Cinco años después, la trama de corrupción masiva dirigida por Francisco Correa, que desparramó sus influencias por varias comunidades y una decena de ayuntamientos del PP, ha colocado a más de una docena de excargos públicos valencianos a los pies del banquillo de los acusados. Serán casi los primeros, pero a ellos les sucederán los implicados en el grueso del caso y otros excargos populares, como los de Madrid, defenestrados políticamente al inicio de la investigación, pero que aún no han rendido cuentas ante la justicia.
A 14 meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los procesos judiciales colocarán bajo mínimos el prestigio del PP valenciano por sus prácticas presuntamente ilegales. Es probable que las maniobras de sus dirigentes impidan una nueva foto en el banquillo antes de las elecciones europeas, pero no podrán frenar las investigaciones y el remate a un proceso judicial que, día a día, certifica el despliegue de todo un mecanismo de corruptelas que los populares permitieron en la pasada década.
Sobre el horizonte de 2015, el PP valenciano resiste pero como un partido desangrado, sin que su líder, y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sea capaz de atajar las líneas rojas que se marcó al inicio de su mandato, heredado tras la dimisión de Francisco Camps. Seguir leyendo
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