Rita Barberá, ejemplo del abandono del valenciano por el PP

Alberto Fabra, presidente de Valencia, y la alcaldesa Rita Barberá, en 2014. / tania castro

Rita Barberá lleva casi un cuarto de siglo de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia sin dar muestras de querer aprender o comunicarse en la lengua de su pueblo, aquella con la que se han escrito obras cumbre de la literatura universal como Tirant lo Blanc y que emplean 10 millones de personas. Su desconocimiento de la lengua quedó patente en la Crida, un acto que sirve de inicio de la fiesta de las fallas, en el que mezcló palabras en castellano (“el fred del verano”) con otras inventadas e irreconocibles (“dejeim”).

Ni siquiera ante tan claro acto de desprecio por la lengua de los valencianos, el Partido Popular se ha atrevido a criticar a la alcaldesa. Su partido ha preferido calificar de “anécdota” el escándalo del tradicional acto fallero. Pedir responsabilidades —por ejemplo por parte del presidente valenciano, Alberto Fabra, que se hallaba a escasos metros de Barberá durante aquel bochornoso espectáculo— hubiera supuesto una política que es ajena al PP: la defensa del valenciano en sus intervenciones públicas.

Por eso llamó gratamente la atención el viernes que el Rey Felipe VI utilizara correctamente la lengua del Tirant lo Blanc en buena parte del discurso pronunciado en Valencia con ocasión de la entrega de la Distinción de la Generalitat que el Consell le concedió por la festividad del 9 de Octubre. Don Felipe hizo un esfuerzo, a pesar de que el valenciano no es su lengua, pero se notaron sus conocimientos de la variante dialectal occidental, el catalán.

Sin embargo, no fue más fluido el valenciano del presidente de la Generalitat, que se limitó a leer en esta lengua el decreto de concesión. Alberto Fabra se expresa en castellano, a pesar de proceder de una zona valencianoparlante como Castellón y de haberse preocupado de recibir clases de valenciano.

Los archivos vaticanos del Institut Borja abandonarán Valencia por «desinterés de las instituciones»

El Institut d’Estudis Borgians ha anunciado que los más de dos millones y medio de documentos relativos a la familia de los papas Borgia procedentes del Archivo Secreto del Vaticano «se irán de Valencia», donde se encuentran depositados desde el año 2007, a causa del «desinterés de las instituciones».

El organismo cultural tienen previsto explicar los detalles de esta decisión en la rueda de prensa que ha convocado para el próximo lunes en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), donde, hasta el momento, se custodian los fondos documentales. En el acto participarán, Eliseu Climent, secretario del Instituto Internacional d’Estudis Borgians, y el catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València Antoni Furió.

El instituto recuerda que entre la abundante documentación que guarda hay material sobre los papados completos de los valencianos Calixto III y Alejandro VI. La mayoría de esta documentación es «inédita y su estudio permitiría conocer definitivamente las características más importantes de esta familia valenciana universal», subrayan desde la entidad.

«Los archivos vaticanos –prosiguen– se encuentran en poder del Instituto Borja desde noviembre de 2007, cuando fueron entregados en una ceremonia donde participaron, entre otros, Luca Carboni, secretario del Archivio Segreto Vaticano, y Jaime de Marichalar, entonces presidente de la Fundación Winterthur, que patrocinó la adquisición».

Nova Terra Lliure (Nueva Tierra Libre)

“Desde aquí, damos un ultimátum al Gobierno de Rajoy”. Este aviso fue lanzado hace pocas semanas por un movimiento catalán separatista denominado Nova Terra Lliure. Sus miembros, dice el mismo texto, “han prometido una intervención armada contra el Gobierno golpista de España si no nos concediesen este derecho fundamental de la democracia [se refiere al referéndum independentista]”. Y más: “En el caso de libertar al pueblo catalán, declararíamos la independencia de forma unilateral y convocaríamos elecciones para la nueva república catalana e ilegalizaríamos al PP”. El lema de este nuevo grupo lo dice todo: “Pueblo armado, pueblo respetado”.

