Barberá y Camps pasan de las leyes en su afán urbanístico

El Tribunal Supremo, por un lado, y la Unión Europea, por otro, han tomado cartas en el asunto. En ambos expedientes salen al alimón implicados la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, los dos del PP. El motivo no es otro que la ejecución – o la anulación definitiva – así como el procedimiento empleado para llevar a cabo un polémico plan urbanístico en el barrio marítimo valenciano del Cabanyal, de alto valor patrimonial, histórico y cultural.

El comisario europeo del Mercado Interior, Charlie McCreevy, envió hace meses un escrito de emplazamiento – al que ha tenido acceso El Plural – donde recrimina al consistorio valenciano y al gobierno regional por haber creado la empresa denominada “Cabanyal 2010”, sin ajustarse a la ley vigente. Esta mercantil – según la Unión Europea – ha vulnerado dos normativas comunitarias, por lo que se pide el cese inmediato de actividad. También ha solicitado que se disuelva esta empresa la oposición socialista en el ayuntamiento, a través de la portavoz del PSPV-PSOE, Carmen Alborch y el concejal, Vicente González Móstoles. El asunto será debatido en profundidad en el próximo pleno municipal, este mismo mes de febrero.

Multa millonaria

De no cumplirse el requerimiento de la Unión Europea, el comisario McCreevy advierte al Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana que el caso puede llegar al Tribunal de Justicia Europeo. Allí podría ser juzgado y condenado al pago de una multa millonaria, teniendo en cuenta las graves infracciones detectadas.Oposición de los vecinos
Los vecinos del Cabanyal, respaldados por un amplio colectivo ciudadano solidario, se oponen radicalmente desde hace casi 10 años a que la prolongación de la avenida de Vicente Blasco Ibáñez llegue desde el centro de la ciudad hasta el mar, en línea recta y partiendo en dos la histórica barriada marinera. Según el presidente de la plataforma “Salvem el Cabanyal”, Faustino Villora, el impugnado “Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), si la alcaldesa Barberá consigue ejecutarlo, supondrá un “deterioro irrecuperable” del patrimonio cultural y artístico de la zona. Una parte de ella fue declarada en 1993 “Bien de Interés Cultural”, recuerda. El área de actuación denunciada abarca unos 500 edificios, a cuyos propietarios se les está amenazando con expropiaciones forzosas y compensaciones económicas por de bajo del precio del mercado. Un centenar de estos edificios están catalogados.

Mitad pública, mitad privada

La mercantil “Cabanyal 2010”, marcada ahora con el sello de “irregular” en la Unión Europea, se creó a través del ente público autonómico, Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), siendo conseller de Territorio, Rafael Blasco, y por la empresa municipal AUMSA. La nueva promotora inmobiliaria, “mitad-pública, mitad privada”, se constituyó con un capital social de 35 millones de euros. A ella acudieron 11 constructoras, sin que se respetaran los principios de publicidad y libre concurrencia comunitarios, según denuncia la instancia europea. Todas estas mercantiles pertenecen al patrimonio de empresarios que apoyan sin esconderse al PP valenciano.

Empresarios afines

Más de la mitad del capital de “Cabanyal 2010” es público de la Generalitat (27,5%) y el Ayuntamiento (27,5. El resto está equitativamente repartido entre los socios privados. Forma parte el grupo “Acciona”, antes “Necso-Entrecanales”, que explota adjudicaciones millonarias de servicios municipales en Valencia; el grupo Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, con fuertes vínculos de amistad con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. También figuran conocidos promotores alicantinos, antes en la órbita del poder económico en torno a Eduardo Zaplana y ahora reconvertidos deprisa y corriendo al campismo, como el grupo ECISA y Hermanos Martínez.

Entre las beneficiadas, la empresa de Cotino

Pero llama especialmente la atención en este entramado societario amonestado por la Unión Europea, la presencia de la empresa Edifesa, propiedad del presidente de la patronal regional valenciana, Rafael Ferrando. Y SEDESA, mercantil perteneciente a la familia de Juan Cotino, miembro del Opus Dei, y actual conseller de Biensatar Social y vicepresidente tercero del gobierno de Francisco Camps.

Deliberaciones del Supremo

En el ámbito estrictamente español, el caso del Cabanyal ha llegado a lo más alto de la justicia, después de haber sido objeto de numerosas sentencias, recursos, contrarrecursos y apelaciones. Desde el miércoles 13 de febrero, la sala Tercera de lo Contencioso del Supremo delibera sobre un recurso de casación, presentado por el movimiento vecinal contra una sentencia, pronunciada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana (TSJCV), dándole “luz verde” al proyecto de intervención urbanística, PEPRI.

Trámite acelerado

Por la naturaleza e importancia del caso, la sección del Supremo encargada del caso le ha dado un “trámite acelerado”. Ha anunciado que adelantará su pronunciamiento por sentencia firme e inapelable este mismo año, en vez del año que viene que le hubiera correspondido si hubiera seguido el trámite ordinario.

El PP pide que se aplace

Como el ayuntamiento de Valencia se teme que la sentencia del Supremo le puede ser adversa, el servicio jurídico municipal pidió hace un mes el aplazamiento de las deliberaciones de los magistrados, alegando que puede “influir” en negativo para el PP la sentencia en plena campaña electoral. La petición ha sido rechazada. Según han indicado fuentes del Tribunal Supremo a El Plural, la resolución final “puede conocerse en un plazo de un mes o mes y medio”.

Ignasi Pellicer en El Plural.