Bajo el terror del narco

México vive días de plomo y sangre. Los narcotraficantes, infiltrados en la policía y la política, han respondido al acoso del Ejército y los federales con una guerra sin cuartel. Nadie está a salvo

PABLO ORDAZen El País

Baja la voz, mira de soslayo a una pareja que toma café en una mesa vecina y suelta la pregunta:

-¿Le han contado lo que pasó en una peluquería de Culiacán?

El ruido de un helicóptero del Ejército volando muy bajo interrumpe todas las conversaciones en la plaza de Morelia, capital del Estado de Michoacán. La ciudad colonial está tomada desde que, la noche del 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del grito de la Independencia, dos granadas lanzadas contra la multitud causaran la muerte de nueve personas e hirieran a un centenar. Los soldados y los policías, algunos de ellos encapuchados y portando rifles R-15, se cruzan con vendedores de globos y parejas de adolescentes que se dan la mano. Un segundo helicóptero sigue el rastro del primero. Ya nadie levanta la vista. En una esquina de la catedral -frente al Palacio de Gobierno- siguen encendidas las velas que los vecinos plantaron para honrar a las víctimas del primer atentado narcoterrorista de la historia de México. La noche se va tiñendo de los destellos azules y rojos de los coches de policía.

-¿Dónde?

-En una peluquería de Culiacán, en el Estado de Sinaloa…

El peluquero está atendiendo a una clienta habitual. Una segunda mujer aguarda su turno hojeando una revista. La clienta se queja con amargura de la ola de violencia inusitada que padece México, y muy especialmente algunos Estados norteños. Entre ellos, la ciudad de Sinaloa, cuna de los más afamados narcotraficantes; un lugar donde la mitad de los muertos lo son por bala y donde los jóvenes sicarios caídos en combate descansan bajo mausoleos de mármol adornados con sus retratos. Hay murales de hasta cinco metros en los que se les puede admirar empuñando un cuerno de chivo (el famoso rifle AK-47) o posando ante la avioneta Cessna que pilotaban cargada de droga. La mujer se queja en la peluquería de lo que todo el mundo se queja en México. «Los narcos ya no sólo se matan entre ellos». En su loca carrera por el control de las plazas, en sus enfrentamientos casi diarios con el Ejército, ya no les importa que caigan inocentes. El caso más doloroso es el de Creel, un pueblo turístico del Estado de Chihuahua. Un bebé y 12 adultos fueron acribillados con proyectiles capaces de agujerear blindados. La gente recogió del suelo 170 casquillos. Y mucha sangre. La policía no llegó hasta mucho después. Sospechosamente, no había ningún policía cerca. El delito de las víctimas fue cruzarse en la calle principal del pueblo con dos jóvenes sicarios en el mismo momento en que un cártel rival les estaba dando alcance. Ciento setenta disparos.

-Aquí ya no se puede vivir -se queja la clienta ante su peluquero-, ni siquiera podemos dejar que nuestros hijos jueguen en la calle. Y todo por culpa del maldito narco…

Es en ese momento cuando la segunda mujer, que ha permanecido en silencio todo el tiempo, levanta la mirada y dice una palabra, una sola, dirigiéndose al peluquero:

-Rápela.

El hombre, asustado, intenta mediar, pero la orden repetida es muy clara. Sobre todo porque viene subrayada por una pistola que la mujer acaba de sacar del bolso.

-Rápela.

Sólo cuando se cerciora de que el peluquero ya ha empezado a cumplir su orden, la desconocida se levanta y se dirige a la puerta. Antes de marcharse, encara a la mujer y le advierte:

-Y no se ponga peluca. Que si se la pone, la mato.

El policía, sentado bajo los soportales de la plaza de Morelia, sonríe con la historia. Dice que, iguales o peores que ésa, tiene todo un repertorio. Historias de terror que demuestran que el narco mexicano -aquí todo el mundo lo pronuncia así, «el narco», en singular- está dejando de ser un asunto lejano, un mito refugiado en las mansiones inaccesibles de la tierra caliente de Michoacán o en los narcocorridos de Los Tigres del Norte. El narco se hace cada día más presente en la vida diaria de muchos mexicanos. «Y la razón es muy sencilla y muy complicada a la vez», explica el agente, «pero no se apure, yo se la voy a explicar».

