Fabra abochorna al PP con su nefasta gestión del ‘apagón’ de Canal Nou

Uno de los trabajadores de RTVV muestra un cartel en protesta por el cierre. Foto: EFE

Uno de los trabajadores de RTVV muestra un cartel en protesta por el cierre. Foto: EFE

Sólo el argumento irrebatible de la disciplina de partido impidió que el pasado miércoles algunos parlamentarios del PP se rebelaran contra las consignas de Alberto Fabra y tumbaran en las Cortes Valencianas, votando “lo que les pedía el cuerpo”, la ley que liquidaba Canal Nou. Finalmente el pragmatismo se impuso al corazón, pero al presidente de la Generalitat le puede salir muy cara su desastrosa y atropellada gestión del apagón de la radiotelevisión pública, que ha causado “bochorno” y una honda preocupación en sus propias filas por las funestas consecuencias que esa “chapuza” puede acarrearle al PP, ya muy debilitado en las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas, según reconocen fuentes del partido.

“Todo ha sido un despropósito de principio a fin”, confiesa un diputado popular muy crítico con Fabra, “empezando por cómo se tramitó el ERE”, que el presidente de la Generalitat puso enteramente en manos de su número dos, José Ciscar, y de la última directora general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, enfrentados entre sí. Fabra, aseguran las fuentes consultadas, ni siquiera tenía preparado un plan B para el caso de que los tribunales anularan el expediente de regulación de empleo de Canal Nou, como finalmente así ocurrió, porque “estaba convencido de que el ERE saldría adelante”.

Garrigues, la consultora que asesoró a la Generalitat en la tramitación del ERE que dejó en la calle a 1.100 de los casi 1.700 trabajadores de la plantilla, alertó a Fabra de que Vidal estaba poniendo en grave riesgo la viabilidad del despido colectivo con su decisión de repescar a 186 técnicos de la lista inicial de afectados. El vicepresidente Ciscar advirtió públicamente a la directora general del ente público que tendría que “apañarse con el dinero que tiene” para hacer frente al coste extra que suponía salvar a esos empleados, y cuestionó abiertamente, al igual que hizo Garrigues, que la medida tuviera “el soporte jurídico adecuado”.

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Nos gobiernan fascistas envalentonados

Ya no se reprimen, no ocultan sus formas, tampoco amagan los golpes; los devuelven con intereses y además en diferido. Ya ni tan siquiera les importa el formulismo, el protocolo ni el qué dirán. Al revés, alardean de su soberbia envalentonados y pasean con descaro mostrando su peor catadura, la del gangrenado por un poder mal empleado, la del analfabeto presuntuoso, la del retórico de dudosa legitimidad para hablar en nombre de la honradez.

Han llegado a un punto de no retorno y no están dispuestos a renegar por ello. Viven encanallados pero disfrutan. Hacen y deshacen leyes escritas tras años de memoria y sangre. Pero les da igual. Por eso Mariano Rajoy ha optado por la pestilencia del despotismo como sustituto de la democracia que desprecia. Los fascistas que nos gobiernan y los que desde las trincheras les alientan y envenenan entienden la política como el manejo de los intereses públicos en provecho de lo privado. Nada más.

Por eso engañan, mienten, manipulan. Por eso ya todo les es indiferente. Han emprendido un camino que saben enfangado y miran para otro lado, donde la mirada de la gente nos les devuelva el amargo sabor de traición cometida. Hablan, actúan y simulan sabiendo que todo ello se sustenta en la mentira, la perversión y la corrupción de sus vidas, públicas y privadas. Son así, siempre han sido así en este reino de España reconquistada.

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El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad

El expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. (EFE)

El expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. (EFE)

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios… El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más“, afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

“Mi libro es, en realidad, una obra colectiva”, asegura Castillo, “porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial“. El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou…

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La prosperidad de Valencia se cae a pedazos lastrada por años de despilfarro y corrupción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (EFE)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (EFE)

La prosperidad de la Comunidad Valenciana, a la que su vecina Cataluña miraba de reojo hasta hace bien poco con una mezcla de envidia y recelo, resultó ser un espejismo. Tras casi dos décadas ininterrumpidas de gobiernos del PP, los valencianos pagan hoy los platos rotos de los excesos -y fueron muchos- de la era Camps. Despojada para siempre de las joyas de su sistema financiero -Bancaja y la CAM-, sin tejido industrial, carcomida por un índice de desempleo que supera el 28% y asfixiada por una deuda de casi 30.000 millones de euros, la región acaba de perder también un referente emocional y lingüístico: Canal Nou. Y con él buena parte de su autoestima colectiva.

