en nuestro país, que las ONG’s extranjeras no entiendan que la vida de los colombianos no es un negocio, porque si ustedes vieran a los señores delas ONG’s extranjeras en el campo, parecen aves de rapiña detras de los soldados, para ver en que momento hablan un poquito duro para caerles en cima y decir que en Colombia los militares estan aliados con los paramilitares; no estoy diciendo que tolos militares sean unos santos, pero si vamos de vez en cuando a las veredas de nuestro país, la mayoría de estos soldados que protejen a nuestros conciudadanos son campesinos como a los que cuidan. Pero que tristeza como ellos no saben que es haber nacido en un país donde los extranjeros nos pusieron en esta situación, remontemonos a la conquista española ( Pueblos indigenas, vivían en paz hasta que llegaron a jodernos), desde ahi estamos jodidos y ahora como para abonarle un poquito a la vaina llegan sin fusiles pero con una lengua mas larga que la de un caballo, dizque con el mismo tema de los españoles de hace 500 años ayudar a estos pueblos olvidados de la mano de Dios, ahora con el tema de defender los derechos humanos, pero en realidad vienen detras de la platica del estado. Y no se dan cuenta que a los pobres pendejos que acusan son tambien victimas de este conflicto.

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