Su análisis coincide con el de otras fuentes consultadas, y, aunque lleno de matices, se puede resumir así. Los narcotraficantes mexicanos cada vez tienen más problemas para mover la droga por México y para introducirla en Estados Unidos. De lo primero tiene la culpa el Gobierno de Felipe Calderón, que está haciendo de la lucha contra el crimen organizado el eje de su legislatura. Se ha empeñado en limpiar de corruptos la policía -tarea nada fácil; dicen los estudios que el 80% lo es-, y entretanto ha embarcado al Ejército en la guerra contra los cárteles. La segunda dificultad con la que se encuentran los narcos -el declive del comercio hacia el norte- tiene a su vez dos motivos: los controles fronterizos cada vez más difíciles de sortear y un descenso muy acusado de la demanda de cocaína en Estados Unidos. El resultado de todo lo anterior es que grandes cantidades de cocaína se están quedando en México. Para abrir mercado, los cárteles la están distribuyendo a precios tan asequibles que ya son muchos los mexicanos -sobre todo los más jóvenes- que se están enganchando. Las principales organizaciones se han fragmentado en otras más pequeñas y ya no miran tanto hacia fuera como hacia el mercado interior. Más que mantener abiertas las tradicionales rutas de paso, lo que les interesa ahora es hacerse con el control de los Estados y de las ciudades. Pueblo a pueblo. Plaza a plaza. Del narcotráfico al narcomenudeo. Para ello necesitan controlar a los políticos locales y mantener a raya a las bandas rivales. Para lo primero necesitan mucha plata. Para lo segundo, mucho plomo.

La pareja vecina se levanta, da las buenas tardes y se va. El policía federal -adscrito a una unidad de investigación- saca un lápiz de memoria y lo introduce en el ordenador portátil del reportero.

-¿Quiere ver cómo actúa el narco aquí en Michoacán? Pero no se me vaya a desmayar…

Lo primero que aparece en la pantalla del portátil es un letrero que pone: «La Familia. Informe confidencial». La Familia es el nombre del cártel más poderoso que opera en Michoacán. Lo segundo, una fotografía. En ella se ven las cabezas de cinco hombres jóvenes cortadas de un tajo, todavía con sangre, desperdigadas por el escenario de un club de strip tease de la ciudad de Uruapan. «¿Quieres ver más o ya tienes suficiente?». Sin esperar respuesta, el agente va recorriendo con el cursor todo el informe. Hay más fotografías. Y un apartado muy extenso dedicado a los narcorrecados. Junto a cada ajusticiado, La Familia deja un cartel con los motivos de su asesinato (por soplón, por no respetar a La Familia, por no respetar los acuerdos), con los nombres, apellidos y mote de los próximos en la lista negra (policías, políticos, periodistas, sicarios de cárteles rivales) y con la firma inconfundible: «El odio no se olvida. Esto es justicia divina. Atentamente, La Familia de Michoacán». Pero hay otro apartado en el informe que impresiona aún más que la imagen de los ejecutados. Es el que resume el poder del grupo armado. Opera en 87 de los 113 municipios del Estado de Michoacán. Controla directamente los cabarés, las máquinas tragaperras, el negocio millonario de la piratería, muchos de los 2.100 puntos de venta de droga que hay en el Estado, los aserraderos ilegales, la venta de armas… Y ofrece protección obligatoria a los dueños de gasolineras, a los productores de aguacate, a las tiendas de comestibles… La tarifa, de 2.500 a 25.000 dólares. En efectivo. No se admite el no.

-Hace unos meses -cuenta un abogado de Morelia- vino a la ciudad un espectáculo muy famoso en todo México. Disculparás que no te dé el nombre. Lo cierto es que, cuando lo estaban montando, unos tipos visitaron al empresario y le ofrecieron su protección. El hombre, ajeno al día a día de aquí, les dijo que muchas gracias, pero que no la necesitaban, que él ya contaba con la policía y con la Cruz Roja en caso de incidencias. Ellos le respondieron que no era suficiente, que su espectáculo necesitaba que lo protegieran. «Pero, ¿de quién?», se atrevió a preguntar el empresario. «De nosotros», fue la respuesta… Tuvo que pagarles 5.000 dólares. Y el espectáculo, claro está, se desarrolló sin incidentes.