Cuando Eduardo Zaplana apeó de la Generalitat al socialista Joan Lerma, en 1995, la televisión autonómica contaba con una plantilla que apenas llegaba a los 650 trabajadores. Ahora, con casi 1.700 empleados -no pocos de ellos familiares, amigos y enchufados del PP-, una deuda acumulada que roza los 1.400 millones de euros, una credibilidad engullida por la obscena manipulación de los gestores -léase comisarios políticos- nombrados por el partido y unos índices de audiencia raquíticos, Canal Nou se había transformado en un tumor que Alberto Fabra se ha visto empujado a extirpar de raíz, en parte por la torpeza con la que él mismo manejó el ERE que los jueces han acabado tumbando.

El actual presidente de la Generalitat llamó a Madrid para intentar a la desesperada que Cristóbal Montoro le diera un dinero extra con el que salvar in extremis la cadena. Pero el ministro de Hacienda se aferró a la ortodoxia del déficit y le dio con la puerta en las narices. Mariano Rajoy, que ni siquiera se le puso al teléfono, sigue apostando por Fabra no por convicción, sino porque no tiene recambio. Es un president débil y sin autoridad, incapaz de gobernar su propio partido -el líder del PP valenciano, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le ningunean en cuanto tienen ocasión- y que, para combatir su soledad y falta de apoyos, se ha rodeado de un reducido equipo de fieles -con el vicepresidente José Ciscar a la cabeza- muy cuestionado internamente.

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El expolio tras las cámaras

Concentración de trabajadores de Canal 9 delante de la Generalitat, en 2004. / José Jordán

Concentración de trabajadores de Canal 9 delante de la Generalitat, en 2004. / José Jordán

Los últimos años, con el PP al frente del gobierno autonómico, han sido muy intensos informativamente. El sistema financiero valenciano ha desaparecido del mapa, cuando hasta hace nada sus dos cajas de ahorro, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban la tercera y cuarta posición en la clasificación de entidades de ahorro españolas, y el Banco de Valencia, símbolo de una burguesía ilustrada, tuvo que ser vendido por un euro a La Caixa. El miércoles pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenaba la detención de cinco directivos de la extinta CAM, ahora en manos del Banco de Sabadell, y un día después enviaba a prisión a dos de sus máximos responsables.

Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.

La valenciana fue la primera autonomía que se quedó sin un sistema financiero propio y la primera que ha decidido cerrar una televisión pública en un territorio con lengua cooficial, dejando en la calle a 1.660 trabajadores. A cambio, mantiene el aeropuerto sin aviones de Castellón; un edificio de Santiago Calatrava, conocido como el Ágora, que costó 100 millones de euros en el que una vez al año se celebra un torneo de tenis de la serie Masters 500 y, eventualmente, la semana de la moda de Valencia; la Ciudad de la Luz en Alicante, unos estudios cinematográficos que costaron 270 millones que ahora permanecen cerrados y por los que la Unión Europea reclama a la Generalitat que haga frente a una sanción de 265 millones por subvenciones concedidas de forma irregular. Y, para rematar, el esqueleto del nuevo estadio del Valencia CF, todo un paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP, soñó con una autonomía que fuera la vanguardia de muchas cosas. Nunca debió de pensar que lo sería en despilfarro, corrupción y desempleo.

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Cataluña y la pasión por la causa

Decía Ranke, creo recordar, que el objeto de la investigación histórica es llegar a conocer los hechos tal como fueron. Ya sabemos que eso es, en su literalidad, imposible: pero el trabajo del historiador consiste en acercarse el máximo y además colocar los hechos en un contexto que permita entender lo que realmente pasó.

