El TC rechaza la declaración soberanista del Parlament por unanimidad

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) considera inconstitucional el contenido de la declaración de soberanía aprobada el 23 de enero del 2013 por el Parlament de Catalunya en la que la cámara sostenía que el pueblo catalán tiene, «por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano» y, por tanto, se inicia el proceso para hacer «efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los catalanes puedan decidir su futuro político».

Según fuentes jurídicas, el fallo considera contraria a la Constitución la proclamación de una soberanía política catalana, pero deja la puerta abierta a que una reforma constitucional permita el ejercicio del derecho a decidir.
La declaración fue recurrida por el Gobierno central, recurso que ahora se estima justo antes de que el Parlament formalizara las recusaciones contra el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y los magistrados, Pedro José González-Trevijano y Enrique López. La iniciativa parlamentaria, acordada hoy, ha causado un profundo malestar en el Alto Tribunal, que con su decisión se ha adelantado a la presentación de las recusaciones, dejándolas sin recorrido.

¿Acuerdo PSOE-PP para renovar el Tribunal Constitucional?

El PP ha decidido retirar al magistrado Enrique López de su lista de candidatos para renovar la composición del Tribunal Constitucional en el cupo que le corresponde al Senado y presentarlo próximamente en el del Congreso para favorecer así que se desbloquee la renovación del TC.

Según han informado fuentes del Partido Popular, el nombre de López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, será sustituido por el catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos.

El PP tenía que proponer una alternativa a López después de que su candidatura para formar parte del TC fuera rechazada por el Senado al no cumplir con el requisito de quince años de servicio en activo para ser magistrado del Tribunal Constitucional.

Esta tarde está citada la comisión de nombramientos de la Cámara Alta para, después de sucesivos aplazamientos, intentar un acuerdo entre los grupos en torno a la renovación del TC.

El anuncio del PP de que propondrá a otra persona distinta a López abre la puerta a que se selle en el Senado el acuerdo que haga factible la renovación pendiente desde hace casi tres años de cuatro magistrados.

El Estatuto catalán y el respeto

Aunque todavía no podemos hacer una valoración jurídica profunda de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto Catalán, sí podemos contribuir a la sensatez y al sosiego con estas líneas de urgencia.

El proceso es el resultado de una acumulación de despropósitos y de errores con responsables plurales, desde el Gobierno catalán y los partidos políticos catalanes, pasando por el secretario general del PSOE, señor Rodríguez Zapatero, cuando sostuvo con imprudente firmeza que lo que se aprobase en Cataluña, se aprobaría en Madrid, y siguiendo en todos los demás trámites por la totalidad de intervinientes políticos y parlamentarios. El último de esos despropósitos lo crean y desarrollan las autoridades y los medios de comunicación catalanes, cuando afirman, con notable exceso y desconocimiento doloso que el tribunal no está legitimado para resolver el asunto.

El desprestigio del Tribunal Constitucional

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas ha denunciado, muy enfadada ella, la terrible campaña de desprestigio lanzada contra el mismo. No sabe o no quiere saber que el alto tribunal se ha desprestigiado solito que no necesita ayudas desde el exterior para que exista ese desprestigio.

Hay dos razones fundamentales para que se haya producido dicho desprestigio. Uno de ellos es su incapacidad para elaborar una sentencia en el espinoso tema del Estatut(o) catalán, llevan tres años y medio y no han sido capaces de ponerse de acuerdo con el tema.

The Economist: el TC deberá definir aspectos pendientes en la Constitución

El semanario británico The Economist, que en noviembre de 2008 denunció que la lengua se había convertido en ‘una obsesión para los nacionalistas’ en Cataluña, señala que el Tribunal Constitucional deberá definir cuestiones competenciales pendientes en la Constitución desde 1978.

