Cotino, entre el fervor y el escándalo

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. / JOSÉ JORDÁN

“Haría muy bien de obispo”, dice sobre Juan Cotino alguien que lo conoce. Salvo por un problema. Es más papista que el papa. El fervor impregna su concepción del mundo hasta el punto de que, en los noventa, cuando pronunció el pregón de las fiestas de su pueblo, Xirivella, vinculó la caída del muro de Berlín a una intervención de la Virgen. Se puede ser católico y del Opus Dei, como es el caso, sin su fundamentalismo religioso, coinciden varios testimonios.

El presidente de las Cortes Valencianas, que llevó un crucifijo a la tribuna del hemiciclo para jurar su cargo, está al final de su carrera política. La semana pasada, la oposición en pleno reclamó su dimisión tras la publicación de varias conversaciones de un sumario judicial en las que su sobrino y responsable de la empresa familiar, Vicente Cotino, y el empresario alicantino Enrique Ortiz, se refieren a Juan Cotino como una persona clave para desbloquear o facilitar contratos con la Generalitat.

Él mismo asume que, con la perspectiva de la jubilación (cumplirá 65 años en enero), dejará el cargo “en un tiempo relativamente breve”. Pero ese final puede ser mucho más abrupto. Su nombre aparece en más de media docena de casos de corrupción. En ninguno de ellos está imputado, aunque todo indica que es sólo cuestión de oportunidad, o de aforamiento. Y el PP valenciano, que lidera el presidente Alberto Fabra, trata de distanciarse para minimizar los daños, mientras la oposición clama por su dimisión.

Formó el núcleo duro del partido en Valencia junto a Camps y Barberá

Cotino nació en 1950, el segundo de una familia de cuatro hijos. Su padre fue un agricultor con propiedades en una zona de la huerta de Valencia cercana a la capital. Desde Xirivella levantó la empresa familiar, Construcciones Cotino. Gracias a los trabajos de movimiento de tierras para las obras del nuevo cauce del río Turia, ejecutados a finales de los años sesenta, la empresa acumuló medios y maquinaria. Y evolucionó hasta convertirse en un poderoso conglomerado que con el nombre de Sedesa está dedicado a la obra pública, la construcción o el sector de las residencias. Lo dirige su sobrino Vicente Cotino, este sí imputado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en la financiación irregular del PP, dentro del caso Gürtel.

No es el único sumario en el que Sedesa, cuya facturación a la Administración superó los 800 millones de euros en menos de una década, y el apellido Cotino aparecen relacionados con la financiación del PP. Una anotación en los papeles de Bárcenas le atribuye una aportación de 200.000 euros en 2004. Por ello tuvo que acudir el pasado enero a declarar ante el juez Pablo Ruz, en la Audiencia Nacional. Allí negó haber hecho ese pago.

Sin salir del caso Gürtel, Cotino se ha visto involucrado en la pieza que investiga el saqueo ejecutado por la trama en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Este político, que fue director general de la Policía con el Gobierno de Aznar, no ha dudado en denunciar al agente de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) que le adjudicó en un informe un papel clave en las decisiones de las que se aprovechó la Gürtel. Cotino, que se define como «un voluntario más» en la organización de aquella visita papal, participó en las reuniones del patronato de la Fundación Quinto Encuentro Mundial de las Familias pese a que no figuraba en el organigrama.

También tuvo que acudir a declarar como testigo en marzo en otra causa sobre corrupción, el denominado caso Emarsa, en el que se investiga un fraude de cerca de 24 millones de euros en la depuradora metropolitana de Valencia. Dos altos cargos de una entidad pública dependiente de Cotino cuando era consejero de Medio Ambiente están entre los principales imputados. De esa época es, asimismo, el asunto que llevó hace solo una semana a la detención del actual director, Enrique Simó, y el exdirector de la empresa pública Vaersa, Felipe Espinosa, por supuesta malversación y prevaricación en la compra de 65 vehículos por 1,4 millones de euros. Espinosa señaló directamente en su declaración al consejero.

Pocos días antes, se hacían públicas grabaciones policiales obtenidas en el marco del caso Brugal en las que Vicente Cotino habla de su tío con el empresario Enrique Ortiz, imputado tanto en ese caso como en Gürtel, y se refiere a él como un mediador ante el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps.

Todas esas circunstancias juntas suponen demasiado desorden alrededor de una persona de orden como el presidente de las Cortes Valencianas, cuyo trato afable y condescendiente se crispa si le interpelan por tanto escándalo. “Puedo haber metido la pata muchas veces pero nunca he metido la mano”, asegura, mientras la portavoz del Consell, María José Català, dice que si estuviera en su lugar “pondría el cargo a disposición del presidente de la Generalitat” y Alberto Fabra le advierte, a su vez, de que tendrá que dimitir si lo imputan.

Concejal en Xirivella con la UCD en 1979, Cotino pasó por el Partido Demócrata Popular y desembocó en el PP. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá en 1991 y allí se hizo amigo de Francisco Camps. Si él era el concejal de seguridad ciudadana, Camps lo fue de tráfico. El triángulo Barberá-Cotino-Camps acabó convirtiéndose, una vez superado el periodo de liderazgo de Zaplana, en el núcleo duro del poder valenciano. Cotino tuvo tiempo de ser director general de la Policía de 1996 a 2002, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta 2004 y, a partir de entonces, con Camps, consejero de Agricultura, de Bienestar Social y de Medio Ambiente.

Era consejero de Agricultura cuando intervino en la gestión del accidente del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006. Familiares de algunas de las 43 víctimas mortales le han descrito ofreciendo consuelo y puestos de trabajo a cambio de que no optaran por la vía judicial. Una actitud que no sorprende a quienes le conocen, ya que Cotino, que destina una buena parte de su salario a organizaciones caritativas, practica una concepción a la vez paternalista y manipuladora de la acción benefactora.

Es la misma concepción que no le permite ver nada malo en el hecho de entrar en el Consell casi al mismo tiempo que vendía sus acciones en Sedesa, contratista habitual de la Generalitat y adjudicataria con otras empresas del concurso de residencias de la tercera edad. Como ha denunciado el portavoz socialista en las Cámara autonómica, Antonio Torres, Cotino benefició a esas empresas con sus decisiones desde Bienestar Social, al ampliar los plazos de concesión y el margen para concertar plazas con la Generalitat. Él suele encajar tan mal esas críticas como la discrepancia.

Esta legislatura, en la que han llegado a sentarse hasta diez imputados en la bancada del PP, bajo su presidencia se ha batido el récord de sanciones a diputados de la oposición en las Cortes. Su falta de habilidad y de aplomo en la dirección de las sesiones ha llevado a la expulsión de cinco parlamentarios. El episodio más sonado lo protagonizó la diputada de la Coalició Compromís Mònica Oltra, cuando el 8 de mayo se negó a abandonar el hemiciclo, lo que obligó a interrumpir el pleno. Posteriormente fue suspendida. Oltra acusa a Cotino y al PP de un “abuso de poder” amparado en la mayoría absoluta.

Adolf Beltrán en El País