Sabiendo todo eso -no en vano él nació aquí, y aquí sigue viviendo su madre y su hermano-, el presidente Felipe Calderón puso a Michoacán en la mira de la policía federal y del Ejército. No sólo para combatir el narcotráfico, también -o sobre todo- para intentar evitar la desaparición paulatina del Estado a favor de los cárteles. Se produjeron aprehensiones importantes de droga y armas, se produjeron detenciones, y aun así el crimen organizado fue capaz de secuestrar a plena luz del día a Maribel Martínez Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Uruapan -a 45 minutos en coche de Morelia-. Se la llevaron a tiro limpio cuando salía de un acto en la Casa de Cultura. Hirieron de gravedad a un escolta y a dos policías. En toda la prensa local está el presunto motivo de la acción: «La Familia financió la campaña electoral del presidente municipal, Antonio González. A cambio querían que la dirección de Seguridad Pública, la de Obras Públicas, la feria y el palenque cayesen en hombres de su confianza. González -que pertenece al PAN, el mismo partido que sostiene al presidente de la República- no cumplió sus compromisos con la mafia y le están pasando la factura». Maribel Martínez lleva dos meses secuestrada. Según fuentes de la policía, aún sigue viva.

Así estaban las cosas cuando, a las once de la noche del 15 de septiembre, dos granadas estallaron frente al Palacio de Gobierno de Morelia. El primer atentado narcoterrorista de la historia de México se llevó por delante a nueve personas y dejó malheridas a más de cien. Pero, además, destapó las vergüenzas de un país que sangra por todos sus poros. En los días siguientes al atentado se fueron conociendo detalles que no aguantarían por fantasiosos en la novela más disparatada. El gobernador, Leonel Godoy, sabía que los narcos habían amenazado con atentar contra el desfile del día 16, pero -al menos de forma oficial- no se preocupó de reforzar la seguridad la noche del 15. Un destacamento de policía cuya misión era confundirse de paisano entre la multitud para evitar altercados no se presentó en la plaza. Uno de los jefes recibió una llamada misteriosa y la obedeció en bloque. Hay vídeos donde se ve a policías de élite alterar la escena del crimen y lavarse después las manos con una lata de refrescos. Un buen número de testigos aseguran que los que aventaron la granada iban vestidos de uniforme negro -muy similar a los que viste el Grupo de Operaciones Especiales- y que a uno de ellos le llamaban El Zorro, pero ninguno de esos testigos es policía. A las pocas horas del crimen -y para remate de macabro surrealismo-, el cártel de La Familia colocó pancartas por toda la ciudad de Morelia condenando el atentado, asegurando que no habían sido ellos y comprometiéndose a «investigar los hechos». Todavía hoy, junto a las velas encendidas en el lugar del atentado, hay una pancarta gigante pegada en el suelo que pone «Paz», y que está firmada por La Familia. Nadie, ni de uniforme ni de paisano, se ha atrevido a quitarla.

-Pero, ¿fueron ellos?

-Tal vez. O tal vez fueron Los Zetas [una banda de sicarios en guerra abierta con La Familia]. O tal vez no fueran los narcos…

Los fantasmas andan sueltos por un país que se conoce al dedillo el árbol genealógico de sus narcotraficantes. A dos semanas del atentado, nadie sabe a ciencia cierta ni quién ni por qué atentó de esa forma en Morelia. Hay quien dice que fue un aviso para Calderón: somos capaces de atentar a tres cuadras de la casa de tu madre. Y hay quien -citando fuentes de mucha solvencia- asegura que la llamada de atención era para Leonel Godoy, el gobernador de Michoacán, en recuerdo de alguna oscura deuda pendiente con La Familia. Otros se inclinan por apostar que el toque de advertencia es para el Ejército: miren qué podemos llegar a hacer si ustedes siguen presionándonos. Porque el Ejército -y en esto todo el mundo coincide en México- se ha convertido en el principal bastión de Calderón en su lucha desigual contra el narcotráfico. Hasta los más cercanos -eso sí, en privado- reconocen que el presidente de la República pecó de ingenuo o de atrevido cuando anunció la guerra abierta contra el narco. «Todos estamos contra él. Y desde luego limpiar el país de delincuentes es vital para nuestro futuro. Pero sí, tal vez debió contar las balas de que disponía antes de sacar la pistola», comenta un dirigente del PAN -el partido del presidente-, sin duda alarmado por el desgaste