El rotativo insiste, en un artículo pubicado este jueves, en que tras el proceso iniciado en el Parlamento autonómico para prohibir las corridas de toros, se esconde ‘tanto una decisión sobre la identidad catalana como sobre los derechos de los animales’, puesto que ‘no importa que las tradiciones propias de Cataluña impliquen tormentos similares para animales indefensos’.

El ‘monstruo’ devora a sus criaturas

A veces, la política no es guía de la opinión pública, decía Stefan Zweig, sino inclinación humillante de los caudillos ante sus propias creaciones. Ante sus propios monstruos. Para entusiasmar al pueblo y para justificar su radicalismo, los caudillos cometen la torpeza de crear un lenguaje cruento. Se habla de traidores, de patíbulos y de guillotinas, y así nacen las guerras: de un juego con palabras peligrosas, de una superexcitación de las pasiones nacionales.

La respuesta que ha dado la prensa catalana a la mera posibilidad de que el Tribunal Constitucional eche por tierra buena parte del ‘Estatut’, recuerda mucho a las palabras de escritor austríaco. El lenguaje duro e intimidatorio del editorial firmado por doce diarios sólo pretende dos cosas: coaccionar al TC para que dicte una sentencia benevolente y desempolvar viejos agravios comparativos que nos retrotraen a la Dictadura. A antes de 1977. Pero olvidan los firmantes de la proclama (el texto no tiene nada que ver con un editorial) que en los últimos 30 años Cataluña ha disfrutado de un autogobierno incluso superior al que tienen muchos países federales. Acudir al victimismo es una incongruencia histórica y una solemne mentira.

Guerra se desmarca de Zapatero y censura las «presiones» de la prensa catalana al TC

Alfonso Guerra y José Luis Rodriguez Zapatero conversan en el Congreso de los diputados

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, censuró hoy la «presiones» al Tribunal Constitucional que, desde su punto de vista, se están produciendo en las últimas semanas a cuenta de la esperada sentencia sobre el Estatuto catalán y recordó que este órgano decide sobre la constitucionalidad de las leyes, pero «no hace política» ni debe «medir» las «consecuencias» que en ese ámbito puedan tener sus decisiones.

Guerra interpreta como una «presión más» a los magistrados del TC el editorial que hoy publican doce periódicos catalanes titulado ‘La dignidad de Catalunya’, en el que se advierte de las consecuencias de un fallo adverso, se critican las «posiciones irreductibles» que se atribuyen a determinados magistrados y se denuncia la situación del interinidad del tribunal.

En declaraciones a Europa Press, quien presidió el órgano que rebajó el texto inicial aprobado por el Parlamento catalán considera que, desde algunos sectores, se esté exigiendo a los magistrados del Constitucional que «hagan política» cuando ésa no es su función.

La dignidad de Catalunya

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

El Gobierno recurre la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre por inconstitucional

El Gobierno ha decidido desembarcar en la guerra por el control de Caja Madrid. Según han confirmado fuentes gubernamentales, el Gobierno ha decidido recurrir la Ley de Cajas promovida por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid por considerarla anticonstitucional.

La Abogacía del Estado presentará el lunes un recurso contra la Ley de Cajas que reformó la Comunidad de Madrid y cuya adaptación a los estatutos de Caja Madrid ha provocado un enconamiento entre los miembros del consejo de administración, con mayoría de representantes del Partido Popular.

El Tribunal Constitucional tumba el recurso del PP contra la Ley de Igualdad

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Igualdad que estableció la obligación de los partidos de presentar listas paritarias a las elecciones y contra la que el PP interpuso un recurso y un Juzgado de Tenerife una cuestión de inconstitucionalidad.

La sentencia, de la que es ponente la magistrada Elisa Pérez Vera y que se conocerá en los próximos días, cuenta con un solo voto particular discrepante, el del juez conservador Jorge Rodríguez Zapata. Los otros once magistrados han avalado la constitucionalidad de la norma, que obligó a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y han rechazado los argumentos del PP y del juez de Tenerife.