Malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la Administración. El Tribunal Superior de Valencia deberá decidir si les imputa. Dieron los contratos «a dedo, orillando por completo las normas», y gestaron el Valencia Summit en Zarzuela.
El juez José Castro ha encontrado «indicios racionales» de que Francisco Camps y Rita Barberá cometieron delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder «a dedo» contratos a Iñaki Urdangarin por importe de 3,5 millones de euros, «orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas». El instructor cree la versión de que el Valencia Summit, el mejor negocio del yerno del rey, se gestó en 2004 en una reunión en el Palacio de la Zarzuela.
El magistrado detalla los indicios delictivos en la exposición razonada de 70 folios que ha elevado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que por la condición de aforados de Camps y Barberá él no tiene competencia para imputarles. Ahora será el alto tribunal valenciano el que decida si les inculpa o no.
El instructor describe en su resolución los indicios que ha reunido contra el expresidente de la Generalitat valenciana y la actual alcaldesa de Valencia por su participación en la gestación de los convenios que se firmaron con Nóos para que organizará los congresos llamados Valencia Summit, y unos Juegos Europeos en Valencia que no llegaron a tener lugar.
Por ambos eventos, el Instituto Nóos, de Urdangarin y Diego Torres, se embolsó 3,5 millones de euros de fundaciones públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos, y de la cantidad total, no ha justificado qué hizo con 2,5 millones.
En la exposición, el juez destaca que las contrataciones con Nóos auspiciadas por Camps y Barberá «no obedecían a procurar el interés genera», sino «sólo al deseo de doblegarse a las exigencias» de Iñaki Urdangarin «en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey». Seguir leyendo
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