La policía registra la Diputación alicantina, la casa de su presidente y el Ayuntamiento de Orihuela por la trama del ‘soborno de la basura’ | Hay cinco detenidos, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, que viaja de Pamplona a Alicante para declarar.
La Policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela. La detención se produce en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la Diputación y municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Orihuela.
Así, efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante registran desde primera hora de esta mañana las dependencias de la corporación provincial. Además, los agentes se han desplazado hasta el domicilio del presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll.
La policía ha detenido a Ripoll y lo ha conducido a la sede de la Diputación. Posteriormente será trasladado a dependencias policiales para prestar declaración.
La operación policial parte de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante.
Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales.
La Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia, así como en el del empresario afín al PP, Ángel Fenoll.
Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.
Los agentes han detenido, además, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.
La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.
Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar «exclusivamente» uno de los despachos correspondiente a un empleado «con responsabilidades», han informado fuentes próximas a esta mercantil.
La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que «desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial. El constructor y máximo accionista del Hércules se encontraba en Pamplona con motivo de los sanfermines y viaja ahora a Alicante para ponerse a disposición de la policía.
Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.
La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.
David Pamies en Levante-emv
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