Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

«Nunca se había legislado tan a gusto de los corruptos como ahora con el PP»

Joaquim Bosch, en una sala de vistas del Juzgado de Moncada (Valencia).

Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es el portavoz de Jueces para la Democracia, la asociación que agrupa a los magistrados progresistas, y un jurista popular y del gusto de muchos políticos: ha sido tentado por Pablo Iglesias para ser candidato de Podemos en las elecciones generales del 20 de diciembre y antes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para ser conseller de Justicia. En ambos casos dijo no. Bosch recibe a eldiario.es en el juzgado de Moncada (Valencia) que preside desde hace más de siete años.

Correa acusa al PP  en su confesión de varios delitos relacionados con la corrupción. ¿Han fallado policía y jueces en el caso Gürtel?

Los casos de corrupción no son fáciles de detectar cuando se producen, aunque se podría dar una respuesta rápida y proporcionada con los medios adecuados, pero en España eso no pasa. Primero, porque no se toman las medidas preventivas adecuadas y segundo porque jueces y policía no tienen recursos para responder de manera contundente contra la corrupción. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque no es de recibo haber tenido un código penal que castiga con prisión al inmigrante sin papeles que se gana la vida con el top manta y se limita a multar a un corrupto.  Controlar las adjudicaciones de la administración, acabar con la arbitrariedad en ese campo, sería básico, pero parece que no hay voluntad de ir por ahí. Tenemos un sistema que facilita la corrupción.

¿Qué opinión le merece la llamada ‘Ley de Punto final’?

El gobierno dice que los procedimientos judiciales duran mucho tiempo y quiere acortarlos. Estamos de acuerdo, pero eso sucede por la falta de medios de nuestra justicia. Tenemos menos jueces por habitante que países como Moldavia o Albania y, en relación al PIB, invertimos bastante menos que en Europa. Además, los procesos se rigen por leyes decimonónicas que permiten que abogados expertos provoquen grandes dilaciones durante las investigaciones. Agotada la legislatura, el Gobierno ni ha invertido en justicia ni ha cambiado la ley. Es imposible cerrar en 18 meses una investigación sobre corrupción sin muchos más recursos. Muchas investigaciones se archivarán y en otras se irá a juicio con pruebas débiles. Nunca se había legislado tan a gusto del corrupto. Esta reforma favorecerá la impunidad.

Tarajal. Desmontando la impunidad en la frontera sur

El archivo provisional del caso de las muertes de Ceuta ha empujado a trabajar más rápido a sus creadores. El documental ‘Tarajal: Desmontando la impunidad de la Frontera Sur’, en el que ha colaborado eldiario.es, se estrenará en unos meses con el objetivo de «generar la movilización necesaria para reabrir la causa» que investiga la muerte de 15 personas en aguas fronterizas, que ha sido recurrida por la acusación popular.

Los hechos son conocidos: 15 migrantes murieron el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta a nado disuelto por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Las imágenes son claras: los agentes dispararon hacia la zona donde se encontraban nadando estas personas y no auxiliaron a nadie cuando los migrantes se encontraban «unos sobre otros». Metromuster (creadores de ‘Ciutat Morta’) y la asociación Observatori DESC coproducen este nuevo documental para «visibilizar el trabajo de ONG, movimientos sociales y periodistas» para reconstruir lo ocurrido aquella mañana y «empujar» la investigación judicial.

«Queremos partir de los hechos que ya conocemos para realizar una reflexión mayor sobre cómo funcinona el círculo de impunidad en la frontera Sur y qué puede hacer la ciudadanía para cortocircuitar esta impunidad», explica Marc Serra, jurista y miembro de Observatori DESC, asociación que produce el documental y que forma parte de la acusación popular del caso del Tarajal.

Ley de punto final

José María Mena
Jurista. Ex fiscal jefe de Cataluña

lamentable

Es un clamor social unánime que la justicia no es, precisamente, rápida, no es igual para todos, y en ocasiones, no es eficaz. Cuando se habla de la lentitud de la justicia nadie está pensando exclusivamente en la fase inicial del proceso penal, que es la investigación. Se piensa también en que el señalamiento de la fecha del juicio oral se pierde, desesperantemente, en el tiempo. Se piensa en que los recursos posteriores al juicio hacen interminable la fecha de la sentencia firme y definitiva, con el Tribunal Supremo y el Constitucional esgrimidos como instrumentos de lentificación, cuando no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se piensa en los indultos, que no son instrumentos de lentitud sino, directamente, de frenada definitiva de la justicia. Se piensa en la inoperancia práctica de la justicia para recuperar el dinero que los grandes defraudadores guardan en los numerosos paraísos fiscales que son parte del sistema internacional de impunidad de ese tipo de delincuentes gravemente antisociales.

