Cotino, la ubicuidad bajo sospecha

Juan Cotino visto por Sciammarella. / Sciammarella

Juan Cotino visto por Sciammarella. / Sciammarella

Los asesores de Juan Cotino se quejan de que a su jefe se le relaciona constantemente con asuntos turbios. Pero es que el presidente de las Cortes Valencianas, cabeza visible del sector cristiano del PP regional, aparece efectivamente vinculado con un desproporcionado número de graves casos que investigan los tribunales.

Las últimas revelaciones sobre el amaño de la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia en 2006 lo sitúan como el “factótum”, el que “cortaba el bacalao” en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad que organizó los actos del Pontífice, después de que él haya negado durante ocho años haber tenido una participación relevante. Cotino fue también, según José Selva, exresponsable de infraestructuras de la fundación de la visita de Benedicto XVI, la persona a la que se le advirtió de las trampas que urdía el cabecilla de la red Álvaro Pérez, El Bigotes. Y la persona que hizo oídos sordos a esa alarma.

El presidente de la Cámara autonómica no está imputado en ninguna causa. Pero el apellido Cotino figura en la investigación sobre la financiación ilegal del PP del expresidente Francisco Camps. Y en el caso Bárcenas, como uno de los empresarios —su familia es propietaria de Sedesa— que entregó dinero al extesorero nacional del Partido Popular. En el saqueo de la depuradora de Valencia Emarsa, una empresa pública que fue liquidada con un agujero de 17 millones de euros, por haber sido el máximo responsable de la depuración de aguas residuales de la Generalitat. Y en la tragedia del accidente de metro de Valencia que se cobró 43 vidas en julio de 2006, como la persona que trató de aplacar a las víctimas y, según algunas de ellas, hacerlas desistir de acudir a los tribunales ofreciéndoles puestos de trabajo en “empresas públicas o privadas”.

Cotino, nacido en Xirivella (Valencia) en 1950, parece estar preparando su retirada de la primera línea política. Desde que José María Aznar llegó a la Moncloa en 1996, Cotino ha encadenado cargos de forma ininterrumpida. Director General de la Policía. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Consejero de Agricultura de la Generalitat. Consejero de Bienestar Social. Y consejero de Urbanismo. Tras las elecciones autonómicas de 2011, poco antes de dimitir por su implicación en el caso Gürtel y tras haber limpiado su Gobierno de consejeros salpicados por causas de corrupción, Camps lo apeó del Consell nombrándolo presidente de las Cortes Valencianas.

Alejado de la corriente principal tanto del PP nacional como del regional en esta legislatura y cercado por los escándalos, el veterano político dio hace un mes una señal clara de sus prioridades a corto y medio plazo al renunciar al complemento de exclusividad de su cargo para poder dedicarse así al cultivo de caquis.

La decisión es menos excéntrica de lo que pueda parecer. Aunque la familia Cotino hizo fortuna con Sedesa, grupo dedicado a la construcción, la obra pública, las concesiones, el sector inmobiliario y el de Medio Ambiente, el origen de su actividad empresarial es agrícola.

Cotino nunca ha sido acusado de desviar dinero para sí mismo. Han generado polémica, en cambio, los beneficios que las empresas de su familia han obtenido de decisiones de gobiernos de los que formaba parte. Sedesa ha recibido, según cálculos de la oposición, contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros desde 1998. Y todavía se discute su decisión, cuando era consejero de Bienestar Social, de cambiar el régimen de concierto de las residencias de la tercera edad. Un sector en el que tenía intereses el grupo empresarial de su familia.

Los últimos interrogatorios del juez José Ceres, que investiga la vertiente valenciana de Gürtel, han aumentado la sombra de su intervención en el fraude de la visita de Benedicto XVI.

“Ni tomé ninguna decisión, ni estaba en ningún órgano para tomar decisiones. La verdad es que trabajé de voluntario todo lo que podía”, se ha defendido el presidente de las Cortes. Los testimonios de varios testigos lo describen, sin embargo, como el hombre “que lo decidía todo”. El que nombró a los principales cargos ejecutivos en la Fundación V Encuentro de la Familia, cuya sede estaba “pared con pared” con la Consejería de Agricultura que entonces dirigía para poder “despachar continuamente con él”.

El núcleo ejecutivo de la fundación lo compusieron personas de su confianza, que no solo compartían su pertenencia al Opus Dei sino que habían trabajado anteriormente a sus órdenes.

José Carlos Rincón, exproductor de la empresa de Gürtel Orange Market, aseguró que él y Álvaro Pérez, El Bigotes, se reunían “día sí y día no” con el entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, comisionado de la Fundación V Encuentro, desde 2005 para discutir “la ejecución” de los actos papales. Boada era, según Rincón, “la mano derecha de Cotino” en la organización de los actos del Papa.

El presidente de las Cortes fue, según el exdirectivo de Canal 9 Luis Sabater, quien decidió que se instalasen pantallas gigantes por Valencia desde las que seguir el acontecimiento, la vía que permitió a la trama embolsarse tres millones de euros.

Y el responsable de Infraestructuras en la fundación, José Selva, declaró que advirtió a Cotino de que El Bigotes trabajaba sobre el terreno en la sonorización de los actos y se presentaba como “adjudicatario de la obra” cuando ésta aún no se había licitado. “Cotino me dijo que se había decidido así. Yo le dije que aquello olía a que había dinero de por medio para el PP o quien fuera, y que era muy fuerte estando el nombre del Papa de por medio. Y él me dijo que no viera fantasmas donde no los había”. Selva aseguró al juez que aguantó a petición del arzobispado, pero que a raíz de aquello fue “marginado absolutamente” en la fundación. Y que una semana después dimitió.

Ignacio Zafra en El País

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