El artículo de Gabriel Tortella sobre el nacionalismo catalán de octubre de 2013 ha tenido una algo airada respuesta de Joaquim Albareda y Borja de Riquer en la que los segundos en algunos asuntos dicen cosas razonables, pero en general es difícil que convenzan a nadie que no sea nacionalista. El interés del artículo de Tortella está en que refleja un estado de opinión muy difundido que quienes le responden creo que no han sabido captar.

Tortella argumenta que el nacionalismo catalán ha crecido como resultado de un plan de adoctrinamiento de la Generalitat, y que en ese plan la interpretación sesgada de la historia de Cataluña ha tenido un papel importante. Creo que tiene toda la razón, pero no entraré a polemizar sobre la primera parte, ese plan cuya obviedad es indiscutible, para centrarme en la segunda parte, la interpretación sesgada de la historia por los historiadores nacionalistas. Y lo hago con propósito cívico, en la convicción, tan ingenua como importante: si los historiadores no son capaces de discutir entre sí sobre el pasado con argumentos no pueden exigir a la clase política que lo haga, como sucede.

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El tigre que nunca debió salir de su jaula

¿Qué pasa en Cataluña?. Y ¿por qué lo que pasa, pasa ahora? ¿Qué consecuencias tendrá? Yo creo que estas preguntas están en la mente de muchos, de los que no vivimos allí y, estoy seguro, también de la mayoría de los que viven allí. Lo que siguen son unas conjeturas basadas en la lectura de la prensa, de algunas conversaciones y de un simple ejercicio de unir los puntos del rompecabezas.

En Cataluña hay un sustrato de mal encaje con el resto de España, en parte en virtud de unos episodios históricos, muy lejanos y yertos, pero que siempre pueden recalentarse con mucha guindilla para excitar al personal. En parte también, por el indudable fet diferencial del idioma catalán. Este tema no tiene por qué plantear graves problemas, pero también puede especiarse y agitarse para enardecer a las masas. Hay también en Cataluña una vaga frustración, y unos celos violentos por no ser el centro de España y porque el idioma catalán tenga un relieve insignificante comparado con el castellano. Pero estos hechos están ahí y nunca van a desaparecer; son motivo de fricciones (Azaña decía que el problema de Cataluña hay que conllevarlo; yo añadiría que todos los españoles, catalanes y no catalanes, debemos conllevarnos los unos a los otros), pero, desde luego, no justifican el separatismo: la incomodidad no es opresión; el que los ricos paguen más impuestos que los pobres no es expolio; fets diferencials los hay por todas partes: entre la Alemania danubiana y la báltica, entre la Francia mediterránea y Alsacia, hay tanta diferencia como puede haber entre las diferentes regiones españolas. Y no hablemos de Italia. El conllevarnos los unos a los otros ha sido la norma en la historia de España y debemos reconocer que nunca nos había ido tan bien como estas últimas décadas. ¿Entonces por qué este crescendo del paroxismo separatista?.

Es muy sencillo: desde la asunción del poder por Jordi Pujol y su partido, el gobierno catalán ha llevado a cabo una labor de adoctrinamiento de la población que no podía sino surtir sus efectos. Los instrumentos utilizados han sido todos los resortes de Estado, pero sobre todo la educación y los medios de difusión. Se ha difundido entre la población catalana, desde la escuela primaria hasta la prensa y la televisión, una versión deformada y victimista de la historia, repleta de falsedades, como que en 1714 se hubiera aplastado a una nación catalana que luchaba por su independencia, que un ejército de ocupación hubiera impuesto una explotación inicua, que se hubiera sometido a Cataluña a un expolio sistemático y de larga duración. Lo del expolio casa muy mal con el impresionante despegue económico del Principado desde que fue sometido a “opresión”, despegue que lo colocó a la cabeza del resto de España en el palmarés económico, donde se ha mantenido por dos siglos, justo hasta que Jordi Pujol asumió la presidencia. La trascendencia de la derrota de 1714 tampoco concuerda con que todos aquellos hechos de resistencia heroica no volvieran apenas a ser recordados hasta finales del siglo XIX.

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