Desmontando a la Iglesia: “la verdadera historia de la Catedral”

mezquita CórdobaLa Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que desde hace meses promueve que este monumento sea de titularidad pública y se revise la gestión que de él está haciendo la Iglesia, ha reaccionado a la ofensiva del Obispado de Córdoba lanzada a través de un folleto divulgativo para contar “la verdadera historia de la Catedral” y ha puesto de manifiesto los argumentos históricos y jurídicos que desmontan lo que se dice en esta publicación.

Los 100.000 folletos editados por el Cabildo de la Catedral –órgano dependiente del Obispado- pretenden difundir la “verdadera historia” del monumento y responder así a lo que califican como una “campaña de desinformación orquestada contra el Cabildo en los últimos meses”, en referencia al debate abierto sobre la gestión que en los últimos años vienen haciendo del monumento, borrando su nombre de Mezquita y toda huella islámica en la difusión del mismo.

Ante cuestiones que se publican en dicho folleto como los momentos históricos en los que el Obispado se basa para decir que la Mezquita de Córdoba se consagró al culto católico y así, “pasa a ser propiedad de la Iglesia católica”, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha respondido con los argumentos que, tanto historiadores como juristas que la integran, desmontan lo dicho por la Iglesia.

Para empezar, desde la plataforma explican que la consagración de un bien al uso católico no implica el derecho de propiedad del mismo. “La consagración de un bien no modifica su naturaleza ni jurídica ni arquitectónica ni histórica. El Obispado olvida deliberadamente que, aparte de una función religiosa, la Mezquita-Catedral tiene una dimensión artística, histórica, cultural y patrimonial, que es la que le da al monumento alcance universal y por la que millones de turistas e investigadores vienen cada año a visitarla”.

En ese mismo sentido, sostienen que “el Obispado no puede argüir como título de propiedad la consagración de la Mezquita-Catedral. No hay ninguna legislación en el mundo que reconozca la consagración de un bien inmueble como prueba de dominio”. Es más, según el documento con que el Obispado inmatriculó la Mezquita-Catedral a su nombre en el Registro de la Propiedad enel años 2006 por 30 euros, constaba que lo hacían sin poseer “título escrito de dominio” sobre el edificio.

“Si es cierto que disponen de un título de propiedad privada–como se infiere de lo publicado en el folleto del Cabildo-, ¿por qué no lo hicieron valer en el Registro?”, se preguntan desde la plataforma. Y sobre la propia inmatriculación, de la que en el folleto la Iglesia dice que es “simplemente inscribirlo en el Registro de la Propiedad”,  la plataforma inquiere: “Si, en efecto, la inmatriculación (realizada con dos normas inconstitucionales) no tiene valor, entonces ¿por qué la inmatricularon?”.

Derecho de uso no es derecho de propiedad

“El Obispado tiene un derecho de uso del edificio”, admite este colectivo al haber hecho uso del monumento durante siglos. Pero aportan otro matiz importante históricamente para distinguir entre uso y propiedad: el edificio “fue cedido por Fernando III, pero no donado”, es decir, cedido en uso desde el Estado pero no pasó a ser propiedad de la Iglesia, argumentan.

“Pretende confundir derecho de uso y título de propiedad de un bien inmueble que es Patrimonio Mundial y memoria viva de todos los ciudadanos”, alertan desde la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que ha reunido ya más de 367.000 firmas ciudadanas de apoyo y adhesiones de nombres relevantes del mundo académico, del pensamiento y la cultura a nivel nacional e internacional.

Para la plataforma, “la campaña de difusión impulsada por el Obispado, con la distribución de 100.000 trípticos, ratifica la estrategia de destrucción de la identidad y la historia de la Mezquita-Catedral puesta en marcha desde hace unos 15 años con el objeto de borrar la huella andalusí de un monumento excepcional conocido en todo el mundo por ser la joya del arte hispano musulmán de Occidente”.

El borrado del término Mezquita

Y sobre la denominación del monumento que la Iglesia llama solo Catedral pero mundialmente es conocido como Mezquita y, en la ciudad, reconocido oficialmente como Mezquita-Catedral, recuerdan que “es absolutamente incierto que la Mezquita-Catedral de Córdoba se llame únicamente Catedral desde su consagración en 1239 como trata de hacernos creer el Obispado” en el folleto publicado. “No solo todos los expertos mundiales, los más prestigiosos manuales de arte, los más rigurosos historiadores y el uso popular reconocen la denominación de Mezquita o Mezquita-Catedral sino que el propio Obispado la ha llamado así en todos sus documentos divulgativos hasta 1998”, algunos de los cuales ha rescatado de la hemeroteca la propia plataforma para demostrar que el borrado del nombre del monumento por parte de la Iglesia se viene realizando desde hace unos años para acá.

A su juicio, “es el Obispado quien debe explicar por qué quiere desde hace 15 años liquidar la esencia islámica y andalusí de un monumento universal que ha sido reconocido por la Unesco como símbolo de concordia y encuentro de culturas y es parte indisoluble de la identidad de Córdoba y de Andalucía”, aducen mientras critican que el Obispado se mantenga “en su actitud incomprensible de llamar al monumento solo Catedral, un término que no utiliza nadie: ningún medio extranjero, ningún especialista en la materia y ni siquiera los medios que legitiman su apropiación. Y es precisamente esa actitud excluyente la que está poniendo en riesgo su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco”.

Junto a todo eso, la plataforma recuerda que la conservación del monumento se ha realizado con dinero público y con los fondos recaudados de las aportaciones de quienes lo visitan “en su inmensa mayoría para ver la Mezquita y al margen de cualquier interés religioso”.

Y, sobre los beneficios de esas visitas, recuerdan que el Obispado “no presenta ningún tipo de cuentas ante la opinión pública. Incluso a requerimientos de los medios de comunicación se ha negado a facilitarlas. Su gestión económica, por consiguiente, es absolutamente opaca y contraria a las obligaciones de transparencia que cualquier ciudadano tiene en un estado de Derecho como el nuestro”.

Carmen Reina en El Diario

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