Nova Terra Lliure considera que el Gobierno central está “cada vez más debilitado y arenga que “han de entender, aunque no lo quieran, que estamos cansados de que nos roben y que, por tanto, si no nos dejan [ser independientes] por las buenas, será por las malas. Es el momento de estar unidos y actuar contra un Gobierno que nos reprime y nos persigue por el solo hecho de ser catalanes. Salgamos a ‘cazar’ españolitos (sic) y entonces se darán cuenta de que no tienen más remedio que dejarnos hacer la consulta. Si el camino pasa por las armas, estamos dispuestos a ir por ahí y a rebelarnos contra este golpe de Estado al que estamos sometidos desde hace años. El PP se ha convertido en una secta franquista que se ha de ilegalizar de forma urgente”.

Tarjeta roja a Fabra

Parte de la otra sociedad civil – aquella que no acudió al esperpéntico acto organizado por Fabra-, partidos políticos de izquierdas y sindicatos han convocado una manifestación contra  contra la “catástrofe política, económica, social y moral que supone el PP y Alberto Fabra” para el Pais Valencià.

El acto será el viernes 7 de marzo a las 19 horas en la Plaza de la Virgen de Valencia, precisamente el lugar que simboliza la resistencia contra los abusos del poder por el uso que hace de ella la Asociación de Víctimas del Metro. El Ayuntamiento de Valencia plantea ahora restringir el uso de ese y otros lugares emblemáticos de la ciudad.

El acto, que pide una “tarjeta roja” para Fabra, agrupará a gran parte del tejido social de izquierdas. Lo convocan, entre otros, sociedades valencianistas (Societat Coral El Micalet o Acció Cultural), colectivos perjudicados por el cierre de Canal 9 (comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana o Mildenou), grupos movilizados en defensa del sector o las ayudas públicas (Coordinadora de Discapacitat i Dependència o Plataforma per l’Ensenyament Públic), la PAH, Salvem el Cabanyal o sindicatos como UGT o Intersindical.

PSPV, Compromís y EU, los partidos que formarían el eventual “tripartito”, demonizado por el PP por catalanista y secesionista, también estarán en la protesta junto con casi 30 colectivos progresistas. La petición genérica será la de hacer explícita la posibilidad de una alternativa, visualizar la posibilidad de un “cambio”.

Democracia, fundida a negro

El apagón de la radio y televisión pública valenciana (RTVV) impuesto por el gobierno autonómico , evidencia, aún más, el serio proceso de involución democrática que vivimos en el Estado Español. Esta acción canalla es más que un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información ciudadana; significa más que el expolio de los derechos laborales de las personas que trabajaban en el medio de comunicación público. Es la democracia la que se está vapuleando y ya, fundida a negro, anticipa su total desaparición.

La muerte de RTVV en directo , a las 12.19 del 29 de Noviembre, pone fin a 24 años de funcionamiento. La excusa utilizada por el gobierno para justificar este abuso de poder es la de ‘considerar insostenible financieramente RTVV’ después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulase el ERE con el que pretendían liquidar a parte de la plantilla.
Si algo bueno tiene la eliminación de este canal público es que ha propiciado el despertar de la conciencia crítica de quienes allí trabajaban, de manera servilista a la imposición ideológica del gobierno. Era un secreto a voces que la supuesta independencia de canal 9 brillaba por su ausencia, con manipulaciones informativas tan vergonzosas que, en el último momento, justo antes de su cierre, parte de lxs trabajadores han intentado subsanar .

En mi opinión, lo realmente preocupante es que esta medida impuesta es una pieza más del nuevo escenario anti-democrático que s edesvela al contextualizar el absolutismo de este fundido a negro de RTVV con otras medidas impuestas desde el gobierno central.

Fabra abochorna al PP con su nefasta gestión del ‘apagón’ de Canal Nou

Uno de los trabajadores de RTVV muestra un cartel en protesta por el cierre. Foto: EFE

Sólo el argumento irrebatible de la disciplina de partido impidió que el pasado miércoles algunos parlamentarios del PP se rebelaran contra las consignas de Alberto Fabra y tumbaran en las Cortes Valencianas, votando «lo que les pedía el cuerpo», la ley que liquidaba Canal Nou. Finalmente el pragmatismo se impuso al corazón, pero al presidente de la Generalitat le puede salir muy cara su desastrosa y atropellada gestión del apagón de la radiotelevisión pública, que ha causado «bochorno» y una honda preocupación en sus propias filas por las funestas consecuencias que esa «chapuza» puede acarrearle al PP, ya muy debilitado en las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas, según reconocen fuentes del partido.