Ante esta unánime demanda social el gobierno de Rajoy promovió una reforma legal que llegó al Boletín Oficial el 6 de Octubre. Lleva el pomposo título de Reforma para la agilización de la justicia penal. Esta ley, sin embargo, ha sido apodada por los fiscales, progresistas y conservadores, como “ley de punto final”.

¿Por qué es una ley de punto final?.

1. Porque ahora habrá dos clases de procesos. Los sencillos y los complejos. Si es sencillo tendrá que concluirse la investigación en seis meses. Si es complejo en diez y ocho, con posibilidad de prórroga. Lo decide el juez a petición del fiscal. Todo el mundo sabe que los grandes casos de corrupción no se pueden investigar en plazos tan limitados porque no hay medios para superar, en ese plazo, las trabas y dificultades que plantean los investigados, las instituciones oficiales que les respaldan, las instituciones financieras españolas o internacionales que cobijan su botín, y la telaraña de complicidad que envuelve todo eso. Y si se acaban los plazos legales, o no se conceden las prórrogas, la investigación deberá cesar inexorablemente, no se podrán realizar nuevas pruebas por evidente que sea su necesidad, por seguro que sea su resultado. Y el asunto estará acabado. Por eso la llaman ley de punto final.

El Poder Judicial da un toque indirectamente al fiscal Horrach

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado este lunes al fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no utilice expresiones que puedan desacreditar «injustificadamente» la labor del juez del caso Nóos, José Castro.

Aunque en ningún momento el acuerdo cita el caso ni al juez ni al fiscal, la declaración ha sido aprobada después de que los vocales progresistas del Poder Judicial pidieran que se actuase contra el fiscal por las «imputaciones» que, aseguran, Horrach ha hecho contra el juez en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina.

El CGPJ considera necesario en su acuerdo solicitar «de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional» de los jueces y magistrados.

El pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del rey en «meras conjeturas», al tiempo que consideró que sufría «contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación» y despreciaba indicios exculpatorios.

Blasco, la derrota de ‘Invictus’

Rafael Blasco ha sido un animal político cuyo vocabulario gira en torno a un solo vocablo: resistir.

Rafael Blasco, en su despacho en Les Corts. / TXEMA RODRÍGUEZ

La mixomatosis es la gran amenaza para los conejos. Una enfermedad vírica que durante los últimos años se ha convertido en una plaga mundial que afecta a estos mamíferos roedores. Una vez el virus afecta al conejo, el animal se vuelve apático, pierde el apetito y desarrolla fiebre. Si el conejo no tiene resistencia, en unos 13 días le sobreviene la muerte.

A Rafael Blasco, exconseller y exhombre fuerte del Consell, le apodaban «el conejo» varios de los imputados en la trama de ayudas a las ONG, según consta en el sumario que instruye la juez Nieves Molina. El escándalo de Cooperación se convirtió en la particular mixomatosis del dirigente popular. Un animal político cuyo vocabulario gira en torno a un solo vocablo: resistir. Blasco sabe que, como le ocurre a los conejos, flaquear será su sentencia judicial. La carrera política, por otro lado, ya está finiquitada. A principios de junio se supo que la Abogacía de la Generalitat pide más de 10 años de cárcel para él y la Fiscalía se va hasta los 14. Un día antes era el PSPV, como acusación particular, quien solicitaba 15 años de prisión.

La Justicia ha decidido ahora que Rafael Blasco (Alzira, 9 de febrero de 1945) es culpable. La condena: 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación. Ha sido un proceso farragoso, intenso y nada estético que ha puesto final a su peculiar carrera política. En la intimidad, históricos socialistas brindarán con cava si ven caer al personaje más odiado por el puño y la rosa.

La historia política más contada de la Comunitat

La de Blasco es la historia política más contada de la Comunitat. Gobierno y oposición se la saben de memoria. Pero se ha convertido en la radiografía exacta de lo que es, para lo bueno y para lo malo, Rafael Blasco.

El joven Blasco se curtió a la izquierda de la izquierda. Con el marxismo como fuente de inspiración se labró un futuro a golpe de escisiones de partidos matriz para crearse poco a poco su propia historia. Desafiando al franquismo en la última etapa de la dictadura como miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). Blasco pisó la cárcel, la Modelo de Barcelona en concreto, tras volver de una reunión clandestina más allá de los Pirineos.

Con el autonomismo, entró en el equipo de Lerma. En la Universidad, mientras estudiaba la licenciatura de Derecho conoció a Ciprià Ciscar, a la postre su cuñado, ya que se casó con su hermana Consuelo. Batalló duro en el Sindicato Democrático Universitario. A finales de los ochenta, llegó su primer escándalo. La reclasificación de unos terrenos con conexiones en Paterna y Calp le llevaron al banquillo de los acusados. Fue absuelto. Lerma ya le había dado boleto de la conselleria de Obras Públicas y del PSOE.