Todos los días, en los principales periódicos de México aparece un recuadro con dos cifras. El Universal titula el recuadro «Bajas por narco». La primera cifra se refiere a los muertos el día anterior. El miércoles pasado cayeron ejecutadas o fruto de tiroteos 25 personas. La segunda informa del total. En lo que va de año, en México han muerto asesinadas 3.337 personas. Debajo de esas dos cifras suele haber una columna -no más de 30 líneas- en la que se resume lo sucedido el día anterior. La que El Universal publicó el miércoles se titulaba Pepenador halla cráneo en Juárez. Un pepenador -como bien explica un diccionario al que en México se le saca más partido que en España- es una persona que rebusca entre los desperdicios. El texto decía así: «La espiral de violencia en Chihuahua dejó 11 homicidios y un policía municipal levantado [secuestrado] en las últimas 24 horas. En Ciudad Juárez, un grupo de hombres encapuchados acribilló a balazos a Miguel Ángel Ramírez y a Efraín Gallardo Ramírez, quienes viajaban en un automóvil Cadillac. En otro caso, Francisco Cevallos Gálvez murió baleado frente a su esposa e hijo. Y Félix Antonio García Ramírez, de 17 años, falleció en un hospital, al que ingresó herido de bala. En el basurero municipal de Ciudad Juárez, un pepenador halló un cráneo que aún tenía la piel en el rostro. El cuerpo no ha sido localizado. Mientras que en las inmediaciones de la capital chihuahuense se localizaron cinco cuerpos del sexo masculino…». Lo anterior es sólo el 30% de una columna perdida en el periódico. Sólo cuando el crimen alcanza connotaciones especiales viaja hasta la primera página. Y, para desgracia de los mexicanos, el mes de septiembre ha sido especialmente negro. Una camioneta llena de hombres sin cabeza. Veinticuatro jóvenes abandonados en La Marquesa -un parque natural a las puertas de Ciudad de México- maniatados, torturados y con el tiro de gracia. Un motín en Tijuana con un número de muertos y desaparecidos aún por determinar…

La delincuencia organizada y la desorganizada parecen haberse confabulado para convertir el país -y muy especialmente el Distrito Federal- en un lugar poco recomendable. A las cifras de los más de 3.000 ejecutados se unen las víctimas de secuestros para cobrar rescate. Según cifras oficiales, en lo que va de año han sido secuestradas 650 personas, y, de ellas, 130 aún continúan en poder de los criminales, nadie sabe si vivas o muertas, a la espera de acordar el precio del rescate. Pero esa cifra está seguramente muy por debajo de la real. Todo el mundo sabe aquí que denunciar sirve para muy poco, que el 85% de los hechos delictivos se quedan sin resolver y que acudir a la policía es a veces más peligroso que lanzarse en brazos del atracador. De hecho, algunos bancos -uno de ellos el Santander- recomiendan a sus clientes que, en caso de ser parado por una patrulla, lo primero que se tiene que hacer es echar el seguro «de todas las puertas del auto».

El presidente Calderón se ha pasado la semana en Nueva York. Allí ha vuelto a solicitar la complicidad -y los fondos- del vecino del norte para ganar la batalla al narcotráfico. En el país, mientras, los miembros de su Gobierno relacionados con la seguridad han sido vapuleados por la oposición, que -a su manera- también les pide plata o plomo. Solución o dimisiones. Ante el acoso, uno de los hombres fuertes del Gobierno, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, llegó a reconocer desde la tribuna de la Cámara de Diputados: «No podemos garantizar la seguridad. Las policías están infiltradas por el crimen organizado. Y por eso, hasta que no lo solucionemos, ni podremos garantizar la seguridad, ni gozar de la confianza de los ciudadanos».

