Jóvenes contra la ruina del sistema público de enseñanza

El Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, junto a la delegada del Gobierno, Paula Sanchez de León, durante la rueda de prensa ofrecida el pasado día 20. / Juan Carlos Cárdenas (Efe)

La brutal actuación de las fuerzas policiales contra la concentración de estudiantes en las calles de Valencia en la tarde-noche del lunes ha desatado una ola de indignación social que ha trascendido los límites de la ciudad mediterránea y de la Comunitat Valenciana. La evidente desproporción entre la violencia empleada por los efectivos policiales y la actitud mostrada por los jóvenes manifestantes sorprendió desde un principio a testigos directos y a todos cuantos vieron las imágenes difundidas casi en directo en las redes sociales y en la web, desde colectivos sociales hasta los partidos parlamentarios. También al propio Gobierno.

¿Qué sucedió?. En instancias oficiales consideran, sin reconocerlo públicamente, que la situación se les fue de las manos a los mandos policiales, empezando por el propio jefe superior de policía de Valencia, Antonio Moreno, sin que haya una razón concreta. O tal vez por eso precisamente, por la ausencia de un criterio definido desde la delegación del Gobierno para afrontar es tipo de situaciones. El jefe policial sigue en su puesto desde que fue nombrado para el cargo siendo ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

La comparecencia ante los medios de comunicación del jefe policial junto a la delegada del Gobierno no ayudó a aclarar las cosas. Es más, al identificar a los estudiantes que se manifestaban como “enemigos” elevó todavía más la indignación por la actuación policial. Los intentos de pedir excusas, sencillamente, no fueron creíbles.

Durante el pasado año los efectivos policiales en Valencia y en toda la Comunitat Valenciana abordaron con extrema delicadeza las  manifestaciones y concentraciones, con acampadas incluidas, generadas en torno al movimiento 15-M. Especialmente en el centro de la ciudad de Valencia como en varios barrios. Aquella actitud, siendo delegada del Gobierno Ana Botella –no confundir con la actual alcaldesa de Madrid–, generó incluso críticas por parte de la primera edil de la ciudad, Rita Barberá, similares a las pronunciadas en Madrid por la presidenta Aguirre.

Botella fue sustituida el pasado 2 de enero por Paula Sánchez de León. Un nombramiento que causó sorpresa y cierta perplejidad. No era para menos; hasta ese momento era la vicepresidenta y consejera de Presidencia del Consell, el gobierno autonómico encabezado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Sucede que Fabra “heredó” ese cargo, al igual que todo el gabinete, de su predecesor, Francisco Camps, tras dimitir el 20 de julio del pasado año. Es decir, Paula –es conocida así, por su nombre de pila– era en realidad una “numero dos” artificial.

Su puesto como delegada del Gobierno se interpretó como una salida “digna” en lo personal y también en el ámbito político autonómico –cabe recordar que se estaba en plena celebración del juicio a Camps–, pero escasamente “profesional”, como ahora reconocen fuentes gubernamentales y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Esa responsabilidad, a priori relativamente cómoda en un territorio como la Comunitat Valenciana y alejada de la presión que supone la gestión diaria, ha puesto de manifiesto su incapacidad para afrontar una situación que inicialmente no podía considerarse, ni remotamente, dentro de los parámetros del llamado “orden público”. Esa es la reflexión manifestada ayer mismo por un correligionario que ha seguido su trayectoria ascendente siempre al lado de Camps: antes de vicepresidenta fue consejera de Justicia y con anterioridad secretaria autonómica –similar a una secretaria de Estado– en dos consejerías distintas, después de pasar por un par de direcciones generales.

La protesta de los estudiantes del lunes, reflejada en la actitud reivindicativa de los alumnos del instituto Luis Vives, situado en pleno centro de la ciudad entre la estación de Renfe y la plaza del Ayuntamiento, no fue producto de un calentamiento juvenil. De hecho se repetía sistemáticamente desde mediado el mes de enero a las puertas del centro educativo al finalizar las clases matinales. Una acción que tampoco era un capricho: en las aulas del centro, todo un símbolo para la ciudad, no ha habido calefacción este invierno.

El dinero para poder pagar ese servicio es parte de los 32,5 millones de euros que la Generalitat adeuda desde el pasado curso a los centros de secundaria de toda la Comunitat para afrontar  sus gastos corrientes. A esa cantidad hay que añadir los 20 millones de euros que la administración autonómica no pasa desde hace nueve meses a los centros de educación infantil y primaria repartidos en todo el territorio autonómico. En no pocos centros los padres y profesores hacen colectas para subsistir. El panorama de impagos se completa con las universidades: han tenido que recurrir a su capacidad de endeudamiento para funcionar y ya suman 800 millones de euros.

Este estado real de ruina económica del sistema público educativo valenciano, y todo lo que ello comporta, es el sustrato que alimenta las protestas de los estudiantes. No es poco. Pero no solo ellos han levantado la voz. El sábado 21 de enero salieron a la calle 120.000 personas en Valencia y Alicante para rechazar la convalidación el miércoles anterior en las Corts del particular decretazo decidido por el presidente Alberto Fabra y su Consell. Entre otras medidas, recorte de salarios de los 55.000 empleados públicos del sector de la enseñanza.

Para eso sirve la mayoría absoluta que Camps recibió el 22 de mayo del pasado año. Vendrán más recortes ante la imperiosa necesidad de afrontar el elevado endeudamiento público acumulado –el más elevado de todas las administraciones autonómicas en relación al PIB y el segundo más alto en términos absolutos–  y el incontrolable déficit.

El caso es que lo ocurrido el lunes hizo  la delegada del Gobierno llamase al líder de la oposición, Jorge Alarte, secretario general del PSPV-PSOE, y al secretario general del PP, Antonio Clemente, en una iniciativa sin precedentes. De nada sirvió ya que Alarte, y toda la izquierda, han pedido su dimisión y la del jefe policial. En Madrid, el diputado socialista por Castellón Ximo Puig, en nombre de los parlamentarios de la comunidad, hizo lo propio al tiempo que exigía la comparecencia del ministro Fernández Díaz ante la comisión de Interior.

El propio ministro habló ayer de posibles “excesos” que serían investigados pero defendió la actuación policial en respuesta a provocaciones. Incluso el presidente Rajoy, desde Londres, dijo que España no podía dar una imagen como la que reflejaban los vídeos colgados por doquier en la web. Desde el PSOE se lanzaba un argumento sencillo: los efectivos policiales eran los mismos que estaban hace cuatro meses, el único cambio eran sus responsables. Desde el PP sus argumentos recogían que cortar el tráfico es un delito que hay que reprimir.

La llamada a la calma tras la desproporcionada actuación policial del lunes hizo que ayer no hubiese incidentes. Eso sí, hubo una reacción social de contestación a lo sucedido en la tarde-noche anterior y miles de ciudadanos se concentraron en el centro de Valencia y en numerosas ciudades en solidaridad y apoyo a los estudiantes. La presencia policial fue escasa durante todo el día.

Juan Antonio Blay en Cuarto poder

NOTA: El artículo ha sido ligeramente modificado pero no afecta al contenido del mismo según se puede comprobar yendo a la fuente.

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