«Todo ha sido un despropósito de principio a fin», confiesa un diputado popular muy crítico con Fabra, «empezando por cómo se tramitó el ERE», que el presidente de la Generalitat puso enteramente en manos de su número dos, José Ciscar, y de la última directora general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, enfrentados entre sí. Fabra, aseguran las fuentes consultadas, ni siquiera tenía preparado un plan B para el caso de que los tribunales anularan el expediente de regulación de empleo de Canal Nou, como finalmente así ocurrió, porque «estaba convencido de que el ERE saldría adelante».

Garrigues, la consultora que asesoró a la Generalitat en la tramitación del ERE que dejó en la calle a 1.100 de los casi 1.700 trabajadores de la plantilla, alertó a Fabra de que Vidal estaba poniendo en grave riesgo la viabilidad del despido colectivo con su decisión de repescar a 186 técnicos de la lista inicial de afectados. El vicepresidente Ciscar advirtió públicamente a la directora general del ente público que tendría que «apañarse con el dinero que tiene» para hacer frente al coste extra que suponía salvar a esos empleados, y cuestionó abiertamente, al igual que hizo Garrigues, que la medida tuviera «el soporte jurídico adecuado».

La prosperidad de Valencia se cae a pedazos lastrada por años de despilfarro y corrupción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (EFE)

La prosperidad de la Comunidad Valenciana, a la que su vecina Cataluña miraba de reojo hasta hace bien poco con una mezcla de envidia y recelo, resultó ser un espejismo. Tras casi dos décadas ininterrumpidas de gobiernos del PP, los valencianos pagan hoy los platos rotos de los excesos -y fueron muchos- de la era Camps. Despojada para siempre de las joyas de su sistema financiero -Bancaja y la CAM-, sin tejido industrial, carcomida por un índice de desempleo que supera el 28% y asfixiada por una deuda de casi 30.000 millones de euros, la región acaba de perder también un referente emocional y lingüístico: Canal Nou. Y con él buena parte de su autoestima colectiva.

Cuando Eduardo Zaplana apeó de la Generalitat al socialista Joan Lerma, en 1995, la televisión autonómica contaba con una plantilla que apenas llegaba a los 650 trabajadores. Ahora, con casi 1.700 empleados -no pocos de ellos familiares, amigos y enchufados del PP-, una deuda acumulada que roza los 1.400 millones de euros, una credibilidad engullida por la obscena manipulación de los gestores -léase comisarios políticos- nombrados por el partido y unos índices de audiencia raquíticos, Canal Nou se había transformado en un tumor que Alberto Fabra se ha visto empujado a extirpar de raíz, en parte por la torpeza con la que él mismo manejó el ERE que los jueces han acabado tumbando.

El actual presidente de la Generalitat llamó a Madrid para intentar a la desesperada que Cristóbal Montoro le diera un dinero extra con el que salvar in extremis la cadena. Pero el ministro de Hacienda se aferró a la ortodoxia del déficit y le dio con la puerta en las narices. Mariano Rajoy, que ni siquiera se le puso al teléfono, sigue apostando por Fabra no por convicción, sino porque no tiene recambio. Es un president débil y sin autoridad, incapaz de gobernar su propio partido -el líder del PP valenciano, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le ningunean en cuanto tienen ocasión- y que, para combatir su soledad y falta de apoyos, se ha rodeado de un reducido equipo de fieles -con el vicepresidente José Ciscar a la cabeza- muy cuestionado internamente.

El expolio tras las cámaras

Concentración de trabajadores de Canal 9 delante de la Generalitat, en 2004. / José Jordán

Los últimos años, con el PP al frente del gobierno autonómico, han sido muy intensos informativamente. El sistema financiero valenciano ha desaparecido del mapa, cuando hasta hace nada sus dos cajas de ahorro, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban la tercera y cuarta posición en la clasificación de entidades de ahorro españolas, y el Banco de Valencia, símbolo de una burguesía ilustrada, tuvo que ser vendido por un euro a La Caixa. El miércoles pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenaba la detención de cinco directivos de la extinta CAM, ahora en manos del Banco de Sabadell, y un día después enviaba a prisión a dos de sus máximos responsables.

Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.

