¿Reforma laboral o financiera?

Es paradójico que los economistas y voceros que negaban la burbuja inmobiliaria sean los mismos que ahora, reconocida ya esa burbuja, piden la reforma laboral para abaratar costes y, con ello, seguir disfrutando de mayores beneficios… sin valorar las consecuencias que se pueden derivar si se pierde la confianza. Por eso, desde mi punto de vista (y desde el mío también), lo más urgente es reformar el sistema financiero, que después de hacer tambalear el sistema y de aceptar ayudas del Estado para reparar sus errores, imponen avales imposibles de cumplir a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos, empeorando su falta de liquidez y olvidando que ellos representan el 85% de los puestos de trabajo existentes. Por lo que urge una solución rápida a ese problema.

Los Portavoces de la Confederación Empresarial (CEOE) alegan que en nuestro país existe rigidez en el mercado laboral. Tres son las variables que se utilizan para avalar una posible rigidez en las relaciones laborales: a) La participación de los sindicatos en la negociación colectiva; b) la participación de la Administración en el control de los expedientes; c) los despidos con causa. Pues bien, los tres forman parte de directivas comunitarias, aunque los voceros de la reforma tal vez estarían contentos de que se eliminaran, no alguno, sino los tres.

Por eso cabe preguntarse: ¿la reforma laboral, es necesaria?. Yo diría que sí, pero en el sentido contrario a lo propuesto por la CEOE. Seamos serios, el problema del mal llamado mercado laboral no es reducir aún más la condición, el salario y el estatus de los trabajadores, al contrario, una mano de obra mal pagada nunca será una buena solución para nuestra moderna pero manejable estructura productiva, las nuevas tecnologías requieren trabajadores capacitados y, si nos damos cuenta, muchos de ellos están emigrando. La realidad indica la necesidad de elevar más los salarios, especialmente los más bajos, y también la productividad, para ser más competitivos en todos los niveles y no sólo en beneficios empresariales: a más ingresos en los hogares más consumo interno, más compras, más puestos de trabajo se crean. Además, esos puestos deben de ser de calidad y ello pasa por fomentar la contratación indefinida, pasa por considerar a los trabajadores parte integrante de la empresa, implicarlos en los objetivos y, salvo imprevistos, saber que tienen el puesto seguro hasta la jubilación. Se necesita crear más confianza, en la empresa y fuera de ella. ¿Cómo se puede comprometer un trabajador en la compra de una vivienda, o de un coche, si no tiene un puesto de trabajo con garantías?. ¿Cómo van a invertir en nuestro país si nosotros mismos no somos capaces de vender una imagen de tranquilidad y de confianza?.

Respecto a los argumentos de que los costes salariales y el despido son elevados, deberían explicar con qué países nos quieren comparar: ¿tal vez con China?, donde sus derechos laborales están muy lejos de los establecidos en Europa. Si fuera así, el salario actual debería bajar hasta quedarse en el 33%, ¿es eso lo que quieren?. ¿O prefieren compararnos con Checoslovaquia?, un país emergente y cargado de ayudas y bonificaciones, como antaño se hizo con el nuestro. Esa táctica de comparar entre Estados diferentes ya se hizo entre el Reino Unido y España para hacer retroceder los derechos laborales de los británicos. Por tanto, a la hora de comparar, la objetividad requiere tomar como referencia a países de nuestro entorno. Y los datos, al alcance de todos, son muy contundentes. El salario mensual medio en la Europa de los 15 está en 3.466 €; en la U.E. de los 27, en 2.450 €, y en el Estado español, en 2.387 €. Respecto a los costes laborales, dentro de la U.E. se sitúa en primer lugar Bélgica, con 35’90 € de coste por hora trabajada, seguida de Suecia, 34’60 €; Dinamarca, 33’50 €; Alemania, 33 €; Francia, 32’30 €; Luxemburgo, Holanda, Austria y Finlandia, 30’15 €; Reino Unido, 27’40 €; Irlanda, 25’40 €, e Italia, 23’80 €. El Estado español ocupa el puesto 13, con un coste laboral de 19’60 €. Por detrás, Grecia, con 15’30 €; Chipre, 12’30 €, y Eslovenia, 11’30 €.

Nuestra productividad media en el año 2.000 era de 100, y en 2.008, de 107, lo que nos sitúa por delante de diversos países de la UE (por ejemplo, en Dinamarca no pasan de 102). Nuestra jornada laboral real es de 41’1 horas semanales; Irlanda, 39; Bélgica y Alemania, 38; Dinamarca, 37; Francia, aunque mantiene la semana de 35, la real se sitúa en 37’6. Nuestra cotización total (directa e indirecta) se sitúa en el 37’1 % del PIB, idéntica a la media europea. Referente  a la rigidez salarial, una tercera parte del salario percibido en nuestro país es variable (complementos y pluses), en la UE no se supera el 20%.

Y sobre el coste del despido, la mayoría han sido los llamados objetivos, cuya indemnización a las Pymes con menos de 25 trabajadores es de 12 días por año, siendo el resto a cargo del Fogasa y la finalización de contratos se finiquitan con 8 días por año. ¿Es ese el grave problema de nuestra economía?.

Esta crisis está provocada por el sistema financiero y agravada por la burbuja inmobiliaria (construir en 8 años las viviendas que se necesitan en 20) y, por tanto, eso nada tiene que ver con el Derecho del Trabajo, que debe permanecer como está y en todo caso mejorar. Las propuestas de la CEOE y sus voceros nos situarían en niveles casi tercermundistas, incompatibles con la Unión Europea a la que pertenecemos de hecho y de derecho y, por tanto, merecen ser rechazadas.

Enric Blay i Tomás.

Graduado Social.

Domingo 26 de diciembre de 2.010

Levante.- emv. Edición impresa.