Juró odio eterno a los socialistas valencianos. Vendió sus conocimientos y dossiers al mejor postor y Eduardo Zaplana, largo como ninguno, lo fichó para ganar la presidencia de la Generalitat. Blasco lo llevó en volandas. Conseller sin afiliación, firmó su carné de militante del PP en Castellón el mismo día en el que Carmina Ordoñez sumía al mundo rosa en un paño de lágrimas por su muerte tan prematura y el PSPV reelegía a Pla líder.

Las espaldas de Blasco cargaron la acometida de la oposición por el asunto Lonerson (le afectó en su etapa en Bienestar Social, sin llegar al juzgado) en plena transición de Zaplana a Camps con Olivas como presidente. Un asunto raro en el que ya pululaban algunos de los que se han hecho famosos con la trama de Cooperación.

Blasco mantuvo puesto fijo en el Gobierno valenciano. Con Camps anduvo por las áreas de Sanidad y Territorio para terminar en una conselleria menor que él mismo se encargó de darle realce. Movilizó al partido desde el área de Participación Ciudadana pero conservó una parte para mover dinero a golpe de subvención solidaria. El dirigente popular, que conservará el puesto de portavoz sin atribuciones hasta que se aclare el tema de su imputación, fue el primer cargo de la Comunitat capaz de hacer doblete en Consell y como síndico del grupo.

Camps, que lo sacó de su último Gobierno, lo mantuvo como síndico en Les Corts y le brindó sillón en las reuniones del pleno del Consell. Una de las excentricidades que fulminó Fabra al instante. Blasco, que animó a sus diputados en horas bajas con películas como ‘Invictus’, ya no es invencible. Quizá su historia sirva para hacer un remake de ‘Sopa de Ganso’, con la que también instruyó a la bancada popular.

Las Provincias

 

“Una chapuza legislativa indecente”

Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia, utilizó ayer calificativos especialmente gruesos para calificar la gestión del ministro Alberto Ruiz- Gallardón al frente del departamento de Justicia. A la vez que preguntaba por los efectos perversos de la reforma de la justicia universal, que ha provocado la excarcelación de 29 narcotraficantes, el dirigente socialista hizo un repaso por todas las medidas adoptadas por Gallardón en lo que va de legislatura y consideró al ministro como “alguien muy dañino para la justicia en España”. “Ha conseguido usted cabrear a todos los colectivos, jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios, sindicatos y ciudadanos en general”, arrancó Villarrubia. “Los efectos de la reforma son especialmente graves: recortes en la protección de los derechos humanos, eliminación de la justicia universal, impunidad de delincuentes y excarcelación de narcotraficantes. Ya van 29”.

Villarrubia recordó al ministro que los jueces que han decidido excarcelar a narcotraficantes por considerar que España no tiene base legal para juzgarlos “no pueden hacer otra cosa porque es su voluntad [en referencia al Gobierno] y no tienen competencia”.

El PSOE pidió formalmente ayer al Gobierno una solución tan urgente como la reforma que restringió al máximo la posibilidad de tramitar causas de justicia universal en España. “Le exijo en nombre de mi grupo”, señaló Villarrubia, “que presente una rectificación urgente a esta chapuza legislativa corrigiendo los errores de la reforma y tramitándola de la misma forma que esa reforma indecente que ustedes aprobaron hace poco, es de justicia”.

Los responsables políticos de la gestión del ‘Prestige’ once años más tarde

Imagen de los responsables de la gestión del caso del Prestige |

Noviembre de 2002. Las costas gallegas se tiñeron de negro por la catástrofe ecológica provocada por el hundimiento del petrolero ‘Prestige’. Once años más tarde la justicia ha dictado sentencia y no se ha culpabilizado a ningún responsable político. Este triste episodio hizo llorar a muchos españoles e irritó al mismo nivel la gestión del Gobierno.

Eran los últimos años del Ejecutivo de José María Aznar, que había ganado dos años antes las elecciones por mayoría absoluta. El ‘Prestige’ supuso el inicio del declive de la Administración conservadora. La oposición cargó con toda crudeza contra los que ocupaban los ministerios implicados y muchos pensaron que sería el final de su vida política. Pero no, cosas de la vida. Hoy muchos de los rostros del poder relacionados con el escándalo son las personas más poderosas del país, empezando por Mariano Rajoy.