La valenciana fue la primera autonomía que se quedó sin un sistema financiero propio y la primera que ha decidido cerrar una televisión pública en un territorio con lengua cooficial, dejando en la calle a 1.660 trabajadores. A cambio, mantiene el aeropuerto sin aviones de Castellón; un edificio de Santiago Calatrava, conocido como el Ágora, que costó 100 millones de euros en el que una vez al año se celebra un torneo de tenis de la serie Masters 500 y, eventualmente, la semana de la moda de Valencia; la Ciudad de la Luz en Alicante, unos estudios cinematográficos que costaron 270 millones que ahora permanecen cerrados y por los que la Unión Europea reclama a la Generalitat que haga frente a una sanción de 265 millones por subvenciones concedidas de forma irregular. Y, para rematar, el esqueleto del nuevo estadio del Valencia CF, todo un paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP, soñó con una autonomía que fuera la vanguardia de muchas cosas. Nunca debió de pensar que lo sería en despilfarro, corrupción y desempleo.

La izquierda consolida su mayoría en la Comunidad Valenciana

Los partidos de izquierda con representación parlamentaria, si las elecciones se celebrasen hoy, consolidarían en las Cortes Valencianas la mayoría que hace un año les otorgó un sondeo elaborado por Metroscopia para EL PAÍS. Un año después, una nueva encuesta confeccionada con motivo de la festividad del 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, revela que si las votaciones tuviesen lugar hoy el PP quedaría muy lejos de la mayoría absoluta que ostenta ahora y no podría formar gobierno ni con el apoyo de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que entraría en la Cámara con grupo parlamentario propio.

El vuelco electoral ya se evidenció en el estudio realizado por Metroscopia en octubre de 2012 y un año después se consolida en el estado de opinión de los valencianos.

El sondeo estima que el PP obtendría ahora 41 escaños, uno menos que en el estudio de hace un año y muy lejos de los 55 que ostenta en la actualidad y los 50 que otorgan la mayoría absoluta en las Cortes. Con un porcentaje de voto del 33,9% —muy similar al estimado por Metroscopia para el PP en el conjunto de España (34,1%)—, los populares valencianos caen tres décimas en intención de voto respecto al sondeo de hace un año y 15,4 puntos sobre el resultado electoral de 2011.

Una parte importante de los votos que pierde el PP de Alberto Fabra los recoge UPyD, el partido de Rosa Díez, y otra parte opta por recalar en la abstención. Aunque estas no son las únicas pérdidas que sufren los populares valencianos, porque parte del segmento de votantes que arrebataron en anteriores convocatorias electorales al PSPV-PSOE los abandona para decantarse por Esquerra Unida.

Los socialistas de Ximo Puig mejoran posiciones. Respecto al sondeo de hace un año, suben casi cuatro puntos en porcentaje de voto (23,6%) y recuperan dos escaños. Sin embargo, los 27 diputados asignados están todavía lejos de los 33 y del 28% de voto logrado en los comicios autonómicos de 2011 y de la intención de voto del 29% que tiene ahora el PSOE en el conjunto de España.

La Comunidad Valenciana es la segunda región europea que más empleo destruye

Valencia, a la cola de Europa en tasa de empleo. (EFE)

La destrucción de empleo está dibujando el nuevo mapa de Europa. Una región española está en lo más alto del listado de las zonas que más han empeorado sus tasas de empleo entre 2008 y 2011, según los datos que la Oficina de Estadística de la Unión Europea -Eurostat- ha difundido este lunes. Se trata -con una caída de 9,5 puntos porcentuales- de la Comunidad Valenciana. Y está en ‘buena’ compañía, ya que de las primeras diez regiones europeas que más empleo han destruido, tres son españolas: Murcia y Baleares acompañan Valencia. Si se extiende la comparación hasta 2012, Valencia empeora sus números, llevándolos hasta los niveles de las regiones más pobres de Europa.

El dato -que indica la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar– sitúa la región por detrás solo de Yuzhen Tsentralen, región búlgara en la que el número de empleados cayó en 9,7 puntos porcentuales. Lituania la sigue con una caída de 9,5 puntos. Los datos toman en consideración el concepto de “región” según la aplicación de las políticas comunitarias, algo que permite que el Estado lituano entre en esta clasificación.

La caída, además, ha sido de alturas similares. En el caso de Valencia, ha sido de una tasa de empleo del 68% 2007 hasta el 59% de 2011. En la región búlgara, el cambio ha sido de un 69% de empleados hasta el actual de 60.