Carta al secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa

«Con amarga sorpresa veo las inaceptables declaraciones que ha hecho a la agencia Europa Press, en el día de ayer, sobre el servicio de escolta que usted ha decidido establecer para mi protección. Resultan bochornosas todas y cada una de las afirmaciones que hace y, lo que es más grave, sabiendo que al hacerlas agrava la situación de riesgo en la que usted me ha puesto. No alcanzo a comprender cuáles son las razones que tiene contra mí, si son políticas, ideológicas o de otro orden. Tampoco me preocupan lo más mínimo. Pero no puedo ni debo dejar pasar esta ocasión de comunicarle lo procedente.

Hasta el momento, ningún miembro del Ministerio del Interior, más allá de unas escuetas palabras del comisario de la Audiencia Nacional, a quien se lo agradezco, me ha informado de por qué se me eliminaba la escolta. Lo han hecho sin más explicaciones sobre cuáles eran las razones del cambio en mi protección, exactamente al día siguiente de concluir el juicio del caso Gürtel contra mí.

Posteriormente, por su orden, también sin anunciármelo formalmente, se eliminó el vehículo en el que tendría que ir el policía de escolta, dejando un servicio que usted sabe que es absolutamente inefectivo, y que no vale más que para salvar su responsabilidad al no atreverse a eliminar la protección en su integridad.

Señor secretario de Estado de Seguridad, le hago responsable de mi seguridad y de que la decisión que ha tomado pueda revertir en perjuicios irreparables para mi integridad. He intentado conocer las razones de su departamento, solicitándolas a los responsables policiales, los cuales simplemente me indicaron que se eliminaba el dispositivo de seguridad que tenía por una orden suya, pero ninguno me ha comunicado las causas. Tampoco lo han sabido hacer las personas vinculadas a esa secretaría, a las que he consultado, más allá de afirmar: “No se sabe nada, es una decisión del secretario y el documento en el que se contiene no ha sido facilitado y existe orden de que no se muestre”. Realmente me gustaría, por mi propia tranquilidad, conocer ese informe.

¿Ataque a la democracia?, por favor

Pensaba dedicar unas líneas a estas manifestaciones del entorno del PP pero he encontrado este escrito de Antonio Casado en El Confidencial que resumen de forma magistral lo mismo que pienso sobre este asunto. Aquí os lo dejo.

Como atentado a la democracia valora el PP las manifestaciones en memoria de las víctimas del Franquismo y de apoyo al juez Garzón. “Campaña brutal y antidemocrática”, dice Rajoy, el número uno del principal partido de la oposición. En la misma línea, la número dos, Dolores de Cospedal, va un paso más allá acusando al Gobierno de poner en riesgo la democracia. O sea, que además de considerar que las manifestaciones atacan a la democracia, acusa al Ejecutivo de organizarlas.

Nada hay tan democrático como el ejercicio del derecho de manifestación. Junto a los de expresión, reunión y asociación, son maneras genuinas de participar en los asuntos públicos. En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se excluye de esos ámbitos de participación la crítica a todos o cada uno de los tres poderes del Estado.

Presentada en Argentina una querella contra el franquismo

Inés Holgado García y Darío Rivas, familiares de víctimas y desaparecidos durante la dictadura de Francisco Franco. - REUTERS

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se investigue el «genocidio» y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.

La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que «víctimas de la dictadura franquista» se sumen paulatinamente a esta iniciativa.

Las vueltas de la historia

“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”
Antonio Machado

Imagen: AFP

Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.

En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente… en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.

An Injustice in Spain (Una injusticia en España)

Así titula The New York Times el alegato en defensa de Baltasar Garzón que publica hoy. En un duro editorial contra la causa abierta contra el magistrado, que califica de «políticamente motivada», el prestigioso diario afirma: «Los crímenes reales en este caso son las desapariciones [durante la guerra civil y la dictadura franquista], no la investigación de Garzón».

«España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla», afirma el periódico neoyorquino.

No se entiende

No, no se entiende. Fuera de España no se entiende qué pasa en España con el juez Baltasar Garzón. ¿A proceso por su intento de juzgar crímenes de lesa humanidad? ¿Lo castigan por su desvelamiento de la oscura trama de corrupción tejida por personalidades de un partido político? ¿Se judicializa la política española? ¿Se politiza la justicia española?.

Conocí al juez Garzón en 1997 cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado del Vaticano.

A Baltasar Garzón le estalla en la cara su ambición y soberbia

El ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera (Efe).

El juez Baltasar Garzón tiene un nuevo frente judicial que sumar a los que ya tiene abiertos. Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad con los gobiernos de Felipe González, anunció ayer a este diario su intención de querellarse contra el magistrado tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que considera que la “enemistad manifiesta” del juez Garzón hacia él debió llevarle a inhibirse de la investigación del “caso Marey”. Vera y el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, fueron condenados a diez años de prisión por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey por los GAL en 1983.

“La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirma lo que tantas veces dije, que el juez Baltasar Garzón actuó contra mí con absoluta falta de imparcialidad, movido por su enemistad personal, y que debía haberse inhibido de la investigación -dice Rafael Vera-. Volvió de la política al juzgado para vengarse de Felipe González porque no le concedió lo que él quería. Con este fallo tengo argumentos sólidos para presentar contra él una querella por prevaricación”.

Baltasar Garzón en el banquillo

El juez Baltasar Garzón ha defendido hoy su labor en la investigación de los crímenes del franquismo que le ha costado la imputación en un supuesto delito de prevaricación por la Sala Penal del Supremo, a instancias de dos asociaciones de talante ultraderechista y ha asegurado que actuó aplicando el Derecho «para investigar los hechos, depurar las responsabilidades y para la protección de las víctimas». Garzón ha declarado por espacio de más de tres horas ante el juez instructor del Supremo, Luciano Varela, y ha pasado una hora más corrigiendo el acta de declaración, tomada a mano, puesto que el Supremo no cuenta con grabadoras.

Garzón advierte al PP: «hablaré y a lo mejor hasta me dicen que me calle»

Garzón se encuentra en Guatemala participando en un seminario sobre justicia universal. Ulises Rodríguez (EFE)

GUATEMALA.-  Después de recibir numerosos ataques desde el principal partido de la oposición y de varios medios de comunicación, el juez Baltasar Garzón —de viaje en Guatamela— ha advertido que cuando regrese a España hablará, «y a lo mejor hasta me dicen que tenga que callarme». El magistrado cree que la investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial por sus cobros durante su estancia en EEUU «no tiene fundamento».

Garzón, que participó como ponente en un seminario internacional sobre justicia universal en Guatemala, tiene previsto ofrecer explicaciones a su regreso a España —que se producirá durante el día de hoy— sobre la investigación abierta en su contra en el Tribunal Supremo para determinar si recibió dinero por dictar conferencias durante una estancia sabática en Estados Unidos.

Baltasar Garzón: La trama de corrupción de Correa se gestó en la sede del PP en Madrid

Baltasar Garzón ha tirado de la manta y la nube de polvo cada vez cubre más capas del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional asegura que la organización dirigida por Francisco Correa, ya en prisión, «se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova».

Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación «Gürtel», al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events «en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política».

«Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto (en PDF)– Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban«.