Mientras el alto representante del Gobierno pronunciaba tan sincera declaración de impotencia, ¿dónde estaban los mexicanos? ¿Escondidos debajo de la cama? ¿Encerrados en sus casas con siete vueltas de cerrojo? ¿Tal vez cruzando la frontera despavoridos? Nada más lejos de la realidad. Es verdad que la preocupación crece y que ya hay empresarios que están intentando poner sus vidas y sus haciendas fuera de peligro, pero la realidad que retratan los datos y los periódicos no es toda la realidad. México sigue siendo un país amable, caótico en el tráfico y exquisito en las formas; de una belleza difícilmente igualable; colocado en un lugar fundamental para el futuro de América y, quizá a partir de ahora, concienciado más que nunca del peligro que el narco entraña para su propio desarrollo. Una corriente, aún tímida, de indignación ha empezado a recorrer el país. Unas velas encendidas en la plaza de Morelia. Una manifestación de unos miles de personas en el Distrito Federal. Una presión casi unánime de los medios de comunicación para que el presidente Calderón, una vez destapada la caja de los truenos, no caiga en la tentación de pactar o claudicar ante el terror.

El narco -tan celebrado hasta ahora en novelas y corridos- ya no sólo asusta a los que son como él. Su miedo se ha desparramado, ha bajado a la calle, y los mexicanos, colocados frente al espejo, empiezan a tener miedo de su imagen ante sí mismos y ante el mundo.

Hay un cartel a la entrada de Ciudad Juárez -donde este año ya han muerto ejecutadas más de mil personas- que explica muy bien esa preocupación, ese miedo a infundir miedo:

-Bienvenido a Ciudad Juárez. No somos como dicen que somos.

La histórica corrupción policial

ANTONIO O. ÁVILA 28/09/2008

El 4 de junio, en Ciudadde México, un comando de delincuentes vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigadores secuestróa Fernando Martí (14 años); luego Le asesinó, a pesar de haber cobrado su rescate. Al frente de la operación estaba supuestamente Lorena González, una agente federal a las órdenes de un ex policía secreta. Éste es un botón de muestra de la penetración del crimen en la policía.

Ernesto López Portillo, director del Instituto de Seguridad y Democracia, considera que el fondo del problema es que «la policía mexicana nace de un pacto histórico por el cual garantiza lealtad a los políticos a cambio de impunidad». Diversos analistas señalan que durante años el crimen organizado penetró en municipios y pagó campañas electorales de alcaldes a quienes posteriormente impusieron los jefes policiales. En este escenario, la policía ha quedado al margen de la modernización del Estado y se mantiene a cargo de la seguridad pública sin un apoyo real e institucional, con salarios por debajo de los 1.000 euros.

La telaraña policial mexicana la componen unos 1.600 cuerpos, entre federales, estatales, municipales y grupos de seguridad privada. No existe una policía nacional, y la federal no cuenta con efectivos ni mandato judicial para actuar frontalmente contra las bandas delictivas en todo el país, amén de que se encuentra penetrada por criminales.

López Portillo insiste en que «nadie se responsabiliza de las malas conductas de centenas de miles de policías a lo largo del país. Nadie es responsable formal de que la mayoría, según informa el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no conozca las normas que debe aplicar.

Las viejas rutinas son más fuertes que cualquier interferencia para abatirlas: cursos, tecnología, armamento, equipo…».

Ante la corrupción y fragmentación de la policía, el presidente Felipe Calderón ha echado mano de miles de soldados para combatir al narcotráfico, pero los militares no pueden -impedidos por ley- investigar. Las soldados acompañan como refuerzos a los agentes, pero en realidad ellos son los únicos que saben en qué consiste la misión: nadie confía en los policías.

El ombudsman José Luis Soberanes sostiene la necesidad de «una reingeniería de los cuerpos policiales para terminar con la protección que desde dentro de ellas tienen las bandas del crimen organizado, y limpiarlos de quienes, amparados en el cargo de servidores públicos, se desempeñan en realidad como delincuentes». El objetivo es terminar con la impunidad.

2 respuestas

  1. no mamen si todos los federales son unos rateros pinches batos k no tienen k comer y le rovan a la jente lo k le ven pinchis batos rateros creo mejor en los narkos deperdis no te roban dinero y se matan entre eyos y no matan a tanta jente inosente como los federales

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  2. para matar a los malos primero hay que conseguir que los que los maten sean buenos…

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