Estos fueron los principales políticos implicados en la gestión del ‘Prestige’ y su situación actual:

De profesión, testigo

Un amable lector me envía un correo electrónico en el que pregunta si existen estadísticas acerca del número de falsos testimonios que, a título de ejemplo, durante un año, se cometen en el mundo. Sin repreguntarle por la razón de tan peculiar y ambiciosa curiosidad, aunque supongo que el motivo será de actualidad, lo primero que he de responderle es que estoy muy lejos de poder satisfacer su interés, pues los datos de los que dispongo son más bien escasos. No obstante, le ofrezco cuanto tengo a mi alcance.

Vaya por delante que siempre pensé que la esencia de la Justicia es la verdad. Esto es algo que se aprende fácilmente. Con leer a los clásicos es suficiente. «La verdad puede enfermar pero no morir del todo», escribe Cervantes en Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, a lo que yo, a infinitas leguas de distancia del genio, añadiría que tan sólo quien vive en la verdad merece alcanzar la beneficiosa Justicia.

Pese a lo dicho, creo que la opinión de no pocos profesionales de la Administración de Justicia es que la cifra de falsos testimonios supera en mucho la impresión que la gente tiene y que los «perjurios» que terminan siendo castigados son sólo una fracción de los realmente cometidos. La razón es que, aparte de que la mayoría de ellos no puede demostrarse fehacientemente, cuando la falsedad se descubre, normalmente no se emprenden acciones penales. Como botón de muestra, un juez de larga experiencia me expresa su pesimismo al sostener que «en el 80% de los procedimientos penales los testimonios que se vierten son falsos», aunque matiza que su parecer no está debidamente probado.

Bárcenas tira de la manta

 Las claves de su declaración ante el juez.

Estoy (I.E.) actualizando este artículo con nuevas claves a medida que consigo más información de lo que Luis Bárcenas ha declarado ante el juez.

Ignacio Escolar en El Diario.es

1. El extesorero del PP apunta directamente a la cúpula del PP con material tan contundente que va a obligar al juez Ruz a actuar. Luis Bárcenas ha confirmado en la Audiencia Nacional que los papeles son ciertos, que los escribió él y reflejan la contabilidad B; que cobraba el presidente del partido, el secretario general y los vicesecretarios generales de la organización. Que Rajoy y Cospedal se llevaron sobres con dinero negro en 2008, 2009 y 2010. Que el PP se ha financiado ilegalmente desde que se fundó el partido, de forma constante y sistemática. ¿Las pruebas de su gravísima acusación?: además de su declaración –y no es un cualquiera quien ahora colabora con la justicia–, Bárcenas ha entregado un pen drive cifrado, cargado de documentos, cuyo código de seguridad aportará su abogado al juez.

2. La caja B, según Bárcenas, comenzó en abril de 1990. La primera anotación son los 8 millones de pesetas que le entregó en mano el anterior tesorero, Rosendo Naseiro. Cuando entró Álvaro Lapuerta en la tesorería, una persona le explicó el procedimiento de los sobresueldos en efectivo. Solo conocían el mecanismo los que cobraban, los tesoreros, el propio Luis Bárcenas y al final quien fue su sustituto como gerente, Cristóbal Paez. Páez, siempre según Bárcenas, tuvo los papeles en su poder durante cuatro meses, entre marzo y julio de 2009.

El ‘veredicto express’ de Alfonso Alonso

Hay un detalle en el que tiene interés posar la atención. Se deslizó el pasado jueves, día 11, en el debate de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sobre la petición de comparecencia de Mariano Rajoy para informar sobre las acusaciones de financiación ilegal del Partido Popular y el cobro de comisiones por la contratación de obras públicas.

Más allá de la nueva personalidad forzada de político-killer del portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, un hombre que pasa por ser mesurado y contenido, están algunas de sus afirmaciones. Alonso reune al menos dos de las condiciones para estimar que es consciente de lo que ha dicho. Es abogado y filólogo. Y posee una dilatada actividad política, desde su cargo de alcalde de Vitoria hasta su  incorporación en 2008 a la dirección del grupo parlamentario, tras ser líder en esas elecciones por la lista del PP de Álava; después de repetir en las elecciones del 20-N de 2011, fue designado portavoz parlamentario de su partido por Mariano Rajoy.

Bien, el abogado y filólogo nos dice, según queda registrado en el Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del pasado jueves 11 lo siguiente: «Lo que no es razonable es que no se le conceda credibilidad y no se defienda la dignidad del presidente del Gobierno frente a las acusaciones que realiza un delincuente que, como digo, ha hecho de la mentira su modo de vida».

    Alonso, pues, ya ha juzgado a Luis Bárcenas, gerente de su partido entre 1982 y 2008. Veintiséis años es tiempo más que suficiente de convivencia con Rajoy para que éste adoptara una decisión trascendente en el congreso de Valencia, en junio de 2008. Nombrar a Bárcenas tesorero nacional.

    No es presunto delincuente. Es delincuente a secas.