La Fiscalía abre diligencias penales por las cargas policiales en Valencia

Albert Ordóñez, durante una de las protestas estudiantiles de Valencia / MÒNICA TORRES

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación penal por la actuación de la Policía Nacional durante las protestas estudiantiles que se han desarrollado recientemente en Valencia, que se saldaron con una veintena de detenidos.

Según han informado fuentes del Ministerio Público en un comunicado, las diligencias se han incoado a raíz de las denuncias interpuestas por Esquerra Unida y el colectivo Cercle Obert.

Ante la existencia de actuaciones “en uno o varios juzgados de instrucción” relacionadas con estas protestas, la Fiscalía ha procedido a remitir lo actuado “al juzgado competente”.

En un comunicado posterior, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha expresado su satisfacción al respecto y ha confiado en que “se llegue hasta el final, que se depuren todas las responsabilidades y que la delegada del Gobierno -Paula Sánchez de León- y el jefe de Policía -Antonio Moreno- no pasen ni un minuto más sin dimitir”.

Esquerra Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía del Menor al entender que los hechos eran “gravísimos” y que podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detenciones ilegales”.

A su vez, la Confederación Española de Policía (CEP), tercer sindicato en la Comunidad Valenciana del sector, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, al considerarle “cabecilla” de las “revueltas” y sostener que “alentó” a “realizar hechos delictivos” durante las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en Valencia y en las que destaca en el escrito que la actuación policial era “del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos”. Faavem fue la convocante de la multitudinaria manifestación estudiantil que recorrió Valencia sin incidentes el 29 de febrero.

Denuncia policial

Según la denuncia interpuesta por el sindicato policial, con fecha 27 de febrero y dada a conocer este martes, Ordóñez hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el 20 de febrero en las que aseguraba que iban “a continuar quemando las calles de Valencia” con las que “no solo está incitando al colectivo estudiantil, sobre el que tiene una doble ascendencia, en su calidad de presidente de una federación de estudiantes y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, a endurecer su protesta mediante actos vandálicos sino que esta actuación, cuanto menos, constituye un delito tipificado en el Código Penal”.

De acuerdo con la denuncia, con su declaración, “promovió” el “incremento de la violencia con la que los concentrados proyectan su respuesta en las calles de Valencia” donde señala que se quemaron contenedores y se causaron desperfectos en el mobiliario urbano, y considera que provocó que se “acometiera” con “mayor firmeza la respuesta radical y violenta ante los legítimos requerimientos de la Policía, alterando gravemente el orden público”.

Para este sindicato policial, la actuación de Ordóñez se encuentra en el tipo recogido en el Código Penal “como provocación a la multitud, mediante radiodifusión u otros medios de comunicación a la perpetración de sendos delitos (alterar el orden público y ofrecer una resistenciaactiva ante los legítimos requerimientos de los agentes de la autoridad)”, lo que constituye un delito de atentado, y sostiene que también alentó a la desobediencia “siempre ante una clara y grave falta de respeto” a las Fuerzas de Seguridad.

La denuncia apunta que se trató de una “congregación concertada por un único responsable público” y que no reunía “las más mínimas garantías de legalidad, en cuanto a las claras y precisas intenciones que se perseguían, que excedían desde su inicio a la simple y legítima reivindicación estudiantil ante unas carencias materiales en los centros formativos valencianos”.

En la denuncia se añade que es “palmaria” la “implicación, tutela y control” de Ordóñez “como promotor, director y portavoz” de las congregaciones celebradas y sus resultados “que han sido convocadas fuera de los cauces previstos por la legislación vigente, se ha alentado a los que las integraban para elevar la radicalidad en la respuesta en la calle, se han cometido innumerables hechos delictivos, alterando gravemente el orden público, causando daños en propiedades y bienes, atentando contra agentes de la autoridad”, lo que enmarca en el artículo 513 y 514 del Código Penal.

El País

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Una respuesta

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